La diplomacia es tan vieja como los conflictos entre los Estados y su utilidad a lo largo de la historia está más que demostrada porque, aunque no siempre ha evitado las grandes confrontaciones entre los pueblos, la mayoría de estas -sobre todo en estos tiempos modernos – finalmente han terminado en diálogos, negociaciones y acuerdos diplomáticos.
El centenario conflicto territorial que enfrentan hoy a la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por la propiedad del territorio Esequibo y sus aguas oceánicas es una herencia del conflicto anglo-español por el control de la América Meridional, sus mares, océanos e ínsulas cuya solución sólo puede ser posible mediante la negociación directa, con o sin buenos oficiantes porque a los incuestionables títulos histórico y jurídicos de Venezuela debe enfrentar la realidad histórica del nacimiento y expansión de una nación que «heredó» ilegítimamente una parte del territorio que ocupa pacífica, y de manera continua desde 1963, cuando se independizó del Reino Unido.
El mundo ha cambiado y seguirá acelerando el cambio en los tiempos próximos, por lo que el uso o la amenaza del uso de la fuerza para dirimir este tipo de conflicto por cualquiera de las partes involucradas – sea por fuerza propia o de terceros Estados – no será motivo de apoyo internacional, por muy justas y probadas que sean las fuentes de su pretensión.
De allí que, la iniciativa del primer ministro del Estado de San Vicente y las Granadinas y presidente pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, Ralph Gonzales, de invitar al presidente guayanés Idfaam Ali y, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para reunirse este jueves 14 de noviembre del presente año en la ciudad de Kingstown, para activar mecanismos diplomáticos que bajen las tensiones políticas y militares de los últimos días, es una medida correcta, oportuna y adecuada que no solo pudiera alcanzar ese importante objetivo sino que pueda abrir, en paralelo con las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia, C.I.J, acuerdos útiles para enlazarlas comisiones técnicas sobre el territorio Esequibo que existen en ambas Cancillerías, y de comunicaciones de seguridad entre los comandos de las fuerzas en el terreno de ambos Estados, que prevean y neutralicen cualquier hecho que afecte la necesaria distensión binacional.
Pero, más allá de estos posibles acuerdos diplomáticos, en términos jurídicos y políticos, ambos Jefes de Estados de Guyana y Venezuela, sería altamente productivo el que consideren solicitar, de manera conjunta – en el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966- cuya validez reconoce el ente judicial- que la C.I.J. suspenda el proceso adelantado para el mes de Abril de 2024, permitiendo que las partes concernidas en la controversia por el territorio de la Guayana Esequiba, reabran un proceso diplomático de negociaciones que permita una solución práctica que resuelva este contencioso, el cual podrá ser homologado por la Corte Internacional, evitando a futuro que otros actores de ambos Estados puedan desconocer este firme y definitivo acuerdo/sentencia judicial.
Aún la diplomacia tiene la palabra. Cerrarle el paso podría abrir otros indeseados caminos.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
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