Para los laboratorios de inteligencia del imperialismo norteamericano la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se convierte en una gran amenaza a los intereses geopolíticos, geoestratégicos y, fundamentalmente, económicos centrados y enfocados en la Región, por la abundante riqueza de recursos naturales en materia de energéticos y minería metálica y no metálica.
No en vano la recurrente presencia del Comando Sur se evidencia con la denominada cooperación en seguridad, que ha convertido a algunos países en enclaves de su accionar, como es el caso de Ecuador, el que en seis años ha sido convertido en el más inseguro del continente y segundo en violencia, de conformidad a analistas. Por cierto, no ha cesado la criminalización de la migración y la Doctrina Monroe camina a su bicentenario de subordinar soberanías y pueblos al Consenso de Washington, sus complejos militares, industriales y financieros.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha perdido su hoja de ruta fundacional y se caracteriza por su constante boicot a la decisión democrática de los pueblos expresada en las urnas.
Podemos mencionar el golpe de Estado que se generó en contra del expresidente Evo Morales Ayma, que dio paso a un gobierno de facto, con la generación de víctimas mortales, personas heridas, encarceladas y que hoy mantienen en privación de la libertad al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dispuesta por el Ministerio Público debido al cometimiento de algunos delitos, entre ellos el golpe de Estado.
Los recientes acontecimientos, por cierto nefastos y de facto, que han transgredido la democracia en el Perú, confirman que se ha convertido en una punta de lanza, de asedio e injerencia del gobierno federal estadounidense.
A pesar de la exhortación de algunos jefes de Estado de la Región, es sorprendente cómo la presidenta de facto, Dina Boluarte, recibió el apoyo del secretario general Luis Almagro.
Desde el 7 de diciembre a la fecha al menos 65 víctimas mortales son el resultado del excesivo uso de la fuerza cometido por la Policía y el Ejército en contra de pobladores y campesinos surandinos pertenecientes a los pueblos originarios aymara y quechua, así como del norte, excluidos y discriminados históricamente, quienes se han levantado en defensa de la democracia. Sus demandas giran en torno a la renuncia de Boluarte, cese del Congreso, que viene siendo manejado por una estructura de poder de tinte fujimorista y que vacó al presidente rural y rondero Pedro Castillo, perteneciente a uno de esos pueblos originarios.
Lima se ha convertido en el epicentro de la protesta social.
La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pasa del exhorto al excesivo uso de la fuerza; y la comunidad internacional, al igual que los medios de comunicación, reproducen la narrativa y libreto del Palacio de Gobierno.
El día sábado 21 de enero hubo un violento y represivo desalojo por la Policía y Ejército a pobladores de Puno, Ayacucho y Cusco, que se encontraban alojados en la emblemática Universidad Nacional de San Marcos. En algunas constituciones los predios universitarios son inalienables.
Mientras tanto, no vemos una salida democrática, por el contrario, al final del túnel parece que serán liberadas cerca de 200 personas detenidas. No ha desaparecido el fantasma de acusar de «terrucos» (terroristas) y violentos a los pueblos originarios, implantado en los años 80.
El asedio e injerencia en contra de Cuba, Nicaragua y la Venezuela bolivariana ha levantado la voz de Jefes de Estado y, fundamentalmente, de sus presidentes, porque el bloqueo y las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) se han convertido en poderosas armas de transgresión y violación de derechos sociales, económicos, culturales, políticos y de Derechos Humanos.
Lejos de flexibilizar el bloqueo y las MCU, estas tienden a quedarse por largo tiempo.
En Brasil la democracia está sometida a intentos de desestabilización por una oposición abiertamente neofascista que odia a otredades originarias socioculturales, profundamente xenófoba, misógina y racista.
La presencia del golpe blando, el lawfare o guerra judicial, así como el enorme entramado mediático-comunicacional de fake news y penetración de la dictadura del algoritmo a través de las redes sociales, ha puesto en alerta a la segunda oleada progresista, en el fortalecimiento de la Celac como la estructura para la integración de unidad en la diversidad, con miradas plurales y de defensa de los principios de la libre autodeterminación de los pueblos, cooperación, complementariedad, sin la participación de los Estados Unidos y Canadá.
Existen muchas expectativas al respecto, enfocadas en la VII Cumbre de la Celac, que se realiza en Buenos Aires, las que abrazan el sueño de integración y legado bolivariano para construir desde Latinoamérica y el Caribe una diplomacia de los pueblos y países sustentada en la solidaridad, respeto a la dignidad y soberanía, a las energías limpias, a la gestión y defensa de los recursos naturales, a fin de asegurar un desarrollo armónico de nuestros pueblos y países y una moneda común.
La democracia y su defensa se convierte en la columna vertebral de la comunidad, el repudio y condena a todo vestigio dictatorial y nefastas sombras del Plan Cóndor, similarmente a las pretensiones hegemónicas y belicistas oligárquico-imperialistas de concentración de riqueza y poder. Concomitante, la presión de los multilaterales organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), generadores de deuda externa insensible, injusta e inhumana que azota los derechos de los pueblos.
Somos una región de paz, y esa es una apuesta muy firme.
En el ámbito de la seguridad, el trabajo debe contener sostenibilidad en una política regional de defensa cibernética para protección del crimen transnacional y una efectiva protección de los Derechos Humanos.
Es urgente pensar en una nueva forma de relacionamiento de los Estados con el capital transnacional, generador de asimetrías, inequidades, injusticia social y diferentes brechas de pobreza multidimensional, creadoras de injusticia social.
Por lo tanto, se requiere una arquitectura financiera y económica desde las necesidades concretas de nuestros pueblos.
Una producción limpia de agrotóxicos y agroquímicos que garantice la soberanía y seguridad alimentaria.
Respeto e inclusión a los pueblos originarios, así como a su diversidad sociocultural de idiomas, saberes, farmacopea de biomedicina no convencional.
Es fundamental la participación ciudadana en los procesos de integración para el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía, libre tránsito de las identidades culturales, políticas sociales comunes, es decir, la realización de la ciudadanía de la Celac.
La pandemia de Covid-19 desnudó un sinnúmero de inequidades y acceso a vacunas y fármacos, por ese motivo se deberá implementar cooperación regional en materia específica.
Democratizar la comunicación y desmonopolización es imperiosa y urgente, así como el fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos, particularmente los populares y locales.
La OEA no va más, ha perdido su carta fundacional y democrática.
Por todo lo expuesto, es urgente la construcción de una Celac y refundación con la participación de Colombia y Brasil, que permita avanzar hacia una multipolaridad, un orden justo, solidario, con resolución de conflictos sobre la base del entendimiento pacífico, las relaciones de nuestros pueblos y países basadas en el respeto, beneficio mutuo, en igualdad y en paz.
Una Latinoamérica y Caribe con unidad en la diversidad es viable, es posible, para que, básicamente, desmonte las perversas intenciones colonialistas del imperialismo anglosajón respeto al Derecho Internacional y libre autodeterminación.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
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