Por Tamara Núñez del Prado
Mucha gente me escribe a diario por varios temas (violencia contra la mujer, personas que quieren salir del closet, la niñez), pero hay uno recurrente y que en nuestra Constitución podemos considerar como un derecho fundamental.
¿Cuántas veces has visto que tu saldo fue comido por el uso de datos? El Estado reguló el precio y el cobro por segundos de las llamadas para que las empresas no abusen de la población, pero lamentablemente no regularon los datos. Quizás en ese momento las redes sociales y el uso de datos no eran un tema prioritario, pues no fueron tomados en cuenta dentro de la regulación estatal.
El derecho a la comunicación no sólo se está violando, como derecho fundamental, sino también los derechos de los usuarios y usuarias, quienes están protegidos tanto en la Constitución Política del Estado, como en la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores.
La portabilidad numérica es una buena política de protección de usuarios y usuarias, aunque debió entrar en vigencia el 27 de noviembre de 2017.
Varios nos sentimos vulnerados y robados por los constantes abusos de las empresas, quienes a veces devuelven el crédito cuando los amenazas con un ODECO a la ATT y otras veces ni siquiera recuperas tu saldo. Por esto, el Gobierno promovió el decreto supremo 2498, para que todos podamos migrar de empresa sin perder el número y estas estarían obligadas a cuidar a sus clientes y mantenerlos contentos.
Son numerosos los abusos por parte de las empresas de telecomunicación que brindan el servicio de telefonía celular, no sólo es el robo de tu crédito por el uso de datos, sino también por el uso de llamadas, por promociones que no se cumplen; al final, la empresa siempre encuentra la manera de cobrar más de la cuenta.
La portabilidad numérica es una buena política de protección de usuarios y usuarias, y aunque debió entrar en vigencia el 27 de noviembre de 2017, lamentablemente aún no se implementa. Espero que dentro de poco podamos migrar nuestros números a una compañía que nos trate mejor y no nos robe, y que las autoridades puedan hacer cumplir a las empresas el decreto supremo.
