La Corte Constitucional del Ecuador es el máximo juez en materia constitucional y emitió su pronunciamiento y admisibilidad para el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, precedido por un sendo informe con decenas de numerales, que encuentran el sustento constitucional para el mencionado juicio.
El juicio político va más allá de las causales, existe el suficiente sustento y argumentación de este. ¿Acaso Ecuador no cerró el año 2022 con su peor registro de violencia criminal?
En el país se reportaron cuatro mil 603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes. El crecimiento es exponencial, puesto que en 2021 la tasa oficial fue de 13.7 muertes, es decir, en un año el incremento fue de 82.5%. Demicidios, transfemicidios, recurrente inseguridad, violencia, caída del empleo, masacres carcelarias, criminalización de la protesta social, reactivación de la persecución política o lawfare y fake news, así como la carencia total de políticas públicas.
Al parecer la burbuja y narrativa mediática presidencial se ha instalado en la Asamblea Nacional, según denuncias de algunos medios de comunicación alternativos, a fin de frenar este proceso que tiene netamente una finalidad política, más no en materia específica jurisdiccional que es de carácter penal.
Empero, un refrán muy popular expresa que cuando el río suena no solamente piedras y abundantes sedimentos trae, es decir, han circulado rumores que asambleístas vinculados al régimen se han convertido en operadores políticos para cooptar, subvertir e inclinar el voto en contra de la censura y destitución al presidente Lasso, a cambio de prebendas, carteras ministeriales así como representaciones diplomáticas.
No extraña que el mismo Presidente, en un afán desesperado y de conformidad a declaraciones en un medio de prensa norteamericano, haya manifestado que aplicará la muerte cruzada, que es un Derecho Constitucional, pero es importante mencionar que no existen las causales para proceder a la muerte cruzada, ya que Asamblea Nacional no ha boicoteado la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, se han aprobado los proyectos enviados por el Presidente y otros han entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. Tampoco existe arrogación de funciones de las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, ni estado de conmoción nacional.
Por lo tanto, al estar en curso o trámite un proceso de juicio político, en la arena política de Asamblea Nacional, es completamente abstraída de los cabellos y muy apresurada la decisión que además se convierte en una amenaza al primer Poder del Estado ecuatoriano, como es la Asamblea Nacional.
Han brotado un sinnúmero de expertos constitucionalistas que pretenden confundir y distraer a la ciudadanía, igualmente un gran entramado de medios de comunicación y determinados periodistas que pautan propaganda para difundir fake news gubernamentales.
No hay dónde perderse. El juicio político no requiere dictamen previo de la función jurisdiccional, a pesar de la presunción de indicios penales de peculado o enriquecimiento ilícito, que constan en la admisibilidad de Corte Constitucional.
A propósito, la presencia del Contralor General del Estado en la Comisión de Fiscalización y Control Constitucional no cambia y desvirtúa el dictamen de admisibilidad de Juicio Político de la Corte Constitucional
El juicio político se expresa en un clima social que ha activado el descontento social destituyente, es decir, existe una total pérdida de credibilidad de la ciudadanía, expresada en encuestas e indicadores que sobrepasan el 70%, realizadas por organizaciones muy serias que, además, demandan la destitución del Presidente y la convocatoria a elecciones urgentes.
Hay una enorme crisis que viene roturando los derechos sociales, económicos, culturales y políticos del pueblo ecuatoriano, la que no puede ocultarse bajo la alfombra roja del Palacio Presidencial utilizada en actividades y eventos protocolarios oficiales.
Es competencia de Asamblea Nacional fiscalizar, determinar y resolver la responsabilidad política presidencial, mas no si hubo una conducta inadecuada, irregularidades en la presunción de peculado, competencia exclusiva del ámbito jurisdiccional penal.
La enorme ola de inseguridad y violencia imperantes en el país ya ha levantado voces de defensores que fungen de periodistas, cuando son operadores políticos con evidente alineación al régimen. Se comportan como corifeos y ya piden a gritos el retorno de la base norteamericana de Manta, como si el gobierno federal norteamericano fuera el salvador de todos los males que han brotado en el Ecuador como consecuencia de dos regímenes de neoliberalismo autoritario (Moreno antes y Lasso actualmente), que han sumido estratégicamente en la desinstitucionalización al Ecuador, que vienen cumpliendo a rajatabla una agenda neoliberal del capital rentista y especulativo y de un sistema financiero que lava miles de millones de dólares provenientes de actividades ilícitas y del narcotráfico.
Ecuador está atrapado por los Estados Unidos y cumple a rajatabla la agenda y manual de sometimiento a su decadente colonialidad política e ideológica, con recurrente presencia de la comandante Laura Richardson en la región latinoamericana. Geopolíticamente es un país estratégico para dar continuidad a la injerencia y asedio, sobre todo hoy que los Brics configuran y consolidan un nuevo orden multipolar, multicéntrico; concomitante, el objetivo y fin en mente es boicotear la mayor presencia de China y Rusia en la Región. En el caso específico de China, existen fuertes inversiones en grandes megaproyectos hidroeléctricos, energéticos, de infraestructura vial, de puertos, tecnológicos, e impulso de nuevas energías alternativas al calentamiento global, es decir, de energías limpias, amigables con los ecosistemas y ambiente. Sin perder el punto de vista geoeconómico y estratégico para seguir torpedeando la segunda oleada progresista latinoamericana.
La guerra híbrida, cognitiva, comunicacional, massmediática, del big data, dictadura del algoritmo, de las redes sociales y la presencia de una enorme telaraña de oenegenismo diverso que ha asumido la plataforma de reivindicaciones de las clases subalternas y del tejido social cumple una función estratégicamente alineada a los intereses lobistas del imperialismo norteamericano e internacional.
Todo ello es orquestado y dirigido por los tanques de pensamiento norteamericanos y financiado por sus agencias, en donde el régimen neoliberal cumple al pie de la letra con sus operadores políticos enquistados en el Estado desinstitucionalizado.
Hoy el régimen, que abunda en hartazgo del tejido social, incluye en su cartera ministerial de la Seguridad a dos exgenerales del Ejército, retirados hace muchos años.
Este cambio en las autoridades de seguridad en el Ecuador, con generales contradictores al progresismo, asume una tarea en un régimen caído. Cabe mencionar que un plan de seguridad no se lo construye de la noche a la mañana. Ello desnuda que no existe política pública de seguridad.
Presumimos que se evidencia la implementación de un régimen de corte policial-militar, a fin de contener la movilización popular. Militarizar el país no es la solución a la inseguridad y violencia imperante. Por lo tanto, el Ecuador al estar en la arena y ajedrez político y geopolítico, e intereses del gobierno federal estadounidense, es clave y estratégico.
Mientras tanto, el juicio político está en la cancha de la Asamblea Nacional, más allá de los cálculos político-electorales de las diferentes organizaciones políticas. El pueblo se mantiene en expectativa, que si los resultados son adversos es inevitable e impredecible un estallido social de consecuencias no determinadas, que pueden confluir en una escalada represiva por parte de la Policía y Fuerzas Armadas como pretexto para combatir al enemigo interno delincuencial, con un tufo letal de libre portabilidad y tenencia de armas que ya ha sido demandado por la inconstitucionalidad del decreto presidencial y el acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa, porque vulneran derechos constitucionales, petición absolutamente muy clara en derecho.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
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