El pleno de la Corte Constitucional del Ecuador dio luz verde o admisibilidad para la realización del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, presentado por la Asamblea Nacional (AN), primer poder del Estado, que tiene las funciones de Legislación y Fiscalización.
De conformidad a la Constitución, Artículo 129, Numeral 2, y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con seis votos a favor del juicio político y tres en contra de nueve consejeros/as, este fue aprobado la noche del 29 de marzo y deberá retornar a la AN, a fin de continuar con el proceso de mencionado juicio político. Previamente será analizado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, aunque es importante mencionar que las resoluciones de la Comisión de Fiscalización no tienen ningún carácter vinculante.
Posteriormente, el informe se remitirá al conocimiento del presidente de la AN, quien deberá convocar a una sesión del pleno Legislativo y proceder con el juicio político, escuchando a los/as asambleístas ponentes, en donde se plantearán la moción de censura y destitución del Presidente.
En efecto, el pleno de la Corte sesionó de manera extraordinaria desde las 20:00 hrs. de este miércoles 29 de marzo. Los nueve magistrados analizaron el proyecto de dictamen elaborado por los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada.
Votaron a favor los jueces Alí Lozada Prado, presidente; Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Ricardo Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín,
Dieron sus votos en contra los magistrados Carmen Corral Ponce, vicepresidenta; Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez.
Así la Corte Constitucional desechó la acusación de concusión por no cumplir el pedido relacionado con el Artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El juicio político fue presentado por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). La acusación establecida por el presunto delito de peculado tiene relación con el caso Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec EP y la contratación de buques para el transporte de petróleo.
Para conseguir la censura o destitución se requieren 92 votos favorables de 137 asambleístas, es decir, las dos terceras partes del pleno Legislativo, como determina Constitución y Ley Orgánica Legislativa.
Es importante recordar que el informe para el juicio político tuvo el respaldo de 104 asambleístas. Ahora es fundamental contar con los votos requeridos a fin de dar cumplimiento a este derecho constitucional, completamente democrático, que para nada pretende desestabilizar al país o la democracia, como ha difundido la narrativa mediática así como constitucionalistas con inclinación política favorable a los intereses específicos presidenciables.
En una afrenta y vergüenza para el pueblo ecuatoriano, en contexto de la 28 Cumbre Iberoamericana, que se realizó en República Dominicana 24 y 25 de marzo, el presidente Lasso realizó un sendo discurso denunciando en el seno de aquel Foro, y ante la comunidad internacional, que fuerzas antagónicas, beligerantes y antidemocráticas pretenden desestabilizar la democracia en el Ecuador.
Nada más absurdo e ilógico cuando, en menos de dos años, el Ecuador viene siendo devastado en sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos, una enorme ola de inseguridad y violencia, desinstitucionalización del aparato público, empresas públicas estratégicas, entre ellas las energéticas como petróleo, telecomunicaciones, hidroeléctricas, caída del empleo, desinversión y disminución presupuestaria en todo el sistema de salud pública, carencia de medicinas, insumos y profesionales de salud, educación, caída del sistema de seguridad social, deserción escolar, desmantelamiento del sistema de rehabilitación social, masacres carcelarias, que son la evidencia del descalabro institucional público, cero políticas públicas, con el predominio de la injusticia social, pobreza multidimensional, extrema pobreza, el calentamiento global y cambio climático que va dejando enormes secuelas, víctimas mortales, personas heridas, desaparecidas y damnificadas. Como siempre, la naturaleza se ensaña con los más empobrecidos y excluidos, reducidos a fríos indicadores que desnudan la insensibilidad e indolencia de un régimen neoliberal que gasta en campaña de su imagen mientras el pueblo se debate en la injusticia social.
Hace pocos días hubo un deslave, una montaña se desplazó y sus impactos han provocado la pérdida de vidas humanas, así como daños todavía no cuantificados. En medio de las lágrimas, para colmo las lluvias no son favorable para el rescate y recuperación de las personas que fueron sepultadas por el desplazamiento de masa de la montaña.
La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos es la evidencia más tangible del desmantelamiento institucional. En Ecuador no hay una cultura de gestión y planificación del riesgo, tan solo se actúa reactivamente y no se trabaja en la prevención.
Hay un hartazgo de la ciudadanía. De acuerdo con una encuestadora muy seria, más del 85% consideran que la gestión presidencial es muy mala y que debe renunciar.
Por ahora el tablero de ajedrez político y juicio está en la AN.
Cumplido con este procedimiento democrático, vendrá la sucesión presidencial que le corresponde asumir al Vicepresidente.
Empero, para ello deberán trascurrir como mínimo unas siete u ocho semanas.
Por lo tanto, otro Ecuador es viable con democracia, justicia social y derechos en los hechos.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
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