El 7 de mayo de 1989 fueron las elecciones nacionales que luego dieron lugar a la coalición de Jaime Paz Zamora con el exdictador Hugo Banzer Suárez, constituyendo uno de los periodos impulsores de las privatizaciones. A 34 años de aquellos hechos los males de la privatización continúan.
Uno de esos males fue denunciado el pasado domingo 7 de mayo por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien cuestionó la Administración Privada de Fondos de Pensiones (AFP) al responder a la pregunta de un periodista respecto a la inversión mil 275 millones de dólares en el Banco Fassil. El ministro en cuestión señaló que las AFPs deberían responder sobre ese tema, en especial por la reciente inversión que una realizó en pleno periodo de crisis de ese banco.
Esa crítica permite desempolvar un tema que por años fue olvidado: Cómo se construyeron los negocios empresariales entre una de las transnacionales que se adjudicó parte de la administración de los fondos de pensiones con los grupos de poder económico locales en la era neoliberal.
Al respecto, una tesis doctoral de Rafael Archondo Quiroga detalla elementos que valen la pena traer a la coyuntura de salida de las AFPs de Bolivia.
En su tesis Archondo estudia el campo político-periodístico que Bolivia tiene, y como elemento de estudio el grupo Garafulic. En el texto describe a Raúl Garafulic (fundador del grupo empresarial) como un empresario minero vinculado a la dictadura de Banzer, a quien defendía en el escenario político. Garafulic se hizo de la primera red de televisión privada en el país: ATB. El año 1989 fue nombrado embajador de Bolivia en España, durante el gobierno de alianza de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer. Años después, cuando la llamada capitalización, apareció como socio de transnacionales españolas que fueron parte de las capitalizaciones.
En esa época los precursores de tales reformas planteaban que la mitad de las ganancias de las empresas capitalizadas debían incrementar fondos de jubilación, y que la privatización de los fondos de pensiones tenían que ser administradas por las llamadas AFPs. Una de ellas asumida por el Banco Bilbao Viscaya Argentaria BBVA, a través de AFP Previsión, en la que, según la investigación de Archondo, Garafulic aparecía como accionista minoritario del 3%.
Según la tesis, Garafulic aprovechó el poder mediático que construyó con la influencia que logró mediante la propiedad de medios de comunicación favorecida por el poder político de Banzer para llegar a ser accionista de una de las AFP, y posteriormente de otras empresas que fueron capitalizadas. También llegó a ser nombrado presidente de la AFP en la que era accionista, consiguiendo una “mirada privilegiada” de las inversiones y convirtiendo esa información en un insumo rentable.
Algunos escándalos entre las élites políticas mostraron en los años siguientes las propiedades de acciones en empresas que pertenecían al grupo Garafulic. Uno fue el caso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que se hizo visible por una pelea en 2003 entre Garafulic y Ernesto Asbún, quien fue testaferro de Garafulic en la compra de acciones de la empresa capitalizada LAB.
Garafulic llegó a constituir una red de medios como propietario o accionista en las redes de televisión RTP y ATB, los periódicos Extra, La Razón, El Nuevo Día. Fue dueño de concesiones mineras como Amayapampa, y empresas como Hilandería Santa Cruz, Telebingo y Telecel, entre otras. Tras su muerte, el grupo Garafulic heredó esas propiedades, algunas perdidas en procesos judiciales, como el caso de los periódicos, cuyo juicio contra un grupo transnacional de comunicación de España llamado Prisa, que a su vez era socio de Garafulic, les resultó desfavorable.
Todo esto nos viene a la memoria luego de escuchar la crítica a la riesgosa inversión que realizó una de las AFPs en el Banco Fassil, poco antes de su intervención (en cuyo directorio llegó a figurar el padre de Luis Fernando Camacho, como consta en las memorias del propio banco), y que se vuelve parte de las preocupaciones de los trabajadores en los debates sindicales. Reflejo de esto último fue que, el martes 9 de mayo, en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), realizado en Beni, se discutieron estos elementos y se sumó otro: El cuestionamiento al Proyecto de Ley para la modificación de la Ley de Pensiones, presentada por la bancada de Creemos.
En ese proyecto Creemos revive el modelo de Garafulic en el directorio de administración de AFP Previsión, pretendiendo que un representante de la Confederación de Empresarios Privados sea parte del Directorio de la Gestora Pública, situación que permitiría a grupos empresariales replicar lo que hizo Garafulic, accediendo a una mirada privilegiada para inversiones que podría beneficiar a determinados grupos empresariales.
Hasta ahora el movimiento de sabotaje contra el funcionamiento de la Gestora había promovido movilizaciones pidiendo el cierre de la entidad o la postergación de funcionamiento. Sin embargo, en la medida que se consolida su funcionamiento el pedido de actores de la derecha cambia, y busca que, paralelamente a la Gestora, exista una administración privada, que viene de la experiencia de la administración neoliberal de los fondos de pensiones.
Es notorio que la derecha vea los recursos de los trabajadores como bolsa de inversión para sus empresas familiares, en especial de la banca, y todo esto llega a ser cuestionado por los trabajadores que defienden una administración estatal y soberana de los fondos de pensiones frente a esas corrientes privatizadoras.
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Edmundo Juan Nogales Arancibia Boliviano, abogado
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