El sábado 24 de julio, en una operación que abiertamente viola las leyes tanto nacionales como internacionales, fueron apresados por la policía nacional de El Salvador, los miembros del partido político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), quienes habían ejercido cargos públicos: Salvador Sánchez Cerén (expresidente de El Salvador), Violeta Menjívar (exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador), Carlos Enríquez Cáceres (exministro de Hacienda), Calixto Mejía Hernández (exministro del Trabajo), Hugo Flores (ex viceministro de Agricultura y Ganadería) Erlinda Handal (ex viceministra de Tecnología).
Las órdenes de arresto fueron emitidas por el nuevo fiscal de la república Rodolfo Delgado, recientemente nombrado por el actual presidente Nayib Bukele. De acuerdo con declaraciones de Delgado, la investigación judicial denominada “Saqueo Público” arrojaría las pruebas de que el expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén, participó presuntamente en un desfalco de 351 millones de dólares, además de haber cobrado ilegalmente más de 530 mil dólares durante su etapa como vicepresidente de Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador entre 2009 y 2014. Sánchez Cerén acusó al Fiscal General de mentir, ya que todas las transferencias de dinero para gastos del Estado “fueron autorizadas por la Asamblea Legislativa”. Los demás exfuncionarios están siendo acusados de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y enriquecimiento ilícito.
Apoyo internacional
El fiscal, Rodolfo Delgado, añadió que necesitará ayuda internacional para localizar al expresidente: “pediremos a la Interpol una alerta roja para que active sus mecanismos de búsqueda contra Sánchez Cerén”. No obstante, a nivel internacional se han manifestado las muestras de apoyo y solidaridad para con el exmandatario salvadoreño. La cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que manifiestan su “solidaridad con el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y un grupo importante de exfuncionarios de su gobierno”. Así mismo, el documento señala “estamos ante un nuevo caso de lawfare, estrategia utilizada en años recientes por los grupos conservadores en el poder para intentar desmovilizar la organización y resistencia de los pueblos contra el neoliberalismo y demás formas de dominación”. Expresando el apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro al exmandatario salvadoreño, “uno de los más relevantes dirigentes en la historia política de la nación salvadoreña, miembro de la vanguardia revolucionaria del FMLN y luchador incansable por la paz y demandas populares de justicia social durante décadas”.
Comandante Leonel González
El expresidente Sánchez Cerén, estudió la carrera de educación en San Salvador, y se desempeñó como maestro de una zona rural en el pueblo de Tilapa en Huizúcar. En 1965, a los 21 años, se incorpora a la lucha sindical en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio (Andes). Finalmente, en 1972 se une al FMLN, siendo conocido como el Comandante Leonel González. Fue uno de los delegados por el frente para la firma de los acuerdos de paz. Como político ejerció el cargo de vicepresidente en 2009, también fue ministro de Educación y presidente de El Salvador entre los años 2014 hasta 2019.
Judicialización de la política y autoritarismo
Estas acciones arbitrarias y de ensañamiento contra los miembros del FMLN demuestran el carácter autoritario del actual presidente de El Salvador Nayib Bukele quien, tras haber obtenido la victoria en las últimas elecciones legislativas, dio un golpe institucional destituyendo al Fiscal General de la República y privando de su poder al Tribunal Constitucional. Evidentemente estamos asistiendo a un episodio de vulneración de la independencia recíproca entre los poderes del estado (ejecutivo y judicial); cuyas instituciones deben funcionar de autónoma y separada para poder garantizar la equidad de la justicia a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este es un paso esencial para la correcta aplicación de la ley, la independencia y autonomía entre el poder político y el judicial es una piedra angular del Estado de Derecho. Las acciones de Nayib Bukele y sus acólitos están haciendo emerger sus raíces profundamente autoritarias, característica de gobiernos de derecha.
En los últimos años ha proliferado en Latinoamérica la judicialización de la política. A los adversarios políticos se les somete a juicios que carecen de pruebas sustentables, los cuales después de largos y retardados procesos logran comprobar su inocencia. Al tener los gobernantes bajo su control a la jurisprudencia, se politiza a la justicia usando el sistema judicial para sus objetivos políticos personales. Prueba de ello han sido los procesos a expresidentes como Lula Da Silva y Cristina Kirchner, entre otros.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
