Como una «crónica de una muerte -mil veces- anunciada» por los oráculos de la derecha neocolonial de la república del Perú, el Congreso de ese país ha ejecutado un golpe de Estado al decidir la destitución del Presidente constitucional de la República, con la jurídicamente imposible justificación de la vacancia por «incapacidad moral permanente».
Tal inmoral y antidemocrática decisión del Parlamento peruano se decidió y se ejecutó con el apoyo de la amplia mayoría de miembros (101 a cuatro votos de los presentes, con 10 abstenciones) de ese órgano, supuesto representante de la soberanía popular, del aval del ministerio de colonias de la OEA y su secretario general, el impresentable agente imperialista Luis Almagro, su desleal vicepresidenta, Dina Boluarte, y hasta el partido de izquierda Perú Primero, que de esa manera santifican la legalidad de ese zarpazo a la voluntad de una mayoría relativa del pueblo peruano que asqueado de tanta corrupción, ineficiencia e indolencia de la virreinal clase política, se atrevió a derrotar a la hija del dictador Fujimori y enfrentar con su emblemático “lápiz amarillo” de docente y el sombrero de campesino, a las mafias políticas, económicas y mediáticas que en los 200 años de vida republicana peruana, han desgobernado a la tierra de Túpac Amaru, el último líder del pueblo inca.
Para la historia vergonzosa del Perú ha de registrarse la «cayapa» política consumada en contra del Presidente Pedro Castillo, ejecutada desde la misma campaña electoral con tres solicitudes -derrotadas – de vacancia presidencial por violación de derechos humanos, traición a la patria y – ahora- incapacidad moral. A lo cual ha de agregarse las infames investigaciones penales por asociación criminal, corrupción y traición a la patria en su contra, a su esposa y a su cuñada; lo cual mide el grado de insania política, moral y jurídica que estos diputados fariseos, embadurnados de rojo y blanco, han perpetrado contra un hombre de campo, de oficio educador y de compromiso social y político de izquierda que, con gallardía y entereza democrática, se mantuvo firme ante sus inquisidores, intentando a última hora neutralizar la ilícita conjura de sus adversarios de que lo iban a condenar sin causa legítima alguna y sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento previsto en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos suscritos por el estado peruano, especialmente el derecho a la defensa.
Se dictó un agónico y legítimo decreto de disolución del parlamento peruano, con la declaratoria del estado de excepción que hoy, en la canalla mediática limeña, la traidora y ambiciosa vicepresidenta Dina Boluarte y su cohorte de sicarios políticos, declaran como causa, motivo y razón para destituir, sin fórmula de juicio al Presidente Castillo. Inconstitucional y vergonzoso acto que recuerda el miserable golpe de Estado parlamentario del año 2012, perpetrado en contra del mandato del Presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, por los herederos del dictador Alfredo Stroessner.
Detrás de este nuevo atentado contra la soberanía popular y los principios e instituciones democráticas de la república del Perú, se encuentran las garras afiladas y sangrientas del águila emplumada del gobierno imperialista de Estados Unidos, que siente en riesgo la bicentenaria doctrina Monroe de «América para los americanos», ante el avance de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de las vanguardias y los pueblos de nuestra América, dispuestas a construir un espacio de paz, democracia, integración y justicia social en esta tierra de libertadores.
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Yoel Pérez Marcano exembajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas y Belice
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