Hace un tiempo atrás un compañero –de esos que no abandonaron su sombra en el pasado y siguen construyendo, porque eso son– me cortaba abruptamente cuando trataba de explicarle que las crisis son oportunidades; “las crisis son crisis” –decía. Claro, la crisis es un método del conocimiento social, como nos diría Zavaleta (en sus Las masas en noviembre).
Nos referimos, en uso del concepto bourdiano, del actual campo político boliviano, cuyo sustento es producto de la crisis de la representación política de los agentes del neoliberalismo. El segundo semestre de 2005 el sistema político boliviano, único interlocutor entre la sociedad y el Estado y con el modelo neoliberal como único programa, que se había mantenido a flote con gobiernos de grandes coaliciones de partidos políticos y una parcelación de las instancias estatales para la repartija de “pegas” (de trabajos), era insostenible frente al levantamiento popular cada vez más radical. Estaba cuestionada la política tradicional y la propuesta de neoliberalismo con la privatización de empresas estatales, bienes comunes (como el agua) y, finalmente, la enajenación de la capacidad política de la gente.
Por ello, como diría el profesor Adolfo Gilly, la lucha popular en 2005 se electoralizó, abriendo un escenario que relegó a los partidos de las “megacoaliciones”, a la propuesta neoliberal, por lo menos la más salvaje, y puso en debate la necesidad de desterrar al racismo y la discriminación. Así, bajo un discurso antiimperialista, anticolonial y antineoliberal, con el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Por la Soberanía por los Pueblos (MAS-IPSP) a la cabeza, se reorganizó al Estado a tal punto que la sociedad lo interpelaba de forma directa imponiendo demandas populares con una agenda nacional. La égida de un liderazgo político y social era para Evo Morales, quien encabezó ese proceso hasta el golpe de Estado de 2019. Pero, ¿qué sucedió con esta forma de política basada en organizaciones y movimientos sociales? Abajo algunos apuntes desde los márgenes del poder.
El golpe y la apariencia del Estado
El Estado en Bolivia, abusando de Zavaleta, es aparente, su poder y su institucionalidad son frágiles y endebles a cualquier acción de masas cuando son ajenas a ella. La derecha, que azuzó a citadinos de ingresos medios y sectores en proceso de desclasamiento, con el apoyo imperialista yanqui de por medio, nos dio una clarísima prueba de esto en 2019, cuando tomó las calles y empujó a militares y policías para sumarlos a un discurso de odio racista y conservador con el objetivo de iniciar un proceso de “restauración de la república”, es decir, desconocer lo conseguido por el Proceso de Cambio.
Ese momento, la gran masa de funcionarios públicos miró inerme los sucesos en silencio, mientras una camada de nuevos jefes corruptos, incapaces e inexperimentados buscaban sacar tajada de su paso por lo estatal, a la par que el brazo represivo del Estado con su filo policial y militar “pacificaban” el país con sangre y muerte. El nuevo bloque golpista no contaba con un proyecto político mayor, había derrotado al gobierno de las organizaciones sociales –esto sin adentrarnos al grado de responsabilidad en el debilitamiento del llamado Proceso de Cambio por parte de quienes lo llevaron adelante–.
El fin era previsible, una gran ingeniería golpista se había desperdiciado por la corrupción y la violencia de una casta política ignorante y vil que, pese a la pandemia del Covid-19, no pudo mantenerse en el gobierno y convocando a elecciones para 2020 perdió de forma estrepitosa frente a una fórmula que el MAS-IPSP armó desde fuera de Bolivia.
Alimento para una crisis
El nuevo gobierno del MAS-IPSP enfrentó muy pronto un entuerto interno cuando temprana e innecesariamente se electoraliza el debate político con el surgimiento de un discurso de “renovación” que argumenta la necesidad de suplir a la “vieja dirigencia” entendida por el “evismo” (y el propio Evo), porque no habría cumplido su rol en el golpe de Estado y era necesario abrir espacio a nuevas generaciones. Este hecho inauguró un escenario en donde las organizaciones y movimiento sociales, ya en crisis propia evidenciada en el golpe de Estado 2019, en su cohesión política y en la coincidencia de horizonte, entran en contradicciones toda vez que el esquema de captación de dirigentes y de manejo de lo estatal se impone.
La dinámica política convirtió a algunos sectores de funcionarios públicos en furibundos defensores del Gobierno y luego en actores políticos que “tomaron” direcciones de organizaciones sociales y, por su puesto, generaron observaciones y disgustos porque el resultado fue el desplazamiento de dirigencias identificadas con el “evismo”, mientras este, en dirección formal y legal del MAS-IPSP, se encuentra en franca reorganización.
Esta dinámica ha llevado a una crisis del propio campo político en la medida que la confrontación de las organizaciones sociales ha removido su base de sustento político y puede degenerar en la necesidad del Gobierno de conformar acuerdos con sectores contrarrevolucionarios, ya sea en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como en lo social con sectores burgueses de la llamada agroindustria oriental. De hecho, la aprobación inédita –y por todos reconocida de innecesaria– de una Ley del Censo ha generado un quiebre en la ALP cuando un grupo de parlamentarios del MAS-IPSP se sumaron a votos de la derecha para su aprobación, mientras los sectores “evistas” los acusaban de traidores porque solo beneficiaba a una derrotada derecha cruceña que salía un conflicto social en Santa Cruz donde el hecho más sobresaliente fue el desarrollo del fascismo en discurso, posición y organización con el grupo paramilitar Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
La resolución de la crisis del campo político le corresponde al MAS y su capacidad de debate interno, de lo contrario el nuevo escenario va a tener otros factores, como el mencionado fascismo y la debacle de lo popular.
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Boris Ríos Brito Boliviano, sociólogo
