Por Ana Cristina Bracho.
El domingo 10 de noviembre de 2019, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales comunicó a la prensa su renuncia al cargo que desempeñaba, seguido en breve por Álvaro García Linera quien era el Vicepresidente de esa Nación. Desde entonces se manejan muchas categorías del derecho político, las primeras refieren que fue una renuncia, otras que fue un Golpe de Estado. En este caso, las palabras importan y vamos a intentar exponerlas.
Una renuncia es para los juristas el acto de “resignarse a algo de manera voluntaria o apartarse de una cosa que se posee o se puede llegar a conseguir, alejarse de algún proyecto, privarse de algo o de alguien” como en el trabajo, en la política, este debe ser un acto libre de coacción. En el caso de Evo Morales nosotros vemos cómo las horas previas fueron actos de intimidación y de coacción, como él lo expresó en su alocución y en los mensajes en redes sociales, donde afirmó que su decisión estaba motivada en su voluntad de evitar más violencia.
Una violencia que además ha estado centrada en la población indígena, en los líderes del MAS y en sus familiares. Podemos observar, por ejemplo, la práctica sistemática destruir las viviendas de las autoridades y cómo las condiciones que se dieron ocasionaron la renuncia de los Ministros, de las autoridades electorales, de los diputadosy senadores, de gobernadores y alcaldes así como de una parte del cuerpo diplomáticos.
Tomemos igualmente una definición básica de Golpe de Estado y veremos que este es “una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición.” Seguidamente, tomemos la prensa del día de ayer.
De donde podemos incorporar un titular de hace 18 horas –del 10 de noviembre- del Diario El Clarin según el cual “las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia a Evo Morales”, procediendo seguidamente el Presidente Evo Morales a hacerlo y a entrar los líderes del movimiento insurrecional al Palacio Quemado que es la sede de gobierno de Bolivia.
Es importante en esto que veamos el contexto, hipotéticamente la acción de protesta arrancó por un cuestionamiento sobre si la diferencia electoral con la que ganó Evo Morales las elecciones para Presidente del próximo período era suficiente o existiría alguna irregularidad en el contexto. Para verificarlo se produjeron una serie de auditorías que no habían concluido y que en su espera aumentó la presión sobre el gobierno incluyendo atentados directos a sus domicilios y familiares. Entre ellos, el frustrado asesinato de la hermana de Morales y la destrucción de su domicilio.
Por ende, existió un acto claro y violento de coacción. Los hechos por los que se cuestionaba la democracia en Bolivia correspondían a una autoridad distinta al Ejecutivo porque según su Constitución es el órgano electoral que es electo por el Poder Legislativo (artículo 158,4 de la Constitución boliviana) aunque ante él, por la Constitución, el Presidente tiene su representante.
Por ello, el eventual conflicto que se anunciaba era con el Tribunal Supremo Electoral y su vía de resolución debía ser la impugnación o el contencioso que según sus leyes y procedimientos anulara las elecciones en caso de haber alguna anomalía. Este fue siempre un supuesto negado, de allí que en las últimas semanas los alzados procedieran a quemar las sedes de este órgano donde reposaban las pruebas del proceso electoral. Para trascender este problema es que vimos una oferta presidencial de someterse a unas nuevas elecciones.
En evidencia, entonces, el ejercicio del presente mandato constitucional no era objeto de ningún cuestionamiento, Evo Morales era el presidente en funciones de Bolivia y el periodo que se discutía era el que iniciaría cuando corresponda asumir la presidencia para el nuevo período, lo que nos muestra una acción construida para justificarse ante los medios aunque ni política, ni jurídica ni históricamente pueda verse como ninguna otra cosa que un golpe de Estado de los que recurrentemente han comprado los Estados Unidos en la región, como lo denuncian importantes actores latinoamericanos e incluso algunos estadounidenses como Noam Chomsky.
Las horas que han seguido también confirman que se trata de un golpe de Estado, por la represión policial, la persecución de los líderes sin procedimiento legal alguno, la quema de los símbolos del Estado Plurinacional y el clima de terror que ha merecido la renuncia masiva de los senadores y diputados, así como el acompañamiento expreso de quienes buscan aventuras fuera de la legalidad en el continente americano.
