Por Cristian Jamett Pizarro
El fallo de La Haya, respecto a la no obligatoriedad de Chile para negociar de buena fe una salida soberana al mar, cerró una etapa judicial que intentaba generar condicionantes externos para que las partes pudieran encontrar mecanismos efectivos de negociación, considerando que las realizadas bilateralmente no fueron satisfactorias por más de un siglo. Etapa que se inició con la llegada de Evo Morales al gobierno el año 2006 y su llamada “diplomacia de los pueblos”, que podría caracterizarse por lo que Nye (2004/2010) denomina soft power en materia de política exterior, es decir, la capacidad de influir en la preferencias de los otros utilizando para ello resortes de carácter cultural, ideológicos o instituciones atractivas. Específicamente Nye lo define como “la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la coerción o de las recompensas” (Nye, 2010: 117).
El gobierno de Evo Morales utilizó su poder ético-político, simbólico y cultural para instalar de forma virtuosa su reivindicación en distintos foros e instancias regionales y mundiales durante la última década, como el caso de la OEA, la ONU, CELAC, UNASUR e incluso en la tramitación de la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, apelando para ello a conceptos como “integración Latinoamérica”, “Buen vivir/vivir bien”, “Solución pacífica de controversias”, entre otros (Correa y Vera, 2016:203). Logrando conquistar con éxito importantes apoyos de la sociedad de la sociedad civil y política global, siendo el vaticano un claro ejemplo de ello. Mientras que con Chile su política se caracterizó por la combinación de un soft power, orientada fundamentalmente a la sociedad civil más progresista y de izquierda, permitiendo con ello el apoyo de una serie de movimientos sociales y políticos chilenos. Pero también de una suerte de hard power en sus negociaciones con los sectores dominantes de la élite política y económica santiaguina, respecto a señalar posibles recompensas a cambio de una salida soberana al Mar.
En un contexto en que la política exterior chilena definida por los sectores dirigentes de la transición asumió un carácter profundamente elitista, centralista y defensivo en materia limítrofe, apelando al status quo y a lo pactado —como el caso de la defensa del acuerdo de 1904— permitiéndole lograr la no obligatoriedad de negociar, pero también reafirmar ese carácter defensivo-centralista que deposita en el otro la iniciativa política, sin mesurar el costo para sus regiones . Lo que explica el hecho de que Bolivia pudiera llevarlo a La Haya inmediatamente después de que Perú lo hiciera, determinando con ello su agenda internacional por más de una década.
Después del fallo de La Haya, Bolivia requerirá repensar su estrategia pudiendo insistir en un cierto hard power acumulado durante esta última década como consecuencia de su crecimiento económico sobre el 5%, la nacionalización de sus recursos naturales y sus alianzas internacionales. El propio presidente Evo Morales señaló después del fallo de La Haya que: “Ahora vamos a acelerar, con esta mala experiencia en la CIJ, el tren bioceánico. Salida hacia el Atlántico por puerto Santos y al Pacífico por puerto Ilo. Pero además vamos a acelerar, quiero que sepan, hermanas ya hermanos, ya estamos con proyectos avanzados para acelerar puerto Busch”. Puerto soberano que se encuentra en el río Paraguay en el departamento de Santa Cruz y que le permitiría una salida directa al océano atlántico sin depender de un puerto de reembarque, generando un flujo anual de US$ 380 millones, compensando las pérdidas por US$ 300 millones producidas por los más de 60 paros realizados en los puertos de chilenos en el periodo 2013-2017. Castigando con ello a los puertos del norte de Chile, que en caso de la región de Arica-Parinacota ingresan cerca del 80% de las importaciones bolivianas.
Hard power legítimo en el marco de un realismo político internacional, donde los actores se mueven en función de su interés estatales y ciudadanos en el plano internacional (Ortiz,2000/2011), pero con el riesgo de no considerar los apoyos logrados tanto en Chile como en el exterior mediante la utilización de un softpower por más de una década, cerrando con ello definitivamente cualquier posibilidad de generar las condiciones para una negociación efectiva en el mediano plazo, considerando que Bolivia posee una influencia geocultural sobre toda la región andina de la cual el norte de Chile es parte, ya sea en términos históricos, simbólicos, antropológicos, originarios, religiosos, artísticos, pero también a nivel académico e intelectual, recursos que no han sido lo suficientemente aprovechados como forma de influencia regional.
Los resultados de La Haya han sido interpretados como un triunfo de Chile, no obstante los afectados por esta política exterior elitista y conservadora no es solamente Bolivia, también puede llegar a serlo el norte de Chile, considerando que bajo un contexto centralista-unitario de su Estado las regiones son consideradas como provincias subalternas al centro, cuya función radica en ser zonas de sacrificio socio-ambientales producto de un tipo de desarrollo regional de carácter extractivista —nacional y transnacional— de sus recursos naturales. En la región de Tarapacá por ejemplo, y según los últimos resultados de la CASEN, el incremento de la pobreza aumentó de un 20,5% el año 2015 a un 24,9% el año 2017. Como dijera el alcalde de la ciudad de Iquique Mauricio Soria “el enemigo común de Chile, de Bolivia y de Sudamérica es la pobreza” lo cual es reafirmado en una línea similar por alcalde la ciudad de Arica Ernesto Espíndola quien inmediatamente después del fallo de La Haya señala que “nuestro enemigo no es Bolivia, nuestro enemigo es el centralismo”.
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Cristian Jamett Pizarro Sociólogo
