«Es el momento de juntar todos los fuegos», desde la esperanza dicen las féminas y diversidades sexo-genéricas, porque saldrán a las calles a seguir conquistando derechos negados y estigmatizados por un régimen de neoliberalismo autoritario que le apuesta a la concentración de riqueza y privatización mediante la aceleración de proyectos de extractivismo de minería metálica, no metálica, que violentan la consulta previa, libre e informada, en territorios de los pueblos originarios, que es un derecho contemplado en la Constitución e instrumentos internacionales como es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que evidencian carencia de inversión en áreas sociales y económicas muy sensibles y vulnerables que afectan fundamentalmente a las mujeres, niñez indígena, afrodescendiente y los sectores populares que desnudan la ausencia total de políticas públicas, mientras crece de manera incontrolada la inseguridad y violencia. Un estudio de Cepal refrenda estas inequidades.
Policía y Fuerzas Armadas activan la movilización permanente (léase represión) frente a lo que ellas determinan como la intentona desestabilizadora de la democracia, la que es orquestada por el régimen, porque la Asamblea Nacional del Ecuador activó la implementación de un derecho constitucional, competencia privativa de la Asamblea, en contra de presidente Guillermo Lasso, debido a su incompetencia y presunciones de algunos entramados de corrupción que comprometen a su entorno familiar.
Miles de niñas en los sectores rurales empobrecidas, atrapadas por la migración y criminalización en las puertas de México y del Darién colombiano y panameño.
Las narrativas y discursivas palaciegas construyen un relato abundante de fake news, mientras la Fiscalía mantiene al pueblo con distractores judiciales que en nada fomentan la recuperación de los derechos fundamentales, tenazmente golpeados por las políticas neoliberales privatizadoras, que desinstitucionalizan cada vez más las empresas públicas estratégicas relacionadas al campo energético, como petróleo, energía hidroeléctrica, telecomunicaciones, así como el sistema de salud de la seguridad social.
Este régimen no vino con un plan de gobierno, sino para dar continuidad al manual y agenda iniciada por Moreno, hoy indiciado en la audiencia de formulación de cargos por presunciones de cohecho en el caso Inapapers o Sinodydro, con abundantes tentáculos de corrupción, que comprometen a su esposa, una hija, dos hermanos y dos cuñadas. Él permanece en Paraguay, al parecer cumpliendo una función de OEA para las discapacidades, como recompensa a su nefasto papel de operador político injerencista en viabilizar la destrucción de formas de integración latinoamericana como Unasur, Venezuela bolivariana; apoyó a la ruptura de la democracia en la Bolivia plurinacional en noviembre del 2019.
A propósito, es pertinente mencionar que de acuerdo con declaraciones realizadas por Moreno a medios de comunicación nacionales e internacionales manifestó que es una persecución política, por haber desmontado el correísmo y porque no quería que Ecuador se parezca a Venezuela. Tamaña insulsez y discursiva de subversión política e ideológica, anclada en los manuales injerencistas de inteligencia norteamericanos.
Ergo, ha solicitado asilo político en Paraguay, por considerarse un perseguido político.
Vuelve a Ecuador la injerencia de OEAlmagro, punta de lanza y zoo criadero de golpes de Estado en Latinoamérica, cuando sale a la luz el denominado caso “el Gran Padrino”, que al parecer se presume involucra al entorno familiar del presidente Lasso, es decir, su cuñado, a quien se considera su mentor banquero-político, y toda una red de tramitadores y subastadores de las carteras ministeriales, con énfasis en las empresas energéticas y petroleras, que han tenido una articulación con la mafia albanesa, que ha penetrado de una enorme inseguridad al país, en donde las muertes violentas colocan a Guayaquil en el puesto número 24 de las ciudades más inseguras y violentas del mundo. A ello es pertinente sumar los femicidios y transfemicidios, que son invisibilizados por el Estado-nación, con una ausencia total de políticas públicas, que han provocado la aceleración del miedo, una psicosis permanente de la gente, que está a punto de romper y hacer explotar, la enorme burbuja de injusticia social ocasionada por el régimen de Lasso, que es la continuidad y aceleración de las políticas neoliberales, en donde existen ciudades que desnudan la total ausencia del Estado. Allí la niñez es cooptada por las redes y mafias delincuenciales para incubar el sicariato urbano, mientras una fuerza pública indolente amenaza a la ciudadanía, que con seguridad irá sistemáticamente nuevamente agitando y arengando la protesta y movilización social.
El pueblo está llegando al límite del hartazgo, que fue expresado y refrendado en las urnas el domingo 5 de febrero en la Consulta Popular o Plebiscito que se convirtió en un referéndum reprobatorio de la deficiente y carente gestión gubernamental, con total ensañamiento y azote a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
Existe una reserva monetaria internacional cercana a los 10 mil millones de dólares, que se mantiene fuera del país, específicamente para pagar bonos de deuda externa, en donde los tenedores de esos bonos giran en rededor del Palacio de Carondelet.
La narcopolítica y necropolítica están destruyendo al Ecuador, que otrora disminuyó el Coeficiente de Gini en cuanto a inequidad, asimetrías e injusticia social, concomitantes quintiles de pobreza, hoy reactivados mediante diferentes tipos de pobreza multifuncional.
La niñez rural es la que más impactos negativos ha recibido en materia del ejercicio de derechos. Tan solo basta mirar las cifras e indicadores, que están encendiendo las alarmas de inconformidad, insatisfacción de las diferentes organizaciones sociales, étnico-culturales y populares, debido a la carencia de necesidades básicas insatisfechas (NBI), salud, educación, y el incremento de la deserción escolar, configurando vulneración de los derechos de la niñez, contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados e instrumentos de los cuales el Ecuador es un país garante y suscriptor.
Flotan las nefastas sombras de un neoliberalismo autoritario, que está implementando la regresión de derechos constitucionales del Buen Vivir.
Las declaraciones de los ministros del Interior y Defensa evidencian que todavía el régimen de neoliberalismo autoritario tiene el apoyo de Policía Nacional, cuyo número es de 60 mil uniformados.
En un tono amenazante se nota su inclaudicable amenaza al pueblo, a la democracia y protesta social.
Es pertinente recordar a las dos carteras ministeriales que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador no son fuerza pública deliberante, sino subordinada al Estado de la seguridad ciudadana, cuidado de la soberanía nacional y pleno ejercicio de derechos.
Por lo tanto, esas fantasiosas y fabulescas declaraciones pretenden invisibilizar el pleno disfrute de los Derechos Humanos de las mujeres.
Hagamos más humana la humanidad y defendamos la construcción de sociedades plurinacionales e interculturales, en un Ecuador soberano que debe despertar para construir un país justo, equitativo, solidario, de unidad en la diversidad, hasta que el ejercicio de derechos se convierta en costumbre consuetudinaria.
Otro Ecuador es viable y posible, del tamaño de los sueños de todas y todos.
Mientras tanto, todavía falta recorrer un tortuoso camino para llegar al Juicio Político; existen las causales necesarias, pero es competencia privativa y exclusiva de la Asamblea Nacional del Ecuador y debe contar con la anuencia y aprobación de la Corte Constitucional, máximo poder de interpretación de la Constitución.
Por ahora la lucha sigue, por democracia y justicia social.
________________________________________________________
Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor/a
