El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, asumió la presidencia de Venezuela en un contexto marcado por una profunda crisis económica y social. Sus promesas de cambio se desvanecieron rápidamente ante la realidad de un país que se tambaleaba al borde del colapso. La política económica que anunció no solo carecía de la sensibilidad social necesaria, sino que también marcó el inicio de un periodo de violencia, pobreza y sufrimiento que las generaciones futuras no olvidarían jamás.
Apenas dos semanas después de asumir el cargo, el 16 de febrero de 1989, Pérez dio a conocer un paquete de medidas conocido como el «paquete económico». Este conjunto de disposiciones fue el resultado directo de una carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un pacto que reconocía la caída de los precios del petróleo—la principal fuente de ingresos del país—y predecía un oscuro futuro de deuda e imposiciones financieras. La urgencia de estas acciones fue presentada como la única vía posible para lograr un equilibrio que ya se había vuelto apremiante, pero lo que siguió fue un descalabro social sin precedentes.
Las primeras medidas implementadas, que incluían el aumento de los precios de la gasolina, fueron un detonante inmediato de la ira popular. El pueblo venezolano, agobiado por años de inflación y miseria, no estaba dispuesto a aceptar más sacrificios. Las manifestaciones que estallaron a raíz del «sacudón» se convirtieron en un torrente de rabia colectiva.
Los sucesos del 27 de febrero de 1989, conocidos como el “Caracazo”, fueron una respuesta visceral a un gobierno que había declarado la guerra a su propio pueblo. En las calles, el clamor de miles de voces se convirtió en gritos de resistencia y desesperación; la represión violenta del gobierno dejó una estela de muerte y destrucción. Los informes hablan de cientos, incluso miles, de vidas humanas perdidas, un costo que parece insignificante para unos cuantos, pero que representó el grito ahogado de un país.
Durante su segundo mandato, que comenzó en 1994, Pérez continuó con la implementación de este «paquete» económico, una serie de políticas que desnudaron la profunda crisis que afectaba la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la sociedad. La privatización de empresas públicas se erigió como un pilar de su gestión, una estrategia que buscaba atraer capital extranjero a través de la entrega de los recursos nacionales a manos privadas, pero que, en la práctica, significó un asalto más a la dignidad de un pueblo cansado de sufrir. Los servicios básicos comenzaron a deteriorarse aún más conforme la lógica de la rentabilidad se impuso sobre el bienestar social.
Las críticas hacia este modelo fueron contundentes y abundantes. Se argumentó que el gobierno no presentó alternativas viables a los reajustes económicos que la situación exigía. El «paquete» era presentado como la única solución posible, mientras el clamor popular se convertía en un eco sordo ante las paredes del poder. Las medidas incluyeron un tipo de cambio único y flexible que llevó a una veloz dolarización de la economía, un intento desesperado por estabilizar una nación que se desmoronaba. Pero la dolarización solo trajo consigo una mayor desigualdad, un abismo que separó a quienes tenían acceso a bienes y servicios en divisas de aquellos que se quedaron anclados en la miseria.
La liberalización de las tasas de interés resultó ser un arma de doble filo: mientras algunos bancos florecían, millones de venezolanos se encontraban atrapados entre deudas impagables y la incapacidad de generar ingresos suficientes. La modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la política de aumentos progresivos en la gasolina y los servicios públicos, así como la drástica reducción del gasto público, consolidaron la idea de un estado que se desentendía de sus responsabilidades sociales, dejando a su población a merced de un mercado cada vez más implacable.
Cada medida adoptada por Pérez reflejaba una visión distorsionada de la economía, un enfoque que ignoró las necesidades básicas de la ciudadanía. El proceso de privatización, en lugar de ser un camino hacia el desarrollo, se transformó en un saqueo institucionalizado de los recursos del país. Las empresas e institutos del sector público, concebidos para servir al pueblo, fueron vendidos o cerrados sin consideración por el impacto social que esto acarrearía.
La violencia que estalló en ese periodo no solo fue la reacción a sus políticas económicas; fue una respuesta a la negación de la vida misma. Un grito desgarrador de un pueblo olvidado, empujado a la desesperación y la rabia. La represión militar, en lugar de calmar los ánimos, alimentó el ciclo de violencia y desconfianza hacia un gobierno que se creía imbatible. Así, las calles se convirtieron en campos de batalla, y cada enfrentamiento era un recordatorio brutal de que la política económica de Carlos Andrés Pérez, había cruzado todas las líneas dejando cicatrices imborrables en la historia del país.
El Caracazo, a 36 años de esa tragedia, conllevó a muerte y desolación. Se calcula entre 2 mil y 3 mil personas masacradas, muchos de ellos sepultadas en una fosa común, llamada la Peste. Hoy precisamente, uno de los que habla de dictadura al referirse al gobierno revolucionario y bolivariano, presidido por Nicolás Maduro Moros, es Henry Ramos Allup, uno de los autores intelectuales de esa masacre, cuando en nombre de la fracción de Acción Democrática, en el extinto Congreso Nacional, suspendió las garantías constitucionales, para que se procediera al más grande genocidio que ha ocurrido en Venezuela, y que mantendrá por la eternidad una gigantesca sombra negra sobre el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
En conclusión, el legado del paquete económico de Carlos Andrés Pérez es uno de dolor, sufrimiento y esperanza empañada. Las medidas adoptadas no solo fracasaron en restaurar el equilibrio económico solicitado, sino que causaron un daño social irreparable. De este modo, se hizo evidente que las decisiones tomadas desde el poder deben estar fundamentadas en la justicia social y el respeto por la dignidad humana, o de lo contrario, el costo será siempre demasiado alto. Venezuela, atrapada en un espiral de violencia y pobreza, se enfrentará a las consecuencias de haberse entregado a políticas que priorizaron los intereses ajenos por encima del bienestar de su pueblo.
__________________________
William Gómez García Venezolano, periodista
