Por Claudia Espinoza
En medio del caos jurídico que ha generado el Gobierno transitorio en Bolivia, la mira internacional enfoca los Derechos Humanos como objeto de justicia. Decenas de familias sumergidas en la incertidumbre de estos nueve meses podrían encontrar en tribunales extranjeros una luz al final del túnel.
Así lo hacen saber las dos demandas presentadas ante la Organización de Naciones Unidas, específicamente en la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, las que se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas.
“A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad”, manifiesta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, que se constituyó en parte denunciante junto a otras organizaciones argentinas y bolivianas.
El CELS señala que, a pesar de que se destruyeron pruebas y se niega información a la Fiscalía sobre quiénes comandaron los operativos, de todos modos existe “evidencia enviada (a las Naciones Unidas) que da cuenta de que, tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”.
Acudir a instancias internacionales es una alternativa frente a la inacción del Estado boliviano que no impartió ninguna investigación ni sancionó responsables, coincide el especialista en Derechos Humanos Tomas Becker.
Becker participó en una investigación anterior sobre las mismas vulneraciones de derechos, en el contexto institucional de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Además el abogado es parte del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de 2003, que constituye un precedente en la materia.
De hecho, en 40 años de democracia, la masacre de 2003 es el primer caso de violencia grave y las masacres de noviembre de 2019 son los hitos que ocupan el segundo lugar. “Áñez no ha disparado a nadie pero está evitando su responsabilidad de investigar y castigar. Murillo y López también”, sostiene el abogado, quien con base en su experiencia, anticipa que las demandas pueden también ser acogidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional (CPI).
“La Corte Penal Internacional investiga y, cuando se justifica, juzga a las personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión”, destaca.
Estas demandas suman en lo relacional, no en lo aritmético, hechos que intranquilizan la memoria y el presente de las familias bolivianas. Junto a la imagen negativa de los uniformados, se activa la impunidad que indigna de grupos irregulares armados y racistas que fueron calificados de “paramilitares” y “parapoliciales” en informes de la Defensoría del Pueblo.
Otros reportes con similar carácter se encuentran en el Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard de Estados Unidos y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR).
Bolivia necesita una señal del mundo, el silencio solo contribuirá a asfixiar más la agonizante democracia boliviana. En cuestión de Derechos Humanos los organismos internacionales están llamados hoy a ser más que elegantes burocracias, constituyen una sombra en el caos abierto y despiadado.
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Claudia Espinoza Periodista
