Confirmadas las excelentes relaciones políticas entre los gobiernos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, después de la importante reunión que se acaba de realizar en Caracas, de los Ministros de Defensa de ambos países. Con el declarado propósito de concretar los acuerdos suscritos entre ambas partes en materia de, seguridad, inteligencia e información, sobre la delicada situación fronteriza que tanto preocupa a los sectores económicos y sociales de la zona limítrofe, afectados por el crimen organizado, los delitos transfronterizos, el narcotráfico y las operaciones militares de los gobiernos contra las organizaciones insurgentes colombianas.
Al respecto, seguramente estuvo presente en esta reunión ministerial, el estado de desarrollo del «Plan de Paz Total» impulsado por el Presidente Petro, dirigido a erradicar la situación endémica de violencia militar, política y antisocial que ha vivido Colombia durante todos sus más de 200 años de vida republicana, especialmente después del asesinato del líder liberal socialista Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, y el desarrollo del conflicto social y armado interno generado por la injusticia social, la estrategia de Guerra interna del Estado, el levantamiento armado de movimientos de izquierda y la incorporación del narcoparamilitarismo como aliado no convencional del Estado colombiano.
En ese marco, abordar el tema venezolano de las llamadas organizaciones de «Terroristas armados narcotraficantes colombianos, conocidas como Tancol, (controversial denominación no compartida por Colombia ni ningún otro país), habría sido parte de la agenda por cuánto, en el año 2021, en tiempos del gobierno colombiano del Presidente Iván Duque, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, de Venezuela, lanzó operaciones militares conjuntas, denominadas «Escudo Bolivariano», contra presuntos acantonamientos de grupos armados del ELN, disidencias de las FARC-EP (Segunda Marquetalia), estructuras disidentes del Comando Central de las FARC, formaciones paramilitares transfronterizas, delincuencia organizada del contrabando y otras, en su frontera occidental limítrofe con Colombia, las cuales arrojaron un importante número de bajas y heridos de las fuerzas militares venezolanas y de los grupos armados colombianos, la destrucción de presuntos campamentos y de laboratorios fabricantes de cocaína y, el desplazamiento forzado, desde el municipio La Victoria del Estado Apure hacia la población vecina de Arauquita, del Departamento colombiano del Arauca; en momentos de una elevada tensión en las relaciones políticas y de seguridad entre ambos gobiernos por la política injerencista del gobierno colombiano identificada con la estrategia desestabilizadora desarrollada por el gobierno imperialista de Estados Unidos contra el gobierno del Presidente Maduro y la Revolución Bolivariana.
En ese contexto la reunión entre los ministros Padrino López y Velásquez debió servir para que ambas partes expusieron sus visiones y propuestas sobre el tema del tratamiento político de la disidencia armada de las FARC-EP y las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros factores vinculados a la violencia colombiana, con vista al desarrollo del proceso de diálogo y negociaciones que se viene realizando con todas expresiones disidentes con los Acuerdos de Paz de La Habana, suscritos en 2016, por el gobierno de Presidente Juan Manuel Santos y del sector de las FARC-EP, comandadas por Rodrigo Londoño, también conocido como «Timochenko», hoy incorporado a la lucha política legal.
En relación con este sector disidente de la insurgencia armada colombiana, la posición de Venezuela como parte garante del actual proceso de paz, no deja de tener ciertas complejidades porque, además de ser garante del proceso de diálogo colombiano, su territorio ha sido escenario de infiltraciones, choques armados y otras actividades ilegales con grupos armados colombianos, a quienes el gobierno del presidente Maduro etiquetó – erróneamente desde mi punto de vista – junto con los grupos narcoparamilitares y de otras actividades criminales fronterizas, con la denominación de Tancol.
Los importantes cambios políticos que se vienen produciendo en Colombia aconsejan hoy, del lado occidental del Río Arauca, cambios en la visión y el tratamiento de las relaciones con actores y factores que inciden en la materia de seguridad venezolana y, en particular, con las aún activas organizaciones insurgentes antioligárquicas y anticapitalista que, siendo reconocidas por el gobierno de Colombia como organizaciones políticas legítimas de un conflicto armado interno, han demostrado su voluntad de Paz y de inserción en el difícil espacio democrático colombiano, deberían ser tratadas con respeto y recibir las seguridades necesarias en el marco de los acuerdos que se vayan produciendo en las Mesas de Diálogos y Negociación para que su contribución efectiva a la «Paz Total» en Colombia, deje de ser solo una política del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, y se convierta en un propósito de toda la hermana Nación de Jorge Eliécer Gaitán y Camilo Torres.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
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