El estallido de tumultos y protestas ciudadanas por el abrupto cambio de régimen político en Perú, ha alimentado la gestación de un gobierno de rompe y rasga cívico-militar. Sin embargo, mientras los noticieros exponían al Ejecutivo -de Dina Boluarte- al escrutinio crítico por ejercer la fuerza de manera desproporcionada contra el pueblo, detrás de cámara venía operándose otra contrarreforma del modelo de derechos y libertades de manera menos tangible, pero más grave.
Comencemos por recordar que el autogolpe fallido del presidente Pedro Castillo, detonó la descomposición definitiva de la bancada oficialista que, sin embargo, ya venía licuándose desde 2022. El capital congresal de 37 legisladores logrado en julio del 2021 por Castillo, hoy se reduce a cuatro. Subgrupos desnortados sin su referente presidencial, facciones parlamentarias malavenidas, con intereses contrapuestos y contradictorios, obviamente inoperativas para gobernar un parlamento de 130 representantes.
Sin embargo, este caso no es la excepción sino el paroxismo de una democracia parlamentaria sin verdaderos partidos y un Congreso fragmentado en el cual, el 27% de legisladores cambió de bancada en apenas 18 meses. Contrariamente a lo que podría parecer, al amparo de este fenómeno centrífugo, ha cristalizado una nueva expresión de poder legislativo.
El Congreso más desprestigiado y vilipendiado de la historia de la democracia peruana reciente, ha perdido definitivamente el vínculo con el ciudadano. Sus prácticas conspirativas durante el gobierno de Castillo, su obstruccionismo al adelanto de elecciones, durante la noche más oscura de la democracia, momentos en los que el país se desangraba, precipitaron al Perú al abismo.
Hoy, el afán de perpetuarse en el poder de los congresistas, les convierte en culpables sin paliativos ante el juicio público. Con un rechazo popular superior al 94% el Congreso está imposibilitado, definitivamente, para tratar siquiera de representar la voluntad popular. El sistema de partidos viciado, recibe el repudio generalizado de la ciudadanía,
El Congreso muy lejos de los debates éticos de la calle, viene ampliando su perímetro de influencia para ejercer su investidura sin cortapisas. En desmedro, en unas ocasiones y a despecho en otras, de los espacios vitales de otros poderes públicos homólogos. Todo ello a resultas de situaciones como las que a continuación se describen:
El Congreso de la República viene emitiendo diversas normas que, en la práctica, le permiten ampliar sus atribuciones y competencias horadando los principios básicos de la separación de poderes Constitucionales. Esta carta blanca competencial no hubiera sido posible sin la participación del Tribunal Constitucional, que ha reforzado al Congreso en varias de sus decisiones más polémicas y recientes, lo que ha intensificado el desequilibrio de poderes en el país.
En mayo de 2022 el Congreso eligió a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en medio de un proceso cuestionado por carecer de transparencia y de idoneidad. El proceso fue denunciado por supuestas manipulaciones para favorecer a candidatos que respondían a determinados intereses parlamentarios, a pesar de sus evidentes antecedentes y vínculos con el fujimorismo y de sus posturas ultraconservadoras.
Aprovechando su complicidad con el Tribunal Constitucional, el Congreso ha obtenido importantes avances en la línea de acumular poder:
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), desestimando unas medidas cautelares interpuestas por el poder judicial, ha facultado al Congreso a modificar la Constitución para incluir a los Jefes de los órganos electorales en el listado de funcionarios que pueden ser sometidos a juicios políticos. Tal resolución deja en extrema vulnerabilidad a estos representantes que, aunque con la actual ley ya podían ser investigados penalmente, no estaban contemplados en los procesos de investigación que determinan sanciones políticas. Este fallo, pone en riesgo la autonomía de los organismos electorales motivo por el que ha sido cuestionado por abogados constitucionalistas y analistas expertos.
Por si no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que evalúe el accionar de los jueces que concedieron medidas cautelares en contra del Congreso, lo cual puede ser visto como una amenaza a los jueces. Esta actuación cuestionable del TC, pone en duda la independencia de las decisiones del Tribunal y de sus miembros, quienes parecen más comprometidos con devolver favores por su designación que en defender la Constitución.
En la misma línea, el TC declaró nula la acción de amparo impuesta por el Poder Judicial sobre la elección del cargo de Defensor del Pueblo, lo que permite al Parlamento continuar con el proceso de elección siguiendo un procedimiento dudoso.
El TC con su dictamen pretende que, al cesar en el cargo el titular de la Defensoría del Pueblo (responsable nombrado por el anterior Congreso) la persona sucesora, encargada de ejercer la máxima investidura, debe limitarse a labores meramente administrativas. La sentencia «pretende limitar el pleno ejercicio de las facultades» que la Constitución reconoce a la entidad defensorial y con ello claudicar el deber de cumplir el mandato constitucional de defensa irrestricta de los derechos fundamentales y la buena administración pública.
Bajo esta interpretación del TC, la Defensoría del Pueblo no podría ejercer su rol mientras el Congreso de la República no logre realizar la elección que le corresponde hacer.
Finalmente, una sentencia que recientemente emitió el Tribunal Constitucional ha exonerado parcialmente de obligaciones tributarias a las grandes empresas que mantienen deudas en litigio ante la agencia Tributaria (Sunat) al eliminar gran parte de los intereses moratorios derivados de las mismas. Con ello, las grandes corporaciones se verán incentivadas a alargar sus procesos contenciosos con el Estado con la seguridad de que éste no les cobrará intereses de impago mientras dure el litigio. Se estima que el perjuicio al erario público del Estado peruano sería de -al menos- 12 mil millones de soles, por el momento. Con la proyección de que el forado fiscal sea mucho mayor con el pasar del tiempo en vigencia de la norma.
Estas disposiciones normativas, que son profundamente lesivas y cuestionadas por parte de diversos especialistas y constitucionalistas, suponen en la práctica, conflictos de competencias del legislativo con otras instituciones esenciales para la buena salud democrática. Como resultado de esta ofensiva legislativa el Congreso viene adquiriendo poderes extraordinarios como no se había visto en más de 20 años, más concretamente, desde el autogolpe de Alberto Fujimori.
La democracia en Perú, en definitiva, está dejándose arrastrar por una deriva autoritaria cuya expresión más tangible no solo es la violación de derechos humanos que vienen cometiendo el ejecutivo manu militari, sino también por el crecimiento expansionista operado por el Congreso de la República, fuera de sus cauces competenciales.
En un segundo plano, el Legislativo ha ido aprovechando la circunstancia propicia de una sociedad en shock y un gobierno en el frente, para ganar terreno para su causa cruzando todas las líneas rojas que no pudo transgredir durante los gobiernos democráticos. Su voluntad de poder pone en juego la esencia de toda democracia plena: el equilibrio y separación de poderes del Estado.
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Gonzalo Marsá Fuentes Español, historiador
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