El 1 de febrero de 2021 las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw) intervinieron militarmente el Gobierno bajo acusaciones de irregularidades electorales después de las elecciones de noviembre de 2020, que le habían dado la victoria al partido Liga Nacional para la Democracia (LND). Fueron arrestados el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, esta última un verdadero ícono democrático, en momentos en que Estados Unidos, desde principios de este siglo y más articuladamente desde la era Obama, ha invertido considerables recursos para sacar a Myanmar del radio de acción de China.
Golpe de Estado establecido en la Constitución
Legalmente es difícil determinar si efectivamente lo sucedido en Myanmar es un “golpe de Estado militar”, porque de hecho la operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas está contemplada y es de conformidad con el Artículo 417 de la Constitución1 de 2008, que prevé la posibilidad de declarar un “estado de emergencia” por un período de un año después de la coordinación entre la Oficina de la Presidencia y el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.
Reacciones desde Occidente
Desde el momento de la intervención de las Fuerzas Armadas las reacciones de Occidente no se han hecho esperar. Rápidamente el nuevo secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ordenó a los militares que revirtieran inmediatamente sus decisiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la intervención de la comunidad internacional para condenar la acción militar, señalando que “Estados Unidos ha eliminado las sanciones a Birmania en la última década basadas en el progreso hacia la democracia (…) la reversión de este progreso requiere una revisión inmediata de nuestras leyes y autoridades sancionadas, seguida de una acción apropiada”.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó lo que denominó “golpe de Estado”, evaluando “como un gran golpe a las reformas democráticas en el país”.
En el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, a través de su cuenta Twitter escribió: “Condeno el golpe de Estado y la detención ilegal de civiles, incluida Aung San Suu Kyi, en Myanmar”. Recientemente la enviada especial de la ONU a Birmania, Christine Schraner Burgener, condenó “enérgicamente” el 14 de marzo el derramamiento de sangre, mientras el Ejército hace caso omiso de los llamados por parte de los organismos internacionales al cese de la represión militar. Además exhortó a la comunidad internacional, incluidos los actores regionales, para que se solidaricen “con el pueblo birmano y sus aspiraciones democráticas”.
Llegada de las sanciones
Como suele suceder en estos caso, las sanciones ya están en camino y el Departamento del Tesoro inició con su imposición a dos miembros de la familia del actual comandante en jefe de Myanmar. Las nuevas medidas, establecidas por la administración Biden, se dirigen a los hijos del general del ejército Min Aung Hlaing y a seis de sus empresas. Las mismas se suman a una serie de restricciones a las exportaciones.
Después de Estados Unidos, incluso la Unión Europea (UE) suspendió las concesiones arancelarias a las importaciones de arroz desde Myanmar, en respuesta al golpe militar y a la escalada de violencia contra los manifestantes pacíficos. No obstante, Myanmar sigue disfrutando de un sistema especial arancelario con la UE, que se concreta en la aplicación del acuerdo EBA (everything but arms), que permite al país asiático exportar todo a Europa sin aranceles, excepto las armas.
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Transición democrática, transición neoliberal
Los gobiernos democráticos de Myanmar desde Thein Sein (2011-2016 Partido para la Unión, la solidaridad y el desarrollo, expresión política de las Fuerzas Armadas) hasta la administración de Win Myint (2018-2021 Liga Nacional Democrática), se caracterizaron por una penetración de empresas norteamericanas con una rápida proliferación de inversiones. Es necesario destacar el papel preponderante de la exconsejera de Estado Aung San Suu Kyi, como artífice en el establecimiento de relaciones estrechas entre Myanmar y Estados Unidos. Pero todo ello no fue producto de una causa fortuita, por el contrario, es bien sabido que los planes de expansión imperial se diseñan y planifican meticulosamente con muchos años de antelación y bajo el direccionamiento de equipos multidisciplinarios que no solo estudian las áreas económicas y los recursos, sino que también analizan los pueblos, sus costumbres y comportamientos. Con el sistema económico capitalista mundial en crisis, las empresas más poderosas del mundo buscan desesperadamente nuevos mercados y en este sentido Myanmar continúa a ser un plato fuerte para las corporaciones capitalistas. Por una parte, es un país altamente apetecible por su mano de obra joven y barata, además de tener un bajo nivel de calidad de vida, lo cual ofrece a las grandes empresas un enorme potencial de crecimiento con la consabida explotación de los trabajadores y trabajadoras y la apropiación de los recursos naturales del país hospedante.
Desde finales del 90 e inicios del 2000 en Myanmar se han fortalecido empresas como Coca-Cola, que ya tenían una fábrica que producía para el mercado local pero que va expandiéndose en el continente asiático. También entraron colosos como Master-Card, con el monopolio de tarjetas de crédito y débito para cajeros automáticos; General Electric, asentándose en el sector energético; ConocoPhillips y Chevron, con participaciones importantes en la exploración y desarrollo de petróleo y gas. Además de empresas tecnológicas como Phandeeyar, que cuenta entre sus patrocinadores y socios clave a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Departamento de Estado norteamericano y el Consejo Empresarial estadounidense.
De acuerdo al McKinsey Global Institute2, han estimado que la economía de Myanmar tiene el potencial de alcanzar los 200 mil millones de dólares en 2030. Es decir, es mucho lo que está en juego con una Junta Militar al gobierno, de allí los reiterados y desesperados llamados de “golpe de Estado” y “violación de Derechos Humanos” que si bien pueden ser ciertos, son expandidos por todo el orbe a través de las cajas de resonancia de las compañías mediáticas sin reflejar toda la serie de atropellos, el despojo de sus recursos y la descarada colonización que ha sufrido el pueblo birmano desde hace décadas.
ONG en ayuda
Con las empresas transnacionales y las grandes corporaciones entraron las ONG, que no pueden faltar si se trata de una transición hacia el neoliberalismo. George Soros llevaba ya mucho tiempo con los ojos puestos en Myanmar. De acuerdo al Informe del Grupo de Trabajo Independiente, patrocinado por el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, de fecha 2003 titulado “Burma”, se recomendaba al Gobierno “aumentar la cooperación de Estados Unidos con otros países, especialmente en Asia, para lograr una transformación política, económica y social de Birmania (Myanmar) que debería haberse producido hace tiempo”. Este grupo de trabajo incluía a George Soros, pero además a 21 miembros de diferentes organizaciones, corporaciones, instituciones y ONG, entre otras, a Human Rights Watch, Goldwyn International Strategies, New York Times, Open Society Institute y la Soros Foundations Network, Banco Mundial, Amnistía Internacional, ONG de refugiados y el National Democratic Institute for International Affairs, que continúan a trabajar en Myanmar . Este último documento demuestra la estrecha relación entre las ONG y el imperialismo norteamericano.
Leyes agrarias contra el pueblo
Entre 2012 y 2013 el Gobierno modificó las leyes sobre la tenencia de tierras, que facilitó a las autoridades gubernamentales el acaparamiento de terrenos fértiles. Para la población rural, conformada por agricultores y agricultoras, significó la pesadilla de ver cómo demolieron sus casas y cultivos de arroz para dar paso a proyectos de grandes empresas transnacionales. Aunado a ello cientos de trabajadores agrarios debieron hacer una solicitud de usufructo de los pocos terrenos libres, bajo pena de encarcelamiento (hasta dos años de prisión) si no la realizaban.
La nueva ley ignoró claramente los derechos de propiedad tradicionales de las minorías y no tuvo en cuenta el uso comunal de la tierra por parte de las numerosas etnias. Por otra parte, esta ley no tuvo en cuenta a los refugiados que, debido a su situación especial huyendo de la violencia étnica y religiosa, no pudieron registrar sus solicitudes, perdiendo con ello toda posibilidad de regresar a sus hogares. Una ley que abiertamente favorece el acceso y el uso de la tierra a los inversores privados, sobre todo extranjeros. De allí que la transición democrática sea sinónimo de neoliberalismo y a la vez una transformación de Myanmar en un país que refleje el consumismo, la cultura capitalista, además de todo el degrado de las sociedades divididas entre los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
(1) Constitución de Myanmar https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en
