La propuesta de Consulta Popular del presidente Guillermo Lasso, convertido en eterno candidato, que tiene un rechazo del 85% de la ciudadanía del Ecuador, de acuerdo a algunas encuestadoras, como expresión de su régimen de neoliberalismo autoritario e implementación de una agenda impuesta por el multilateral Fondo Monetario Internacional (FMI), golpea los derechos fundamentales y humanos del pueblo ecuatoriano, que en casi 16 meses lo está llevando a un colapso total a través del desaceleramiento socioeconómico, político, permitiendo el crecimiento abrupto y acelerado de los delitos.
En camino a un estado fallido, creado estratégicamente para ir generado mayor concentración de riqueza en un reducido sector articulado al capital financiero especulativo, mientras las grandes mayorías son erosionadas por la pobreza multidimensional, caída del empleo, de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
Algunos constitucionalistas han hecho análisis del populismo demagógico que subyace a esta consulta, plagada de un sinnúmero de mentiras y sandeces, con pretensiones de tomadura de pelo y atrapa bobos, como expresa el refrán popular.
Parafraseando a Simón Bolívar: “Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño”.
Los poderes fácticos y un enorme entramado de medios de comunicación vienen construyendo las narrativas que ha colocado el régimen en ocho preguntas y que se materializarían finalmente en 10, que en nada contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo , hoy azotado por la inseguridad, sicariato, feminicidios, exterminio de personas privadas de la libertad, asesinatos, narcotráfico, narcogenerales, hecho que fue denunciado por el embajador norteamericano en Quito y suspendidas las visas para ingresar al denominado país del «sueño americano».
Consulta que es la hoja de ruta táctica y estratégica para la implementación de un camuflado «Plan Ecuador», ya manifestado hace algunas semanas por el presidente Lasso, que implica legitimar la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las calles, lo que tendría serios impactos en los Derechos Humanos, como ya ha ocurrido en otros pueblos de la región latinoamericana sin recurrir a decretos de Estado de Excepción constitucional.
Por allí hay que entender el enorme y perverso entramado que subyace a esa mañosa consulta, que está matizada por la constante presencia de la denominada cooperación militar norteamericana, en materia de seguridad, que la leemos como entrega y enajenación de la soberanía, tácitamente censurada en la Constitución.
Para el neoliberalismo autoritario e imperialismo el abrupto cambio geopolítico, geoeconómico y geoestratégico del otrora hegemón norteamericano, después de la asunción del presidente Gustavo Petro en Colombia, el país más sumiso y subordinado que puede cumplir ese papel es el Ecuador, mediante el régimen de Lasso, un incondicional proestadounidense que viene ejecutando a rajatabla la agenda empezada por Lenín Moreno.
Ello connota y tiene una enorme significación geopolítica para los Estados Unidos, a fin de dar continuidad al asedio e injerencia suya en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Ergo, sobre la base de la inseguridad y mediante la creación del supuesto enemigo interno, que no existe, es evidente el nefasto escenario estratégicamente generado para que pueda acudir en ayuda el gran hermano imperialista al Ecuador.
Empero, es conocido su desastroso accionar cuando llega esa denominada ayuda y asistencia, que no logra frenar la violencia estructural, por el contrario, se incrementa y acelera, la que debe contrarrestarse, desde un enfoque socio antropológico, mediante implementación de acciones netamente de políticas públicas, no reactivas y represivas.
La Policía Nacional está penetrada por diferentes tipologías del delito, atrapada por la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Mientras tanto, la inseguridad raya en la ignominia total del régimen, entrampado en los negocios corporativos, privatización de los activos estratégicos del Estado, convertida en la recurrente pesadilla para el pueblo.
Hay una hoja de ruta que debe cumplirse a rajatabla, más aún cuando está subordinado al Consenso de Washington y el Gobierno Federal norteamericano.
No es casual que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, y el jefe del Buró de la Guardia Nacional de ese país, Daniel R. Hokanson, se hayan reunido el martes 13 de septiembre con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, para hablar de “cooperación”.
El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que la delegación militar estadounidense participó en la Conferencia Suramericana de Defensa «SouthDec 2022», que se inauguró este martes en la capital ecuatoriana y que se extendió hasta este jueves, considerado como «uno de los foros de discusión más relevantes en materia de seguridad y defensa para la Región”. “Dicho encuentro permitió intercambiar experiencias, fortalecer la cooperación y establecer estrategias conjuntas para contrarrestar las amenazas globales”, es decir, en contra de los pueblos con libre autodeterminación como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia, Irán, y todos los que no están alineados a la alteridad de poder estadounidense.
Además de Richardson y Hokanson, la delegación militar estadounidense estuvo integrada por otras autoridades del Comando Sur, como la embajadora Jean Manes, subjefa civil; y la general Julie Nethercot, directora de Estrategia, Política y Planes.
Asimismo, también formó parte de la comitiva el general David Mounkes, subjefe adjunto de la Guardia Nacional de Kentucky, quien está a cargo de la relación con Ecuador a través de un Programa de Cooperación Estratégica (SPP). Ahora ya entendemos el sistemático proceso de descomposición de la institución policial ecuatoriana.
La delegación estuvo integrada por otros 12 oficiales con rango de coroneles y mayores, tanto del Ejército estadounidense como de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Concomitante participaron altas autoridades castrenses de los países de la Región, así como de observadores de Europa, Canadá, de la Junta Interamericana de Defensa y del Centro Perry de Estudios Hemisféricos en Defensa. Presumimos que todo ello tiene un tufo injerencista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en contra de la Federación de Rusia y busca el alineamiento de la Región a favor de Ucrania.
El fin en mente es viabilizar la denominada asistencia y cooperación en materia de seguridad. Ya hemos manifestado su papel rasero plagado de recurrentes violaciones de los Derechos Humanos, así como del cometimiento de crímenes y delitos de lesa humanidad, amparados en el combate a la inseguridad, estratégicamente creada a fin de penetrar los pueblos y contaminarlos de violencia.
Laura Richardson manifestó en esta conferencia que China fomenta la pesca ilegal, lo cual evidencia el cumplimiento de una abierta injerencia estadounidense en contra del hoy gigante país asiático que permanece en la cúspide de la economía mundial.
La agenda de esta conferencia nada transparente, enmarcada en narcotráfico, pesca ilegal, delitos ambientales, migración ilegal, tráfico de migrantes, a la que subyace el atrincheramiento a Ecuador y Latinoamérica en la agenda de subversión política e ideológica de los Estados Unidos y su presencia en la Región, luego de que Colombia dejara de ser la joya preciada imperialista.
A propósito, Galápagos está convertida en una base militar norteamericana.
En cualquier Estado latinoamericano y del Caribe la inseguridad no se combate mediante pretendidas consultas populares, sino de manera estructural, con políticas públicas e inversión económica, con generación de fuentes de trabajo, no con populismo penal o endurecimiento de penas y medidas reactivas.
Así son los regímenes de neoliberalismo autoritario, excelentes para reprimir al pueblo, cuando se levanta en protesta o movilización social, mediante el uso de la policía y el Ejército, e ineficientes para combatir los focos de delincuencia organizada que tiene libre albedrío para delinquir.
¿Quién maneja el negocio del narcotráfico en los Estados Unidos?
Quieren implementar un Estado de Excepción permanente, esas son las lógicas y dialécticas impartidas por los tanques de pensamiento estadounidense, para acostumbrar al pueblo a presencia permanente de policías y militares en las calles. Es muy peligroso ello, porque significaría la vía abierta para cometer excesivo uso de la fuerza y violación de los Derechos Humanos. Acciones reactivas no son la respuesta a una descomposición del tejido social, que sistemáticamente es atrapado por la violencia.
Ya es notorio en otros países latinoamericanos que la militarización de la Policía ha conducido a extremas violaciones de derechos. Para nada es viable la politización de los órganos de seguridad y de justicia, que han generado desangramiento y pérdida de vidas. La reactividad evidencia que debe haber una policía nacional civil, sin ningún vestigio militar, depurada de corrupción, reorganizada, reformada.
Es muy lamentablemente lo que sucedió en Colombia durante varias décadas. Impunidad, desapariciones forzadas, juzgamientos extrajudiciales, miles de jóvenes convertidos en falso positivos, crímenes de líderes y lideresas sociales, defensores/as de Derechos Humanos, millones de desplazados/as víctimas de un narcoestado y narcopolítica. Pesadilla y trauma que al parecer terminó con la asunción en el Palacio de Nariño del presidente Gustavo Petro.
Las fuerzas armadas tienen competencias específicas contempladas en la Constitución, una de ellas es el cuidado de la soberanía, apoyo al desarrollo nacional, contribuir con la seguridad interna, etcétera.
Los grupos económicos que girar en rededor de Lasso en plena pandemia sacaron más de cuatro mil 100 millones de dólares norteamericanos a paraísos fiscales.
De acuerdo con declaraciones del máximo dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza Salazar: “El Gobierno no tiene legitimidad para realizar una Consulta Popular… No es verdad la defensa de nichos ecológicos, se están abriendo 39 bloques petroleros sin garantizar el derecho constitucional de la Consulta Previa, a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y garantizada en el derecho internacional en algunos instrumentos en materia de Derechos Humanos… Con una consulta pretende controlar todos los estamentos del estado. Eso se llama dictadura… El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo endosa a Latinoamérica y el Caribe… ¿Qué hacen los Estados Unidos al respecto? Nada».
Pantalla y cortina de humo para oxigenar al régimen que viene precarizado derechos fundamentales y humanos.
Una Policía militarizada traería como consecuencia nefastos resultados, como ha sucedido en otros países de la Región.
Por lo tanto, la seguridad tiene que mirarse de manera integral y estructural.
Cuando un Estado no garantiza el pleno ejercicio de los derechos fundamentales brota la inseguridad, estratégicamente diseñada, como es el caso del Ecuador, país con un Estado débil que desnuda la fragilidad de sus instituciones, las que están atadas a grupos de poder fácticos y que hoy el Gobierno Federal estadounidense convierte en el nuevo laboratorio del neoliberalismo y punta de lanza para asedio e injerencia de la Doctrina Monroe que va camino al bicentenario en la región latinoamericana.
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Luis Ernesto Guerra Ecuatoriano, analista político y activista de Derechos Humanos
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