Con justa razón, la gente ha expresado siempre su repudio a la deleznable conducta de quienes fueron electos o designados para desempeñar con honradez una tarea de atención y de servicio a las necesidades del pueblo, pero que en vez de eso, pervierten el principio ético por el que debe regirse la administración pública.
Lo hace hoy igualmente, pero expresando a la vez su apoyo a la disposición del Gobierno nacional de actuar con todo el peso de la ley contra quienes incurren en actos de corrupción… caiga quien caiga, como lo ha sostenido persistentemente el propio presidente de la República Nicolás Maduro Moros.
Una lucha librada por el Ejecutivo Nacional que no es ninguna novedad (como algunos manipuladores pretenden presentarla ahora tratando de hacer ver esta acción como una suerte de repentino plan de precampaña electoral).
Como es perfectamente constatable en infinidad de acciones de destitución y pase a tribunales de una gran cantidad de funcionarios llevadas a cabo intensivamente desde hace una década al menos en todos los niveles de la administración pública (desde gerentes hasta presidentes de organismos del Estado, así como alcaldes, diputados y exministros) la política del presidente Maduro contra la corrupción ha sido uno de los temas presentes en toda su gestión, sin importar las perturbaciones que la permanente acción desestabilizadora de la derecha y del imperio tratando de derrocar al gobierno, ha provocado a lo largo de todo ese periodo en contra del normal funcionamiento de las instituciones y los poderes públicos.
Difícil ya no por falta de voluntad política, como queda hoy una vez más demostrado, sino por lo arduo que resulta detectar a esos corruptos infiltrados en el poder que, por lo general, actúan al amparo de grandes consorcios del capital privado nacional e internacional expertos en operar de manera soterrada para evadir la acción penal en su contra mediante toda clase de artilugios financieros.
Por lo general, y por razones perfectamente comprensibles, en los casos de corrupción la gente tiende a ir siempre contra la figura del funcionario, en términos absolutos, sin detenerse a evaluar el peso que en el proceso de enajenación de los dineros públicos tiene el arcaico e hipertrofiado modelo administrativo y fiscal del Estado burgués, así como la empresa privada, que en la mayoría de los casos opera como actor desencadenante de la corrupción mediante el uso de la llamada “comisión” para atraer e involucrar el funcionario en el dolo que ella promueve en contra de la sanidad del erario público.
Se acusa al funcionario en virtud de ser éste, quien ha asumido frente a la sociedad el compromiso y la obligación de servir al Estado, y por ende debe ser quien responda por sus acciones frente al pueblo. Pero injusta e indebidamente se deja por fuera al verdadero delincuente, que no es otro que el modelo burgués (y por supuesto sus actores fundamentales; principalmente empresarios y banqueros) concebido desde sus orígenes por el gran capital como una estructura necesaria para la construcción y consolidación de la forma de acumulación capitalista mediante infinidad de mecanismos diseñados específicamente para asegurar la evasión de compromisos de la empresa privada con el Estado, pero, a la vez, de las múltiples maneras de obtener beneficios de éste a través de exenciones fiscales infinitas, preferencias arancelarias y subsidios de todo tipo.
La llamada “comisión” es la pieza clave en todo entramado de corrupción, no solo en Venezuela sino en el mundo entero. De no existir esa figura como mediadora de las relaciones entre la empresa privada y el Estado, el capitalismo simplemente no existiría. Al menos en la forma desproporcionada que existe hoy en día.
Es precisamente esa figura ++que, para el capitalismo, según su propia lógica, resulta perfectamente válida y absolutamente legal como instrumento de transacción, la que usa la empresa privada para obtener la buena pro del funcionario haciéndole creer que no hay delito alguno de por medio en la operación propuesta, simplemente porque el monto (la comisión) que la empresa le ofrece supuestamente no saldría de las arcas públicas sino de las ganancias de la misma. Una irregularidad difícil de detectar por las instancias contraloras, precisamente porque no se sustrae dinero directamente del erario público, sino que el robo se da en forma de incrementos progresivos en los presupuestos de las obras o bienes contratados con esas empresas, cuyas alteraciones son difíciles de detectar toda vez que del mismo acuerdo entre funcionarios y empresas surgen toda clase de argumentaciones seudo técnicas para justificar siempre tales incrementos (como que el dólar incrementó su cotización, la inflación elevó los precios de los materiales, los alquileres de maquinarias subieron en tales o cuales proporciones, etc.). Lo cual para las instancias contraloras, sin ninguna o con muy poca experticia técnica o profesional en la materia, suele ser ininteligible.
Es esa y no ninguna otra la razón de la elevación progresiva e indetenible de los precios de las obras públicas a través del tiempo. Algo que los organismos del Estado, las instancias contraloras y la gente del común, tienen frente a sus ojos, pero que no es fácil de detectar para ellos porque la vista y el señalamiento se coloca exclusivamente y de manera puntual sobre el funcionario y no sobre el perverso modelo capitalista que lo corrompe.
Ciertamente es mucho el daño que esa corrupción le ha hecho al país, no solo en términos materiales sino, quizás lo más doloroso, en términos estrictamente éticos y morales. Pero, sin lugar a dudas, es mucho más grande y más inquebrantable la rectitud y la honestidad de la inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos que constituyen hoy la descomunal fuerza militante de la Revolución Bolivariana a lo largo. y ancho de todo el territorio nacional, con cuyo tesón y entereza se labra hoy la patria que soñaron nuestros Libertadores y nuestro comandante Chávez, tal como lo demuestran la valentía y el coraje del presidente Nicolás Maduro y de su gobierno enfrentando como lo hacen este pavoroso flagelo que ha corroído a nuestra sociedad desde los tiempos de la vieja democracia puntofijista y mucho más.
De ahí que sea éste un proceso que la población toda debe asumir con la mayor seriedad y responsabilidad y no con el sentido oportunista que ya la derecha está buscando imponer como matriz adversa para tratar de enlodar este particular esfuerzo del gobierno nacional que solo procura rescatar y consolidar un modelo revolucionario con el más alto sentido ético de la función pública, como lo es el modelo bolivariano y chavista, en pro de favorecer no a una parcialidad sino al país en su conjunto.
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Alberto Aranguibel B. Venezolano, comunicador social
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Excelente Artículo