La República de Panamá no solo es un istmo que se abrió a la unión de dos océanos; Atlántico y Pacífico, favoreciendo el transporte marítimo entre el Oriente y el Occidente del globo terráqueo sino, también, una nación forjada en la fusión de sus pueblos originarios con la descendencia hispánica y neogranadina y la adición de los africanos esclavizados sembrados en su territorio desde el siglo XVI, a las que se le sumaron las oleadas de trabajadores afrodescendientes traídos desde las cercanas islas del Caribe Oriental a la construcción del mayor patrimonio material del país: el Canal de Panamá.
Nacida como parte de la bolivariana República de Colombia y escindida de ella a comienzos del siglo XX, la República de Panamá tuvo la desgracia de verse sometida desde su nacimiento al dominio político y militar de Estados Unidos que, como constructor del Canal de Panamá, impuso condiciones de control y dominio político que la convirtieron de hecho en un Protectorado del gobierno de Estados Unidos y, particularmente, de su Secretaría de Defensa. Siendo su antiguo «Canal «Zone», un inmenso espacio territorial al margen de la jurisdicción del gobierno de la República de Panamá, la cual bordeaba ambos lados del Canal y alojaba un sinnúmero de instalaciones residenciales, administrativas, militares, policiales y de inteligencia de Estados Unidos, las cuales no solo servían como defensa y seguridad de ese espacio sino que se articulaban como sede del Comando Sur y la tristemente célebre Escuela de Las Américas en apoyo a las estrategias intervencionistas en los países de América Latina y el Caribe.
Esta República solo pudo comenzar a adquirir su condición de soberana e independiente de Estados Unidos cuando, llegado a la Presidencia el patriota general Omar Torrijos, se inició con la solidaridad de gobiernos y pueblos de Nuestra América, el reclamo histórico (que tuvo como antecedente la sangrienta protesta estudiantil de 1964 y como continuidad el movimiento patriótico del general Noriega de finales de la década del 80, que culminó con la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989) de la entrega y dominio soberano a las autoridades de la república del Canal de Panamá y su zona contigua; proceso que culminó en 1977 con la firma del Convenio Torrijos-Cartes, con el cual se dio inicio a la reversión paulatina a Panamá del control de todo su territorio canalero y la participación dominante en la operación, administración y el beneficio económico de su principal patrimonio que es el Canal.
Sin embargo, aunque la salida de las tropas y los funcionarios de Estados Unidos y la reversión de la Zona del Canal constituyeron cambios estructurales y funcionales importantes de Panamá, la élite política y económica aliada incondicional del modelo neocolonial de protectorado panameño, se resistió a emprender los tímidos cambios políticos, económicos y sociales planteados por el general Torrijos (muerto en extrañas circunstancias en un accidente de aviación el 31 de julio de 1981) perpetuando el mismo modelo de desarrollo de economía de enclave que convirtió a la Ciudad de Panamá en una moderna urbe sede de un impresionante sistema financiero internacional. Y, a Colón en una zona portuaria de régimen arancelario especial, que opera como un gran mercado de mercancías de origen asiático fundamentalmente, para ser distribuidas en Suramérica y el área del Caribe, generando una profunda diferenciación en el desarrollo de estos dos centros financieros y comerciales y el resto del país. Pero, especialmente, una honda desigualdad en calidad de vida y oportunidades en el tejido social entre una minoría de burócratas públicos, de la gerencia privada de Panamá y Colón y los miles de trabajadores públicos y privados, pequeños comerciantes, artesanos, campesinos e indígenas que acumularon descontentos sociales, los cuales en los últimos años han venido estremeciendo la relativa pasividad de los movimientos laborales estudiantiles y campesinos panameños.
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Este inmovilismo del sistema económico para promover una más justa distribución de la riqueza, el acceso a los servicios públicos, el abandono de los territorios y poblaciones lejanas a la capital y la agudización de la crisis económica global, provocada por la crisis del capitalismo y, en particular, de la economía de Estados Unidos y su signo monetario; el dólar que también es moneda oficial en Panamá, hizo inevitable el crecimiento del descontento y el desarrollo de un movimiento social que unió, como nunca antes, a las y los trabajadores, estudiantes, campesinado y comunidades indígenas, que han obligado al presidente socialdemócrata Laurentino Cortizo, del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) a sentarse con la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), en la Mesa Amplia de Negociaciones y a las viejas élites considerar estudios de cambios en el sistema tributario, de los precios y las tarifas de bienes y servicios esenciales, atender las necesidades en los territorios marginados y reconocer legitimidad a la vocería de la Plataforma Unitaria de Lucha, que dirige la protesta social.
Cabe destacar que la radicalización y expansión nacional de la protesta social, ha rebasado las movilizaciones recientes, vividas en el paro social de la zona de Colón. La significación de lo que hoy se vivencia es la amplitud de los movimientos sociales y políticos y el nivel de unidad, de organización y articulación logrado, lo que ha permitido mantener la confrontación con el gobierno en el espacio de la calle, combinándolo con diálogos y negociaciones en consulta permanentes con las bases movilizadas.
Quieran o no los nostálgicos del proteccionismo de Estados Unidos y del orden de las élites de comerciantes y financistas de Ciudad de Panamá, el pueblo panameño resurgió de las aguas oceánicas y sus verdes montañas para reclamar la justicia social que les inculcó el general Omar Torrijos.
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Yoel Pérez Marcano Exembajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas y Belice
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