El día de ayer, 10 de febrero, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de sanciones a los líderes del golpe de Estado perpetrado en Myanmar (Birmania), el 1 de febrero, las que se extienden a sus familiares.
A través de la prensa se ha conocido que la nación norteamericana ha congelado un total de mil millones de dólares de fondos birmanos que se encuentran en la banca estadounidense. Mientras que, conjuntamente con las Naciones Unidas, condenaron el uso de la fuerza por parte de las autoridades, y la Unión Europea (UE) amenazó con sanciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos está encabezando el movimiento de condena internacional contra el golpe de Estado en Myanmar y ha solicitado que el Ejército abandone el poder, libere a los civiles detenidos hasta la fecha, así como también el cese de la violencia y el restablecimiento de las telecomunicaciones.
El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió a la junta militar que su organismo podría sumarse a Estados Unidos e imponer nuevas sanciones a Myanmar. Sin embargo, Borrell precisó que cualquier medida que tome Bruselas debe tener como objetivo no afectar al pueblo birmano. En este marco, Nueva Zelanda fue el primer país que intentó aislar a la junta militar gobernante en Birmania, decidiendo cortar sus vínculos políticos y militares el 9 de febrero.
Protestas en Myanmar
A nivel nacional, en varias ciudades de Myanmar, siguen las protestas de la población contra el golpe de Estado. El 10 de febrero, decenas de miles de personas protestaron en Yangon, la mayor ciudad del país, por quinto día consecutivo, desafiando el toque de queda impuesto por la junta militar. La ley marcial está actualmente en vigor en varias zonas del territorio nacional, con la prohibición de reuniones de más de cinco personas y un toque de queda de 20:00 a 04:00 horas.
Yangon, la ciudad más populosa de Birmania, con más de cinco millones de habitantes, fue escenario de protestas masivas, pero no hubo informes de violencia allí ni en otras urbes. Al mismo tiempo, en la capital, Naypyitaw, cientos de funcionarios se manifestaron en las calles, sumándose a un movimiento de desobediencia civil iniciado por los empleados del sistema médico. En el estado de Kayah, un grupo de policías se unió a las protestas vistiendo uniformes y mostrando lemas que decían: “No queremos dictadura”.
Aunque las protestas del 10 de febrero han sido pacíficas hasta ahora, días antes se produjeron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en la capital y una mujer recibió un disparo en la cabeza por parte de los uniformados y corre peligro de muerte. Otras tres personas se encuentran hospitalizadas a consecuencia de las heridas infligidas por las balas de plástico disparadas por las autoridades. En Mandalay, la segunda ciudad del país, con 933 mil habitantes, las protestas del 9 de febrero también fueron violentas e incluyeron el uso de camiones lanza agua, así como detenciones.
Fraude electoral justifica golpe de Estado
El 1 de febrero, los militares de Myanmar tomaron el poder y declararon el estado de emergencia en el país durante un año, al término del cual se celebrarán elecciones, tras detener a la líder Aung San Suu Kyi y a otras figuras destacadas del gobierno civil, incluido el presidente Win Myint. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se transfirieron al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, y el general Myint Swe fue nombrado presidente interino.
El Ejército citó como motivo de sus acciones el supuesto fraude electoral en las elecciones del país del 8 de noviembre, que habían dado la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido gobernante, liderado por la presidenta saliente, Aung San Suu Kyi, con el 83% de los votos. Las Fuerzas Armadas dijeron entonces que, en virtud del Artículo 417 de la Constitución, el Ejército había tomado el control de Birmania para investigar un supuesto fraude, a pesar de que el Tribunal Supremo había declarado válido el resultado de las elecciones. Además de la dirección nacional, el Ejército también detuvo a múltiples políticos locales del partido LND, activistas y críticos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio.
