Era lunes. Uno de esos lunes que coloquialmente se colocan en la mirada de cada hombre o mujer que madruga para cumplir con sus tareas de sobrevivencia en una sociedad condenada a pagar al más alto precio, las responsabilidades de un neoliberalismo aberrante, producto de las políticas de un gobierno que se cosió ante el Fondo Monetario Internacional para saciar los tentáculos de la corrupción.
Era lunes, pero no un lunes cualquiera. Era el amanecer del 27 de febrero de 1989. Y yo, allí, en la parada del puente Monagas de Barcelona, para conseguir transporte para llevar a mi hija Willgemir a Puerto La Cruz, donde estudiaba en el liceo “Pedro María Freites”. Ni autobuses, ni buseta, ni carritos, por puesto, daban esperanzas para cumplir con el compromiso de ir a Chuparín, mi barrio de los tiempos infantiles.
Todos se preguntaban qué está ocurriendo. “Notirumbos” anunciaba aparatosas movilizaciones en el centro de la República. En Guarenas la situación era grave. Había quema de vehículos, saqueos en los comercios. Pero en Caracas, era peor. Orlando González, trabajador de Puropan, en esa época, conducía una cava que distribuía el producto en grandes comercios, incluyendo Cada, ambas empresas propiedad de Gustavo Cisneros. Orlando, amigo de infancia en Chuparín, me dio la cola hasta la casa de mi mamá, para allí dejar a mi hija.
“Hermano no hay transporte. El presidente del sindicato de transporte local, Lorenzo Rodríguez «Corocoro», encendió la llama y ordenó a los choferes del transporte público a sumarse a la huelga ordenada desde Caracas, para presionar el aumento del pasaje”. Puerto La Cruz, a esa hora, siete de la mañana, era un hervidero. Después de estar en Chuparín, el mismo Orlando me dejó en la avenida Municipal, frente a la Alcaldía de Sotillo. Allí la situación era incontenible, la gente en la calle quemaba cauchos. Lo más curioso a las 12 del mediodía del 27 de febrero vi, por primera vez, como un pueblo enardecido hacía correr a Genaro Yaselli, secretario general de Acción Democrática en Puerto La Cruz, quien salía de Radio Bahía, luego de una entrevista, con el locutor Campos, donde justificaba las medidas del paquete económico anunciado por Carlos Andrés Pérez.
Como pude regresé a Barcelona, a barrio Sucre. Allí la situación incontenible convirtió en un polvorín las calles y avenidas de la capital del Estado. A José Santamaría, quien estaba en las adyacencias del supermercado Tiuna de la avenida Intercomunal, la Guardia Nacional lo hizo saltar con severo peinillazo. “Pero yo no he hecho nada”, dijo, y los Guardias Nacionales, igual como lo hacen ahora los Carabineros de Chile, le soltaron otro planazo que le permitió salir en la primera plana del diario El Tiempo.
Mientras tanto en la UDO-Anzoátegui, la Federación de Centros Universitarios se mantiene en asamblea permanente. Allí se decide una movilización hacia Puerto La Cruz, la cual es reprimida a la altura de los bomberos, por las tanquetas de la Guardia Nacional.
A la altura de Molorca se concentran los autobuses, y las comunidades cercanas a la Universidad de Oriente se unen al movimiento y comienza la lucha, donde son heridos dos estudiantes. Uno de ellos, Luis Gómez. El liderazgo de Bandera Roja y Liga Socialista, representado por Jorge Rondón, Jorge Noriega, Alvin Torres, Alcides Rondón, Esteban Díaz, Carlos Ramos, Elio Silva, Telémaco Figueroa, William Rodríguez, Nelson Moreno, Luis Figuera y Nígel Barrolleta, dieron solidez al 27 de febrero en Anzoátegui.
En barrio Sucre, un piquete de la Guardia Nacional, a la altura de la calle Urica, viene efectuando disparos al aire. Tuve que salir y confrontar al comandante de ese grupo de guardias. Le hice un llamado para evitar una tragedia en el sector, con el fin de salvaguardar la vida de los niños y niñas residentes del barrio. Así lo hicieron.
El Caracazo, a 34 años de esa tragedia, es producto de las medidas económicas implementadas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Conocido como el Paquete Económico, esa situación conllevó a la muerte y desolación, donde se calcula entre 2 y 3 mil personas masacradas, muchos de ellos sepultadas en una fosa común, llamada la Peste, en el Cementerio General del Sur, en Caracas. Hoy, precisamente, uno de los que habla de dictadura al referirse al gobierno revolucionario y bolivariano, presidido por Nicolás Maduro Moros, es Henry Ramos Allup, uno de los autores intelectuales de ese genocidio del siglo XX, cuando en nombre de la fracción de Acción Democrática, en el extinto Congreso Nacional, suspendió las garantías constitucionales, para que se procediera a la más grande masacre que ha ocurrido en Venezuela, y que mantendrá por la eternidad una gigantesca sombra sobre el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez.
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William Gómez García Venezolano, periodista
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