Cada 20 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Justicia Social, concepto que apela a la búsqueda para erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo digno, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar para todos y todas.
Pienso que debería servir para preguntarnos cómo promover la justicia social para todos y todas. Y mi reflexión es pesimista acerca de esta conmemoración, porque cada día empeoran las condiciones materiales de gran parte de la población mundial, que no logramos dimensionar. Cabe la insistente pregunta de si esta declaración hecha en noviembre de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya servido para algo. Tengo la certeza de que son los pueblos, organizados, conscientes, los que logran revertir procesos de desigualdad, pueblos o grupos que han luchado, incluso dando su vida, por ser respetados y considerados, denominados minoría muchas veces, pero en realidad cuando hablamos de, por ejemplo, las luchas feministas son la mitad de la población mundial. También es el caso de los grupos LGTBIQ+ o de personas con capacidades diferentes, grupos étnicos o pueblos originarios.
La lucha por el empleo digno siempre fue dada por grandes masas de trabajadores y trabajadoras, a través de organizaciones sindicales que reivindicaban sus derechos; hoy estas instancias están cada vez más acalladas, porque el empleo ha cambiado y ahora la industria o las empresas prestadoras de servicios han ido atomizando la fuerza de trabajo a partir de la subcontratación y la tercerización, lo que pauperiza más las condiciones de vida de la población.
Entonces, para que haya justicia social el sistema debe cambiar. No es posible, por ejemplo, que las fortunas supermultimillonarias hayan crecido durante la pandemia de Covid-19 que en los últimos 14 años. Se trata del mayor incremento anual jamás registrado. En detrimento de los más pobres que en estos años son más cantidad y mucho más pobres que antes. Que la muerte de una persona cada cuatro segundos esté ocasionada por el hambre, por la falta de acceso a servicios de salud y los efectos del cambio climático en países pobres, y por la violencia de género arraigada en sistemas político/económicos patriarcales y sexistas. Millones de personas estarían vivas si hubieran recibido tratamientos médicos oportunos contra el Covid-19, mientras las grandes empresas farmacéuticas continúan conservando el monopolio de la tecnología vital (datos de Oxfam).
La injusticia social es lo que ha prevalecido en un mundo dominado por quienes se creen superiores; exterminio de pueblos indígenas y afrodescendientes, imposición de culturas y religión, explotación y un largo etcétera. En esto pienso mientras me entero de que ha muerto, este miércoles, la última mujer del pueblo yagán, Cristina Calderón, que hablaba su idioma nativo, tenía 93 años y fue reconocida como un “tesoro humano vivo” por su trabajo y su tesón en la preservación de una cultura que dejó de existir porque la exterminaron. Pero corresponderá a los pocos descendientes vivos del pueblo yagán que se reivindique la lucha de Cristina y se reconozca y haga justicia social a los pueblos originarios del sur del mundo.
Asombra que se relativice aún la lucha de las mujeres por la paridad e igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, y no se valoren los avances en algunas partes del mundo en ese aspecto. Esas luchas y sus logros me dan esperanza en esta breve reflexión.
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Cris González Directora de Correo del Alba
