Por Ramiro Lizondo
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce varias formas de organización de la economía. Entre las cuatro existentes, y pueden ser muchas más si se mezclan y articulan entre sí, está la economía estatal. El nuevo modelo productivo, social y comunitario boliviano se explica en gran medida por la presencia del Estado en la economía. Principalmente en las áreas estratégicas que generan rentas y luego se redistribuyen. Pero además del reconocimiento de las diferentes formas que tiene la economía boliviana, la Constitución de 2009 reconoce como DD.HH. el acceso a los servicios básicos. Es decir, que el agua, la salud, la educación, la electricidad, la vivienda, el transporte, entre otros, deben ser facilitados en las mejores condiciones de acceso y precio a los ciudadanos.
El hecho de que el Estado Plurinacional provea esos servicios implica que los mismos no pueden ser considerados como negocios por parte de los privados y las transnacionales. En todo caso, supone que el Estado asumirá las inversiones necesarias y su administración eficiente con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad respecto de dichos servicios.
Esa participación activa del Estado es una de las explicaciones del crecimiento sostenido de la economía bajo el Gobierno de Evo Morales. La cobertura de todos esos servicios se ha incrementado, eso ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.
En una nueva etapa de su implementación y desarrollo debería lograrse una atención eficiente y de calidad en todos los casos. Muchos de estos servicios son competencias de los gobiernos subnacionales y su acceso se ve a veces obstaculizado por la falta de institucionalidad en los gobiernos municipales y departamentales. Asimismo, por razones políticas, algunos gobiernos subnacionales rechazan abiertamente trabajar con el gobierno nacional, o en otros casos, la corrupción ha paralizado la gestión y congelado las cuentas afectando el acceso a algunos de estos servicios para la comunidad.
La actual oposición política no tiene una propuesta de cómo mejorar el acceso o la calidad de los servicios garantizados como DD.HH. en una Constitución que ahora dicen reconocer y a la cual se opusieron ferozmente.
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Ramiro Lizondo Díaz Economista
