Por Yoselina Guevara López
La política y la democracia últimamente están siendo duramente golpeadas por la pandemia que ha generado el enemigo invisible, Covid-19. Los estudiosos de la ciencia política, que han investigado nuevas fronteras en las medidas de control sobre las personas y las diferentes realidades sociales, no habían pensado que surgiría una gran crisis sanitaria a nivel mundial que brindaría la posibilidad de fortalecer inéditas formas de gobiernos autoritarios solapados, bajo una máscara legal de democracia, los cuales alegan insistentemente la protección de la vida y la seguridad de la colectividad. Sin duda, una de las formas que le permite al ciudadano ejercer sus derechos políticos y democráticos son las elecciones, a través de las cuales escogen a sus representantes a nivel gubernamental. Mecanismo de participación que se ha visto suspendido o postergado en diferentes países a causa del coronavirus.
En el continente europeo ya están siendo modificadas las leyes electorales y se aplazan distintos comicios. Por ejemplo, en Polonia, el partido gobernante Ley y Justicia (PIS) modificó la legislación en la materia, introduciendo, entre otras disposiciones, la posibilidad de permitir a las personas que dan positivo en las pruebas o en cuarentena, y a todos los mayores de 60 años, votar por correspondencia. Esto pareciera una decisión favorable para la población, pero de acuerdo a la denuncia de partidos de oposición y otras organizaciones civiles, le daría una amplia ventaja al oficialismo para ganar las elecciones, sobre todo mediante la movilización de los jóvenes. En Italia, por una decisión vía decreto emitido por el Consejo de Ministros, se aplazaron las elecciones regionales y municipales de mayo, las cuales posiblemente se lleven a cabo en septiembre.
Latinoamérica no escapa a las suspensiones y prórrogas electorales. Uno de los casos más emblemáticos es el de la consulta popular en Chile. El Parlamento allí decidió posponer el Referéndum Constitucional, inicialmente convocado para el 26 de abril, con el que los ciudadanos tendrían la posibilidad de elegir si se elabora una nueva Constitución y, en caso afirmativo, las modalidades de formación de una Asamblea Constituyente o no. Este plebiscito es aún más significativo por el hecho de que es el logro fehaciente y concreto de las protestas que desencadenadas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera y sus políticas neoliberales. Además que representa la posibilidad de la derogación de la actual Constitución, una nefasta herencia del régimen dictatorial y fascista de Augusto Pinochet. La nueva fecha prevista para la consulta popular sería el 25 de octubre, y la propia oposición está a favor de la recalendarización; el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que «la salud de los chilenos es nuestra prioridad. Nos enfrentamos a una crisis que requiere que actuemos responsablemente”. Pero aún no hay una certeza de la fecha en la cual se llevará a cabo la consulta, pues todo dependerá de la evolución del coronavirus en el país suramericano que ya cuenta con 12 mil 316 contagiados y 174 fallecidos. De lo que no hay duda es que Chile ha tomado un camino claro, en el esperanzador tránsito hacia las grandes alamedas.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
