Por Ariana Campero Nava
El Sistema Único de Salud (SUS) es frecuentemente llamado por privilegiados detractores “medida electoral”; en esta ocasión recuerdo que la salud universal y gratuita es un mandato constitucional. Hace ya 10 años, las y los bolivianos definimos en nuestra Carta Magna a la salud como un derecho fundamental; la “Agenda Patriótica 2025” proyecta a la Bolivia del bicentenario con salud para todos y fue refrendado por la población organizada, en el Encuentro por la Salud y la Vida el año 2018. El Gobierno cuenta con el “Plan de Desarrollo Económico y Social” y el “Plan sectorial de Salud”, instrumentos que trazan las metas y líneas principales para llegar al SUS.
El neoliberalismo nos heredó una pobre salud pública. Sólo existían cinco equipos de hemodiálisis, hoy tenemos una red de hemodiálisis con más de 247 equipos y gratuidad en la atención al enfermo renal; duplicamos el número de ítems en 13 años, ampliamos la infraestructura sanitaria, dotamos ambulancias; programas del Ministerio asignaron equipamiento médico; creamos los programas Mi Salud y Bono Juana Azurduy, que trabajan en 338 municipios y 25 comunidades indígena originaria; la tasa de mortalidad infantil descendió de 50 a 24 por mil nacidos vivos entre los años 2008 y el 2016; se redujo la prevalencia de desnutrición crónica y hoy contamos con un ambicioso plan de construcción de hospitales, que avanza a paso seguro.
Posiblemente esta información no se refleja en la satisfacción de los pacientes, porque aún en nuestro país existe un sistema de salud fragmentado, un Ministerio de Salud al que las autonomías en 10 años no permitieron ejercer su rectoría técnica al 100%; mas confiamos en que estos problemas estructurales se resolverán cumpliendo el plan sectorial e implementando gradualmente la salud gratuita y actualizando el marco normativo.
Cuando en un futuro veamos a los más desposeídos de la población acceder a la salud gratuita, felices diremos: ¡Fue una propuesta popular!
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Ariana Campero Nava Exminsitra de Salud.
