Por Orlenys Ortiz
Si ser mujer es un agravante para ser víctima de violencia digital; ser mujer y activista política de izquierda, es mucho peor.
Históricamente, la violencia se ha manifestado en múltiples formas, siendo la más popular la llamada violencia de género, ese conjunto de agresiones enfáticamente contra la mujer por el hecho de serlo.
En espacios laborales, e incluso familiares, la sociedad fue configurándose alrededor de prejuicios que no solo hipersexualizan a la mujer, sino que la asimilan como un ser inferior, “incapaz y sin derecho” a participar en ningún espacio de relevancia laboral o política.
Con la llegada avasallante de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y lo que conocemos como la Revolución Digital, las expresiones de violencia se han trasladado a un nuevo espacio: la web.
Se llega a pensar –erróneamente– que la violencia digital es una nueva forma de violencia, pero realmente es la misma violencia, ahora con una nueva vía para perpetrarse; donde la víctima corre un riesgo mayor debido al anonimato que el ámbito digital permite, en conjunto con la ausencia de leyes competentes para prevenir y sancionar lo que serían entonces delitos digitales.
Si bien se han multiplicado las oportunidades para la comunicación, la ruptura de fronteras y el acceso al conocimiento, también se han introducido nuevos riesgos y desafíos asociados a la digitalización. Uno de ellos es, precisamente, legislar.
Antes de hablar del agravante que significa ser activista político para ser víctimas de violencia en el entorno digital, es preciso responder cómo se define la violencia digital y cómo se expresa. En Venezuela, por ejemplo, esta definición no ha sido acuñada ni discutida por la sociedad ni por el Gobierno nacional, a pesar de que la mayoría de las víctimas son afines al oficialismo.
«El riesgo que corre la población al utilizar redes sociales es directamente proporcional a la penetración tecnológica»
En lo particular, podría definirla como el conjunto de acciones deliberadas directa o indirectamente, con identidad conocida o anónima, que producen o amenazan con producir daño a la integridad física o psicológica de una persona o un conjunto de personas, a través del uso de TIC, siendo su vía de mayor propagación las redes sociales, incluyendo los sistemas de mensajería.
Toda persona usuaria de redes sociales ha sido víctima de violencia digital o conoce a alguien que lo ha sido (especialmente si tiene una ideología política de izquierda), bien sea a través de ciberacoso, suplantación de identidad, difusión de información personal, trata digital de personas, extorsión y muy especialmente, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
El riesgo que corre la población al utilizar redes sociales es directamente proporcional a la penetración tecnológica.
En Venezuela, según cifras oficiales de Conatel, para el segundo trimestre de 2018 la penetración de internet (por cada 100 habitantes de más de 7 años) se ubicó en un 60%.
La violencia digital, en términos políticos, amplía el espectro de las víctimas, representando un obstáculo grave para un acceso efectivo a las TIC. Las candidaturas políticas o las personas activistas en general son foco de campañas de desprestigio, expresiones discriminatorias, manipulación de la información (montajes, fake news), el llamado Doxxeo (investigación de información privada) y amenazas directas, con el objetivo de hacerlas desistir de su activismo o más concretamente de una candidatura.
«En Venezuela, según cifras oficiales de Conatel, para el segundo trimestre de 2018 la penetración de internet (por cada 100 habitantes de más de 7 años) se ubicó en un 60%»
El nivel de violencia política digital registrado durante los procesos electorales ocurridos entre 2017 y 2018 ha sido considerado como sin precedentes en la región latinoamericana. La mayoría de los actos de agresión provienen del anonimato y, en muchos casos, han concluido en víctimas fatales, incluyendo suicidios tanto de hombres como de mujeres, por no soportar el nivel de acoso y exposición.
En Venezuela no se han registrado víctimas fatales como consecuencia de la violencia digital (lo que no necesariamente quiere decir que no existan), pero siendo un país foco mediático mundial, con una sociedad altamente polarizada en términos políticos y con importantes carencias legales en materia digital, diariamente se encuentran miles de expresiones neofascistas en las redes sociales, propinadas impunemente en su mayoría, por adeptos a la derecha radical contra personas chavistas o aquellas que parezcan serlo. En algunos casos se ha llegado a la agresión física después de la digital.
Estos elementos establecen conflictos entre el derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental establecido en Naciones Unidas, y el derecho a la protección de datos, la privacidad, la información veraz, la participación política y la vida libre de violencia.
Aunque en Venezuela existe un marco jurídico que promueve la participación política, generalmente las personas de izquierda que deciden contender por un cargo de elección popular enfrentan diversas formas de violencia política digital que las exponen, coartando sus derechos o incluso generándoles afectaciones psicoemocionales que las tientan a desistir de su activismo.
La información veraz es un derecho humano y como tal debe considerarse. Mientras no sea así, seguiremos atestiguando la comisión de múltiples delitos en el ámbito de la comunicación digital impunemente, incluyendo los cometidos por aquellos y aquellas que, enarbolando hipócritamente la bandera de la defensa de los DD.HH., violan nuestro derecho a la información veraz, emitiendo declaraciones irresponsables, sin rigor, censurando a las víctimas del fascismo y privándolas de justicia.
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Orlenys Ortiz Investigadora en Comunicación Política
