Breve caracterización
Jujuy es una de las provincias de Argentina, de clima subtropical seco, situada al noroeste del país, en la región del Norte Argentino, que limita al oeste con Bolivia y Chile, y al este y sur con la provincia de Salta, que comparte similares problemas, muy afectada por la criminalización de la protesta social y actividades vinculadas al extractivismo.
En Jujuy se asienta la mayor concentración de población perteneciente a 12 pueblos originarios, fundamentalmente de pertenencia étnica quechua, que contiene abundantes recursos naturales de minería, entre ellos el litio, y la cuenca hidrográfica del río Grande de Jujuy, afluente del río Bermejo, que termina en el río Paraná, el cual alimenta el río de la Plata, que desemboca en el océano Atlántico.
La Constitución de la República Federal de Argentina reconoce la posesión de tenencia ancestral de la tierra, garantiza los derechos colectivos y el respeto e inviolabilidad de sus territorios.
La jura de la nueva carta magna provincial, que tuvo un debate exprés, cercena el derecho a la protesta, desató manifestaciones de trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios. El gobierno del radical gobernador Gerardo Morales respondió con una represión salvaje, que dejó al menos 170 heridos y 69 detenidos. Los operativos policiales incluyeron vehículos sin identificación y persecuciones selectivas en casas y barrios.
El gobierno de Jujuy, presidido por Morales, sometió a la Constitución a una reforma, sin haber implementado la participación de mencionados pueblos, vulnerando al parecer el derecho a la libertad de expresión, consagrada no solamente en la máxima norma constitucional, sino, además, en instrumentos internacionales como es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, de los Derechos Humanos, así como el mecanismo de la consulta previa contemplada en el Convenio 169 de la OIT, cuando se trata de la explotación de recursos naturales existentes en sus territorios.
Ergo, debemos manifestar que los cortes y movilizaciones continúan.
En contexto
Todo comenzó hace unas tres semanas con la inconsulta reforma constitucional que abre la vía para el extractivismo del litio y la afectación a una cuenca hídrica, muy importante para la vida comunitaria sustentada en el cuidado del agua como una fuente primordial para su desarrollo, mediante una visión diferente de sostenibilidad y sustentabilidad a la del gobierno de Jujuy.
El 20 de junio, que fue el día que la bandera de Jujuy se manchó de sangre, debido a una brutal y demencial represión por parte de la Policía Civil, a través de la infantería, que pretende criminalizar y callar las voces de protesta del sindicato de docentes de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, en donde reclaman el incremento salarial, como justa aspiración, ya que es uno de los más bajos de la República Federal de Argentina.
La nueva Constitución fue redactada, básicamente, para profundizar un modelo extractivista manteniendo disciplinada a la población, con criminalización de la protesta social.
Esta reforma constitucional deja la puerta abierta para la explotación del litio y el agua en los territorios de los pueblos originarios de Purmamarca, que demandan el respeto a sus territorios originarios y ancestrales, ya que ellos son los guardianes de la vida y conservación de los mismos. En su subsuelo se alojan importantes recursos naturales energéticos, en donde grupos de poder oligárquicos, articulados a transnacionales mineras, han fijado sus ojos en los abundantes yacimientos de litio existentes en la zona, así como en la mencionada cuenca hidrográfica del río Grande de Jujuy, que se convierten en afluente del río Bermejo y que alimenta el río Paraná.
Por lo tanto, si esa cuenca hidrográfica se contamina, tácitamente se pone en serio riesgo la vida de estos pueblos, porque el agua se contamina, lo que generaría la presencia de morbimortalidades en la niñez, infecciones respiratorias agudas, ya que deja de ser una fuente primordial para la sostenibilidad y soberanía de la vida de la Madre Tierra y los pueblos originarios.
En tres semanas de huelgas, de paros, de movilizaciones, por mejores salarios de los docentes, recuperación de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios, salpicadas de esa reforma constitucional, se ha evidenciado una represión estratégicamente calculada y planificada, con el único objetivo de disciplinar a pueblos movilizados en defensa de sus derechos fundamentales y humanos.
La gran estructura mediática corporativa no dice absolutamente nada al respecto, por el contrario, pretende invisibilizar estos nefastos acontecimientos que configuran flagrantes violaciones de los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el excesivo uso de la fuerza de la Policía Civil e Infantería, el uso de balas de goma y plomo, así como de granadas de gas lacrimógeno disparadas al cuerpo y cráneo de los manifestantes, que se presume estaban caducadas; hechos condenados, además, por otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como el Servicio de Paz y Justicia Serpaj e H.I.J.O.S. de Madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ya denunciaron las terribles violaciones de derechos cometidas durante la dictadura cívico-militar, de nefasta recordación en Argentina.
Cabe señalar que la reforma constitucional fue aprobada por 40 convencionales, y permitirá la explotación de los recursos naturales existentes en territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos originarios.
Los convencionales legislativos: 29 pertenecen al partido gobernante, 13 son peronistas y seis de la izquierda que se retiraron de la legislatura, porque no se permitió el debate correspondiente y participación de los pueblos originarios.
En esta reforma constitucional se afirma que no hubo el suficiente debate,como expresan dirigentes sindicales y de los pueblos, ya que se están volviendo a utilizar prácticas inherentes a las de la dictadura.
Jujuy es una provincia que está sitiada por 22 cortes de carreteras y autopistas federales. Un dirigente del sindicato de docentes manifestó que se han utilizado balas de goma y disparado granadas de gases lacrimógenos al cuerpo y cabeza, que ocasionó que una persona herida se encuentre en estado de coma, producto del impacto de una lata de gas lacrimógeno en su cráneo; similarmente, un adolescente de 17 años recibió un impacto con bala de goma, ocasionándole la pérdida de un glóbulo ocular.
Se ha denunciado que en esta represión calculada detectaron personas infiltradas, policías vestidos de civil y el reclutamiento de personas para cometer actos vandálicos, generar caos y desorden.
El extractivismo del litio está generando serios conflictos.
La población originaria denuncia que las empresas transnacionales están violando los derechos colectivos de sus pueblos. Con la explotación del litio se configuran tenaces escenarios que generarían contaminación de ríos, fuentes de agua; devastamiento de las montañas, que tácitamente dejarán como resultado polución, contaminación, tremendos impactos sociales, económicos, culturales, ecológicos y ambientales.
A propósito, cabe mencionar que se han generado detenciones arbitrarias, allanamiento de domicilios y se ha llevado a los detenidos a centros penitenciarios.
Denunciamos ante la comunidad internacional que se están violentando los Derechos Humanos de los pueblos originarios, que la fuerte represión desatada en contra de los docentes de Jujuy, trabajadores de la salud, vulnera los protocolos internacionales en materia de Derechos Humanos.
“Somos docentes, no somos delincuentes”; ” El Estado que debe defendernos, nos reprime y violas derechos”. “El espíritu de los docentes en huelga siempre ha estado matizado de marchas pacíficas, cantos y la respuesta ha sido una fuerte represión”.
Se prepara El Tercer Malón de la Paz de defensa de los derechos de los Pueblos Originarios, que llegará a Buenos Aires, que solicita para levantar los cortes, la libertad inmediata de todos los detenidos, la renuncia del gobernador Gerardo Morales y la derogatoria de la Constitución de tinte neofascista.
Por ahora la lucha sigue hasta la derogación de las reformas constitucionales que golpean a los pueblos originarios y exigen el respeto total e irrestricto a sus territorios originarios, sus culturas, cosmovisiones, saberes y oralidades.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor/a
Excelente análisis y denuncia Luis Ernesto.