Una de las improntas medulares que caracteriza y desnuda al neoliberalismo de tinte autoritario es la libre portabilidad y tenencia de armas, que se convierte en una gran amenaza para el pleno disfrute de los Derechos Humanos, en donde la vida el primer bien público se pone en riesgo, así como la paz.
La disuasión es la nueva estrategia de intervención de los Estados Unidos en la región latinoamericana y, más aún, en el caso concreto del Ecuador, en donde hay un claro interés geopolítico del gobierno federal estadounidense, favorecido por la tremenda ola de inseguridad y violencia que erosiona al país, otrora con altos indicadores de desarrollo humano, socioeconómico, cultural y político, sumada una gran infraestructura vial, hoy completamente en deterioro por carencia total de mantenimiento y políticas públicas.
En auge el ciberespionaje controlado por el Pentágono, cualquier autoridad de ese país podrá acceder a contenido digital almacenado en el Ecuador. Allá se encuentran alojadas las plataformas de Google, Microsoft, por mencionar algunas.
Es importante decir que la economía del siglo XXI es de los datos, predominio del big data, así como del algoritmo.
Empero, hay una gran agenda mediática que disemina e irradia distractores, que cumple un objetivo estratégico para anestesiar al pueblo mediante relatos descontextualizados de la realidad.
Ha retornado a la arena sociopolítica el debate por el decreto presidencial de la libre portabilidad de armas.
Las corporaciones comunicacionales fácticas en el ámbito internacional vienen difundiendo el libreto de que se está fraguando un golpe de Estado parlamentario; nada más absurdo, ya que la Constitución contempla el juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República.
Alguna vez Mahatma Gandhi dijo: “Ojo por ojo y el mundo terminará ciego”.
En la región de Latinoamérica y del Caribe abundan los datos e indicadores, los estudios y análisis provenientes de la academia, que evidencian cómo los países con libre portabilidad han aumentado e incrementado la violencia hacia las mujeres, a las denominadas minorías étnico-culturales y diversidades sexo genéricas, a activistas, defensores/as de los Derechos Humanos, luchadores sociales, líderes/as del tejido sociocultural, concomitante a los provenientes de los pueblos originarios y afrodescendientes, defensores de la naturaleza y opositores/as a los grandes proyectos extractivistas de minería metálica y no metálica.
Empero, la vía y hoja de ruta para el surgimiento de los femicidios, transfemicidios y proliferación del mercado de armas lícito e ilícito está en la portabilidad de armas.
Por cierto, los complejos militares y productores de armas, que tienen activados conflictos en toda la aldea global, son los más interesados en mantener en auge este mercado de la muerte y desgrane de los Derechos Humanos.
América Latina y el Caribe, considerada una región de paz, cada vez más están siendo penetrada por esta libre portabilidad, que se convierte en caldo de cultivo para la proliferación de las escuelas de sicariato, paramilitarismo, como lamentablemente acontece en el Ecuador, debido a la presencia, en casi seis años, de dos regímenes de tinte neoliberal represivo que han priorizado la concentración de la riqueza en pocas manos, la desinstitucionalización estratégica del Estado, el encarecimiento y disminución presupuestaria en salud, educación, sector social, caída del empleo, incremento de la inseguridad y tácitamente de la violencia. Es decir, hay una ausencia del Estado de Bienestar de la ciudadanía, abandono de las políticas públicas y libre albedrío de la delincuencia organizada, que ha rebasado a la fuerza pública y al Estado que constitucionalmente, debe ejercer el monopolio de la fuerza, a fin de garantizar la seguridad ciudadana.
En el andarivel del juicio político al presidente Guillermo Lasso, en sucesivas cadenas nacionales viene manifestando que es objeto de una persecución política que pretende desestabilizar la democracia en el país, cuando es bien conocido que la Constitución contempla la facultad de fiscalización y legislación a la Asamblea Nacional del Ecuador, que previamente Corte Constitucional admitió el referido juicio político.
Lasso ha acudido a la utilización estratégica del libreto de la desestabilización política; nada más ilógico, ya que el juicio político está plenamente garantizado constitucionalmente.
De tal manera, que cualquier trino en la comunidad internacional no significa inmunidad, tampoco impunidad.
Al parecer, pretende maquillar la nefasta realidad con una burbuja de distractores que evidencian un ataque virulento a opositores políticos.
Ahora resulta que la culpa la tiene el pueblo que demanda el cumplimiento de las ofertas de campaña electoral, que exige justicia social, seguridad, que es erosionado por diferentes tipos de pobreza multidimensional y que, para colmo, echa mano a la libre portabilidad de armas. Significando la profundización de la violencia.
Han retornado nuevamente los amotinamientos en centros de privación de la libertad, asesinatos violentos, mientras las presunciones de corrupción deambulan y merodean al entorno presidencial, su cuñado y el tufo mortal del narcotráfico albanés que salpica a Carondelet.
Mientras tanto, en la línea de sucesión constitucional, si es censurado y destituido el presidente Lasso le corresponderá al Vicepresidente asumir la Presidencia de la República del Ecuador.
Por ahora ya se han presentado algunas acciones de amparo constitucional frente al Decreto Ejecutivo de la libre portabilidad y tenencia de armas.
Existe rechazo e indignación de algunas universidades, sectores académicos, intelectuales, de la cultura, gremiales, organizaciones de los pueblos originarios, que repudian este nefasto procedimiento que va a terminar erosionando los Derechos Humanos del pueblo ecuatoriano.
En el primer trimestre de 2023 el régimen no ha ejecutado el presupuesto en salud, educación, seguridad social y obras públicas, evidenciando subejecución.
El porte de armas se ha convertido en el gran distractor, frente a le deficiente ejecución presupuestaria.
Ergo, el juicio político y muerte cruzada, que también es una salida democrática, constitucional, flota en la Asamblea Nacional y en el Despacho Presidencial.
El pueblo ecuatoriano exige justicia social con ejercicio de Derechos Humanos; más libros, más libres.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor/a
La primacía del ser humano sobre el Capital y el mercado en función del ser humano