La República Bolivariana de Venezuela ha emitido una contundente respuesta a la cancillería de El Salvador, en el marco de lo que considera una aberración legal y moralmente inadmisible. La situación de los 252 migrantes venezolanos secuestrados por el régimen del denominado «Carnicero del Siglo XXI», Nayib Bukele, pone de manifiesto un escandaloso desprecio por los derechos humanos, así como una violación flagrante del derecho internacional.
Bukele ha argumentado, con arrogancia, que no liberará a estos ciudadanos. Sin embargo, su negativa no es solo un acto de arbitrariedad; es una confesión de crímenes que deben ser denunciados ante la Corte Penal Internacional. Este despreciable intento por justificar un canje entre seres humanos inocentes, condicional a la liberación de prisioneros venezolanos en nuestro país, refleja un nivel de deshumanización y totalitarismo que repugna la conciencia de cualquier persona. Venir a negociar vidas humanas como si fueran simples bienes intercambiables es una manifestación de lo peor del ser humano, y es absolutamente inaceptable.
La criminalización colectiva y la xenofobia institucional que perpetúa el gobierno de Nayib Bukele en connivencia con Estados Unidos es otra faceta de este vil espectáculo. Al vincular a los migrantes venezolanos, sin pruebas concretas, con organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, el régimen salvadoreño busca deslegitimar a personas que, en su mayoría, solo buscan un destino distinto.
Nayib Bukele ha cometido el error grotesco de prometer al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (el coyote mayor) la recepción de migrantes venezolanos en un pacto que se remonta al oscuro período de políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Este contubernio revela el grado de complicidad y corrupción que prevalece en las altas esferas del poder político, donde dos personajes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hacen llamados a la administración estadounidense para no negociar la deportación de venezolanos y en su lugar enviar a estos detenidos a un tercer país, en este caso El Salvador. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el beneficio para Machado y González Urrutia de los seis millones de dólares que pagará el gobierno de Trump por mantener «enjaulados» a nuestros compatriotas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)?
Los venezolanos en esta trágica situación están sujetos a una negación absoluta del derecho a la defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia. El régimen salvadoreño no garantiza información sobre los cargos imputados ni acceso a asistencia jurídica, lo cual es un hecho alarmante. La omisión de estos derechos fundamentales nos lleva a cuestionar la posición moral de un gobierno que actúa como un árbitro de la justicia mientras subyuga a personas inocentes.
La propuesta de canje, además de ser ilegal, es moralmente repugnante. Condicionar la liberación de individuos completamente ajenos a cualquier acusación seria a un «intercambio» por ciudadanos condenados en Venezuela es una estratagema que desafía toda lógica ética y legal. Lo que se está planteando aquí es un acto de barbarie, un irrespeto absoluto por la dignidad humana que debe ser repudiado y denunciado globalmente.
No podemos ignorar el hecho de que estos 252 venezolanos han sido objeto de un secuestro y traslado forzoso a un tercer país, sin orden judicial ni proceso legal alguno. Esta acción ejecutada por las autoridades de Estados Unidos es un absurdo que clama al cielo. Es un abuso de poder que merece ser juzgado y condenado. La conducta de Bukele y su gobierno resulta aún más grotesca cuando se recuerda que esta práctica fue también condenada por la misma Corte Suprema salvadoreña.
Por lo tanto, desde Venezuela exigimos, enérgicamente y con la fuerza de la razón, que se respeten los derechos fundamentales de todos los secuestrados. La liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos debe ser una prioridad no solo para El Salvador sino para la comunidad internacional.
Es un momento crucial para nuestra nación y para la humanidad en su conjunto. Lo que se está llevando a cabo en El Salvador no es simplemente un asunto bilateral; es una crisis humanitaria que exige atención y acción global. Es imperativo que la comunidad internacional responda. No se trata solo de vida y libertad de un grupo de venezolanos, sino de un principio fundamental de dignidad y respeto por todos los seres humanos.
La historia no olvidará fácilmente este capítulo de sufrimiento y violencia. La complicidad de gobiernos en la persecución, el secuestro y el traslado forzoso de personas inocentes será registrada y juzgada por las generaciones futuras. La valiente resistencia del pueblo venezolano ante estas atrocidades debe convertirse en un símbolo de esperanza y lucha contra la opresión en todas sus formas.
En conclusión, exigimos a las instancias internacionales y a los gobiernos democráticos del mundo que actúen con rapidez y determinación contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por Nayib Bukele, el Carnicero del Siglo XXI y su régimen. Los derechos humanos son inalienables, y ninguna persona debería ser víctima de la barbarie. La humanidad tiene la obligación de alzar la voz, y Venezuela se queda firme en su demanda por justicia y libertad.
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William Gómez García Venezolano, periodista
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