Se le hicieron agua los helados, reza un refrán muy popular en Ecuador.
El proyecto de Ley Orgánica de Inversiones, considerado la materia ley de alianzas público -privadas, que pretendía mediante delegación concesionar por treinta años, con ampliación hasta diez más, a los sectores estratégicos públicos ecuatorianos, incluidos los derechos del Régimen del Buen Vivir, prohibidos constitucionalmente, con el pretexto de generar dos millones de plazas de trabajo, a la que subyacía un interés netamente privatizador del estado en Ecuador, sumados los pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, propietario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social( BIES). Esta institución bancaria que posee la cartera más grande del Ecuador con un volumen de 24 mil millones de dólares, siendo un pastel económico muy atractivo para los bancos Pichincha y de Guayaquil, que juntos no superan los 12 mil millones de dólares, que hubiese significado el despojo de una institución bancaria de primer piso, perteneciente a los y las afiliados/as al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que son sus legítimos propietarios/as.
El régimen acudió a todas las estrategias y maniobras, a fin de que este proyecto enviado de manera urgente por la presidencia de la República, entre en vigencia por el ministerio de la ley, tal como determina Constitución y Ley Orgánica de la Función Legislativa, en caso de no tratarse en el plazo de treinta días.
En la Asamblea Nacional hubo un ambiente para rechazar este proyecto, porque la vigente Ley Orgánica Tributaria, siguió el mismo procedimiento, y al agotarse el tiempo para su debate o aprobación entró en vigencia, por el ministerio de la ley, misma que viene colgando en las espaldas de la gente el pago de tributos o impuestos, que han encarecido el disfrute de derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano.
En el cenáculo legislativo, el proyecto de ley siguió el procedimiento parlamentario y en primera votación fue rechazado por la Asamblea Nacional. Proyecto perverso de ley que pretendía privatizar hasta el aire polucionado que se respira, saturado de calentamiento global y continuidad de variantes de la pandemia, ahora transformada en sindemia.
En efecto, con 87 votos fue rechazado el proyecto de ley y en segunda votación sometido a reconsideración se aprobó el archivo definitivo del proyecto en mención.
En la antesala de diez meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso, es notorio el agotamiento de su capital político, proporcionado por una exitosa campaña de vacunación de la Covid-19, utilizando la estrategia del Socialismo del Buen Vivir. Este último ha logrado un proceso de inmunización del 78.22% de acuerdo a información de Ministerio de Salud Pública del Ecuador, incluidas tres dosis, a personas mayores de 50 años, capital que se ha ido desgastando abruptamente en la caída del porcentaje de popularidad, hasta situarlo en un 29%, de acuerdo algunas encuestadoras de opinión social, de aceptación a su gestión. Demostrando que ha sido muy eficiente para gobernar en beneficio de los sectores a los que representa, e ineficiente en materia de políticas públicas para el pueblo.
En respuesta al tratamiento del proyecto de ley y procedimiento por parte de la Asamblea, de manera airada en un lenguaje cargado de acusaciones, el presidente Lasso, en declaraciones efectuadas a medios de comunicación privados y en su red social de Twitter, ha dicho que la ANE, “es una cueva de ladrones chantajistas, que pedían prebendas, reparto de hospitales, e incluso dinero en efectivo”, a fin de apoyar con su voto para la aprobación de mencionado proyecto. Lo cual raya en el cometimiento de presuntos delitos penales muy graves, que caen en el ámbito del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Consideramos que estos se habían quedado sepultados en la década de los años noventa del siglo veinte, mismos que dieron paso el denominado feriado bancario, que le costó más de ocho mil millones de dólares al estado y pueblo ecuatoriano, nefasto acontecimiento que configuró el despojo de sus ahorros, generando una migración de cerca de cuatro millones de ecuatorianos y ecuatorianas.
En el régimen anterior, en el palacio legislativo, el denominado hombre del maletín volvió a reaparecer repartiendo hospitales. No tardaron las reacciones de legisladores/as de algunas bancadas legislativas, en repudiar dicho pronunciamiento, manifestando que puntualice con nombres y apellidos a los y las posibles asambleístas presuntamente inmersos en esas acusaciones, que son presunciones del cometimiento de delitos, tipificados en la administración pública, así como en Ley Orgánica Legislativa, Ley Orgánica del Servicio Público, su correspondiente reglamento y el COIP, respectivamente.
Han salido a luz estas denuncias realizadas por el presidente, y posteriormente enviadas a la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante una carta en la que acusa con nombres y apellidos que, en Asamblea Ecuador, hay asambleístas que presumiblemente están inmersos en algunos delitos penales, lo que claramente desnuda, la crisis de un régimen que tendrá que buscar acuerdos y consensos para construir gobernabilidad.
No será fácil si no propicia el verdadero encuentro, con las organizaciones sociales, las que de acuerdo con la arena política que se presenta, se evidencia un escenario de incremento de la conflictividad social, agravado más aun por el conflicto existente entre Rusia y Ucrania, cuyos impactos ya se ven en los trabajadores/as, articulados/as, a la cadena de producción de los productos de exportación como son: banano, camarón, flores, cacao y café.
Con posterioridad al archivo del proyecto de ley, la arena política ha subido de temperatura.
No vamos a entrar en el análisis de la carta de denuncia, porque es un proceso de investigación e indagación fiscal, con presunciones del cometimiento de algunos tipos penales, de conformidad al Código Orgánico Integral Penal, concomitante en Constitución consagra la presunción de inocencia, mientras no se encuentren los correspondientes indicios y elementos de convicción, que prueben lo manifestado por presidente.
Consejeros presidenciales, y algunos asambleístas articulados al partido gobernante, no descartan la muerte cruzada, recurso constitucional, que puede ser usado tanto por presidente, así como por Asamblea Nacional , lo que deberá ser materia de profundo análisis, sabiendo que hay una estrepitosa caída de la popularidad del presidente Lasso , que pondría en serio riesgo su permanencia en el Palacio de Carondelet, sumado el ambiente preelectoral para elecciones de los tres niveles de gobiernos autónomos descentralizados como son: prefecturas, alcaldías, concejalías, presidentes/as de gobiernos parroquiales y vocalías de las mismas.
Es evidentemente la continuidad de la agenda impuesta por los multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, que han encarecido el empleo, la disminución presupuestaria en educación, en salud. Han desaparecido los fármacos y medicamentos básicos de las áreas de farmacias del sistema de salud pública y de la seguridad social.
Es sorprendente que ni siquiera existan analgésicos, al igual que la constante disminución de profesionales de salud, bajo la trampa neoliberal de que se terminaron sus contratos. El vocero presidencial, ha manifestado que la provisión de medicamentos se canalizará a través del sistema corporativo de farmacias privadas.
Han vuelto activarse los gremios y organizaciones sociales en defensa y demanda de la implementación de políticas públicas, las que están ausentes o no constan en el programa de gobierno del presidente Lasso.
Presidente y asambleístas son servidores/as públicos de elección popular y el mandante es el pueblo.
El archivo definitivo del proyecto de ley, ha motivado la reactivación de la denominada muletilla constitucional de la muerte cruzada, facultad, tanto del presidente como de la legislatura, que previamente deberá ser enviada a la Corte Constitucional , que es la máxima instancia de revisión constitucional, de aprobación o negación de este recurso constitucional, que le puede permitir gobernar al presidente mediante decretos presidenciales, con la anuencia de Corte Constitucional, que le faculta realizar reformas del marco legal, sin afectar derechos, disolver la Asamblea y disponer que el Consejo Nacional Electoral, pueda convocar a un nuevo proceso electoral, legislativo y presidencial. Situación que deberá ser analizada muy profundamente por el presidente, debido a la estrepitosa caída en su nivel de popularidad, credibilidad. Lo que se traduciría en un serio riesgo y continuidad en Carondelet, así como el estancamiento del proyecto de gobierno oligárquico neoliberal.
A propósito, AN, lo único que ha hecho es dar cumplimiento a sus atribuciones y competencias constitucionales. Por ahora un ambiente de tensa calma y de agitación popular impera en el Ecuador. El presidente tendrá que acudir a la construcción de una agenda, que signifique en la realidad concreta un pacto social que le permita flexibilizar su programa oligárquico neoliberal, del capital financiero y especulativo. No ha dejado de ser un banquero.
Empero, ello no significa que debe abandonar su matriz político e ideológica neoliberal, pero sí implementar en la práctica su eslogan del gobierno del encuentro; con todas las organizaciones sociales y políticas, un encuentro con el pueblo.
Construir un gran acuerdo, sin caer en la objeción de conciencia, ya que como presidente de la República es el primer ciudadano en garantizar el cumplimiento del Estado de derechos consagrado en la Constitución y cumplirlos.
La implementación, continuidad del manual y libreto comenzado con el antecesor Moreno, al que le caracterizaron las violaciones recurrentes de derechos humanos, no es el camino adecuado.
Insistimos, en Ecuador hay que construir un gran acuerdo nacional, sin sacrificar y poner en riesgo el presente de las generaciones de la niñez, adolescencia, juventud, que necesitan crecer y desarrollarse en un país que ama la paz y la vida en abundancia, igualmente, los otros grupos etarios, sin acudir a la revitalización y refuncionalización del laboratorio del neoliberalismo, al que se quiere sumergir al Ecuador, que en otros países latinoamericanos ya fracasó.
No basta con emitir pronunciamientos y enunciados, que carecen de una práctica concreta. Menos palabras, más acciones, con políticas públicas. Es importante mencionar que movilizarse, protestar, organizarse, son derechos constitucionales.
Acudir y reeditar octubre del 2019, no es el camino viable. Volver a posicionar la recurrente narrativa de que existen conspiradores de la democracia, es completamente absurdo, más aún si sus pretensiones están mediatizadas, en retomar la perversa hoja de ruta del régimen anterior.
Es oportuno manifestar que la inseguridad no se diezma con más policías y militares, sino con la implementación de políticas públicas integrales. En los centros de privación de libertad, están seres humanos y humanas, expresión de las profundas brechas de inequidad e injusticia social.
Menos gastos en policías y militares, más inversión presupuestaria para dinamizar la producción, la economía social y solidaria, la salud y educación, que son derechos constitucionales del Régimen del Buen Vivir. Por allí tiene que ir la hoja de ruta para gobernar con gobernanza. Presidente de la República son mandatario y asambleístas representantes del pueblo para legislar y fiscalizar en beneficio del pueblo y del tejido social que depositó su confianza en él, ellos y ellas. Cabe mencionar que el mandante soberano es el pueblo y en el reside la soberanía popular.
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Luis Ernesto Guerra Analista político y activista de Derechos Humanos
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