El pasado 22 de marzo el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un informe sobre la recuperación económica y la estabilidad del sistema financiero desde 2021 y hasta enero 2022, basado en el modelo Económico Social Comunitario Productivo que adelantó el gobierno de Luis Arce.
Las alentadoras cifras de crecimiento económico alcanzadas por el país andino-amazónico, además de la sostenida liquidez monetaria, se generó por diferentes factores, el primero y más sólido ha sido la inyección de créditos productivos para la pequeña y mediana empresa, además de la creación de políticas públicas y legislación para proteger la empresa, desde el Estado se procuró la baja de la importación para beneficiar la producción nacional y el resultado es un excedente, según las cifras de este informe, de “11 mil 954 millones de bolivianos (bs), por encima de la gestión de 2020 que fue de bs nueve mil 348 millones y bs seis mil 475 millones», años álgidos de crisis política en el país.
La reinversión social del Gobierno se reflejó en los sectores productivo y de construcción de vivienda social. El comportamiento de la población que retomó el desembolso de créditos, la confianza en la banca con depósitos a plazo fijo, medidas de ahorro, adicional a los recursos que se han movido con las remesas internacionales que han establecido por tercer período un alza significativa en enero con la entrada de 114 millones de dólares, además del control sobre la inflación que se ha mantenido estable en el país.
Durante la pandemia el gobierno de facto implementó la activación de mecanismos que congelaron la cancelación de pagos de créditos hipotecarios, personales o de otra índole, como la Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal de Pagos de Servicios Básicos, con diversas modificaciones durante 2020, y si bien fue un beneficio que permitió la reprogramación y refinanciamiento de las deudas, no fue del todo clara la normativa en tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debía explicarla para que los beneficiarios adquirieran el compromiso, mientras que ahora ha significado para los deudores un incremento en el monto de las sumas que los bancos prestaron por los intereses acumulados que no fueron contemplados en los períodos de gracia.
