Por Sharun Uttamchandani
Chile vive una inédita crisis política que ha despertado el interés de quienes pensaban que el modelo neoliberal estaba sellado con hierro. Un alza en el Metro –ya– más costoso de toda América Latina, produjo una serie de acciones colectivas directas que, de forma espontánea, se concertaron en lo que se ha identificado como el estallido social chileno. No es presunto, sino efectivo, que esta alza terminó por rajar una camisa de fuerza que abrochaba a una sociedad desigual, excluyente y frustrada. La masa se adueña de las calles y su principal consigna es: “¡No son 30 pesos, son 30 años!”. Y es que la mayor coincidencia es la voz que propone a Chile como un ejercicio de economía política que destaca (ya sea para visibilizar eventuales éxitos o eventuales fracasos) por ser un modelo que extremó el paradigma neoliberal, implementando la reforma de mercado más intensa del continente.
Junto a lo anterior, los chilenos entienden que es necesario cambiar la ruta, y que la condición necesaria para ello es la construcción de una nueva Constitución Política, que deje atrás todos los enclaves autoritarios de la tiranía pinochetista. Y claro, el pueblo chileno, sin armas, sin militares leales a la necesidad popular, y sin mayorías legislativas, pareciera estar entre la espada y la pared. Junto con ello, la actuación de partidos de derecha, centro e izquierda en la firma de un acuerdo que escribe las bases para el cambio constitucional ha polemizado sobre cuáles son las formas disponibles y posibles para suprimir la Constitución de Pinochet.
Al tiempo, el progresismo chileno se desvive en los debates más dinámicos de sus últimas décadas. La tradición política de la centro-izquierda chilena resurge para concertar a algunos partidos en la consecución de avances «en la medida de lo posible». Toda vez que lo posible es el límite impuesto por la derecha, cualquier cambio con este freno conservador amenaza con no ser un cambio. Así, la salida institucional a la crisis acordada por algunos partidos con representación legislativa ha sido el núcleo del debate político en la izquierda chilena. En este acuerdo, asisten dirigentes con diferentes aspiraciones: por un lado, los conservadores buscan retomar la normalidad y el orden público, fuertemente perturbado por incesantes manifestaciones; por otro, partidos con impulso progresista que parecen leer mejor que sus adversarios la demanda por cambios. Entre ambas posiciones, la síntesis política es el acuerdo. Mientras una izquierda persigue la transformación del aparato estatal, la derecha bloquea este impulso, cediendo hasta donde sea meritorio para retomar el orden social. ¿El resultado? La revolución «en la medida de lo posible».
«Los chilenos entienden que es necesario cambiar la ruta, y que la condición necesaria para ello es la construcción de una nueva Constitución Política, que deje atrás todos los enclaves autoritarios de la tiranía pinochetista»
Por otra parte, un flanco más intransigente recrimina al progresismo este acuerdo entre partidos por su naturaleza: un pacto entre partidos que no representan a la masa social que se congrega en las esquinas de Chile. Esta izquierda, que puebla partidos políticos y organizaciones sociales, eventual representante de asambleas y vocerías territoriales, rechaza el transar con los protagonistas de los 30 años del modelo, y exige la incorporación de las organizaciones vivas de la reivindicación social.
Todo acuerdo que no cumpla con las condiciones anteriores, claramente es un esfuerzo cupular para enfriar a la masa. Sin embargo, el abandono de las conversaciones y la autoexclusión de la mesa de diálogo de partidos de izquierdas que sí fueron parte de las conversaciones iniciales solo evidencia una incoherente debilidad en el objetivo de los partidos políticos que reclaman la representación de los populares. Si el partido es canal de representación de intereses y visiones políticas de la sociedad, se esperaría que los partidos de izquierda sean (o intenten ser) portavoces de las estructuras subalternas de la sociedad chilena. Pero no, la omisión de la izquierda más intransigente, esa que alardea la representación popular de las masas (vía gremios, centrales sindicales y movimientos sociales) solo contribuyó a apartar a la participación y decisión de las organizaciones sociales por ella representada.
El debate en la izquierda, entonces, solo refleja que el nuevo clivaje es qué tan purista somos. Y ha resuelto ser tan profundo como inútil. En política puede haber desgracias totales, pero difícilmente se encontrarán maravillas absolutas. Con ello, el acuerdo firmado, toda vez que posibilita eliminar totalmente una Constitución parida en dictadura y decidida por sus líderes, mediante (si así la masa votante lo quiere) una Asamblea Constituyente, abre desafíos importantes para las fuerzas progresistas. Estos desafíos son pertinentes solo si se observa el panorama político con sensatez. El acuerdo no es el paraíso para el pueblo chileno, y sigue exigiendo la unidad de la izquierda institucional para presionar por cláusulas que aseguren el acceso de la mujer, de los pueblos originarios y las masas populares a poblar una Asamblea Constituyente que dispute el poder político, económico y cultural que el neoliberalismo ha hegemonizado por tantos años de sufrimientos.
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Sharun Uttamchandani Analista político
