Aunque los mínimos civilizatorios burgueses, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, colapsan y se hunden, junto con la hegemonía norteamericana que los sustentaba en todo el mundo, en Perú donde siempre fueron particularmente débiles debido a sus históricas especificidades, ahora se muestran más inexistentes que en cualquier otra parte de la Región.
El epicentro de este colapso es el Congreso de la República que, según todas las encuestas públicas sin excepción, está hundido en un récord de descrédito, con alrededor del 90 % de rechazo de la población. El pasado 3 de diciembre, ese Congreso inhabilitó por diez años a la fiscal de la Nación Delia Espinoza y le levantó el fuero para procesarla penalmente. La votación ocurrió como fría venganza de los congresistas, afectados por las investigaciones impulsadas por esta fiscal, y que alcanzaban a varios de ellos involucrados en casos conocidos como “Mocha sueldos” y “Los niños”. También en pesquisas sensibles contra redes de poder político y jurídico. Y por la continuación de procesos que afectaban directamente a la exfiscal Patricia Benavides, figura arquetípica de abuso y corrupción. A ello se suma la resistencia de Espinoza a la Ley 32130, que le quita funciones de investigación a la fiscalía para dárselas a la Policía Nacional, que no por casualidad, es la segunda institución con más rechazo o desconfianza de la ciudadanía -tras el Congreso- con alrededor del 85% de rechazo.
Mientras, Betssy Chávez, exprimeraministra de Pedro Castillo, permanece asilada en la embajada de México en Lima, desde inicios de noviembre, con asilo político concedido por ese país. El gobierno de José Jerí -acusado de violación y de un asesinado en protestas en Lima- se niega a otorgar el salvoconducto y ha llevado el caso a la OEA buscando forzar una reinterpretación del derecho de asilo, que lo anule en la práctica. Figuras como la congresista Lady Camones y el propio presidente Jerí han planteado públicamente ingresar por la fuerza a la embajada de México para capturarla, violando cualquier asomo de legalidad internacional.
Betssy Chávez, es una de las condenadas el 27 de noviembre pasado por la Corte Suprema, a 11 años de cárcel, junto al ex presidente Pedro Castillo, condenado a 11 años también y al ex ministro Aníbal Torres, de 82 años de edad, condenado a 6 años y 8 meses de cárcel, por supuesto delito de rebelión, en un caso viciado desde su mismo inicio, cuando la policía -violando todas las normas del país- detuvo a Castillo siendo todavía presidente en funciones.
En tanto, Guillermo Bermejo, ex congresista y ex candidato de la izquierda, cumple más de un mes de prisión, por la impresentable condena a 15 años por supuesto terrorismo, basada en puros testimonios de dudosos delincuentes “colaboradores” y miembros de entidades anti terroristas, recurrentemente acusadas de violaciones a los derechos humanos, e incapaces de esgrimir la más elemental prueba material.
En las antípodas de este festival de abusos y persecuciones políticas, Keiko Fujimori, líder de las redes mafiosas en el gobierno, presenta su cuarta candidatura presidencial -tras sus derrotas en 2011, 2016 y 2021-, habilitada por la escandalosa decisión del Tribunal Constitucional que, con una ajustada mayoría, anuló el caso “cocteles” y ordenó archivar la investigación por lavado de activos y organización criminal, a pesar de las evidencias que ponen esos cocteles de campaña – que le permitían recaudar aportes por un millón de dólares en una jornada- por encima del milagro de multiplicación de panes y peces del mismísimo Jesús de Nazaret.
Es la misma Keiko Fujimori que intentó revertir la segunda vuelta de 2021 con una ofensiva para anular unos 200 mil votos mediante 802 actas cuestionadas y más de mil 300 recursos legales entre nulidades, impugnaciones y apelaciones que dilataron la proclamación del ganador Pedro Castillo, por 43 días después de la elección. Una de las demoras más largas de la historia del país. Incluyendo el escándalo de los jueces electorales (JNE), que le amplió excepcionalmente el plazo para recibir nulidades, violando la ley, y que solo ante la indignación pública y cuestionamientos jurídicos, dio marcha atrás el mismo día y dejó sin efecto ese cambio de las reglas de juego en pleno conteo. Los jueces, por supuesto, quedaron impunes. Igual que la propia Fujimori, a pesar de que, finalmente, los jurados electorales rechazaron el 100 % de las nulidades presentadas y las apelaciones, sin que se anulara ninguna mesa ni se alterara el resultado, aunque obstruyó indebidamente el proceso electoral e institucional del país.
Son numerosos y, peor aún, crecientes los casos que evidencian el festival de abusos e impunidad que hoy exhibe el Perú manifestado en dos movimientos opuestos, pero complementarios. En una versión pervertida de la imagen clásica de la justicia ciega y su balanza equilibrada, aquí una mano persigue, aplasta y anula -con una crueldad sin límites- a opositores, fiscales o figuras políticas incómodas para las mafias que operan desde los tres poderes del Estado. Mientras que la otra mano borra investigaciones, revisa sentencias o archiva causas que podrían afectar a esas mismas redes de poder, con un descaro igualmente ilimitado.
¿Será suficiente para parametrar el voto de la gente, burlar, una vez más su indignación y eternizar la podredumbre política e institucional? ¿O asomará porfiada la rebeldía electoral del pueblo peruano, eligiendo, otra vez, alguien ajeno e incómodo para las mafias dueñas del país? En abril próximo, lo sabremos.
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Ricardo Jiménez sociólogo, secretaría Perú conaicop
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