Los graves enfrentamientos armados el pasado domingo 2 de enero, supuestamente entre estructuras de las FARC-EP segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente por diferencias en el control de territorio en la zona fronteriza con Venezuela, cuyo trágico saldo fue de más de 20 combatientes y civiles muertos, pareciera confirmar la preocupación del presidente Nicolás Maduro y el Alto Mando Militar acerca de establecer como prioridad de la política militar el reforzamiento de las fuerzas militares y el desalojo del territorio nacional fronterizo con la República de Colombia de toda presencia de elementos armados que afecten la seguridad y tranquilidad de nuestra población y su actividad económica.
En su mensaje en cadena de radio, televisión e Internet, de salutación a las y los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el pasado 28 de diciembre de 2021, el presidente anunció un viraje total de la política militar de preparación para enfrentar la posible agresión de las fuerzas militares de la República de Colombia, con apoyo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, por una concentración y operación de fuerzas conjuntas y combinadas de todos los componentes de las FANB para atacar y desalojar de los espacios fronterizos venezolanos, formaciones armadas que identificó como Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol), cuya presencia viene afectando la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones fronterizas.
Aunque el Presidente no dijo específicamente qué organizaciones tienen tal calificación, no es difícil deducir que se refiere a organizaciones insurgentes que se mantienen en estado de beligerancia armada por la suspensión de la aplicación integral del Acuerdo de Paz con la FARC-EP (hoy convertido en Partido de los Comunes) de 2016 por parte del presidente colombiano Iván Duque y el retiro del Diálogo de Paz con el ELN, arreciando la ofensiva militar en las zonas de presencia insurgente y permitiendo la impunidad de los autores materiales e intelectuales de las masacres contra la dirigencia social, defensores de derechos y de excombatientes desmovilizados e insertados en la lucha política legal colombiana.
Reconociendo las fundadas razones, evidentes motivos y la incuestionable facultad presidencial para disponer el apresto operacional de las FANB, en cualquier tiempo y espacio en protección de nuestra soberanía territorial, debe estimarse que cualquier decisión soberana en materia militar fronteriza pudiera arrastrar al país a un conflicto armado que se encadene con el conflicto armado interno en la vecina Colombia, lo cual, además de los valiosos y limitados recursos humanos, de equipamiento de sistemas y materiales militares disponibles para el inmenso territorio fronterizo y la hipótesis de tres frentes de guerra (Estados Unidos, Colombia y Guyana), generaría un esfuerzo que en las presentes circunstancias no parece aconsejable.
Por otra parte, la dolorosa experiencia del pasado año, cuando se ejecutó la Operación «Escudo Bolivariano» contra supuestos acantonamientos móviles de estructuras armadas insurgentes procedentes de Colombia, no solo se produjeron miles de desplazados de la población venezolana de la Victoria hacia Arauquita, en el lado colombiano, y aunque se informó de más de 30 detenidos y varios muertos en el grupo armado irregular, las fuerzas propias tuvieron más de 20 bajas, incluyendo un oficial superior, lo que midió el grado de dificultad para realizar tales operaciones militares; lo cual pareciera recomendar un tratamiento integral de carácter político, diplomático, social policial y, por supuesto, militar que, a mediano y larga plazo, erradique esta situación derivada de la guerra interna colombiana.
Adicional a ello, no puede dejar de considerarse en este contexto que la República Bolivariana de Venezuela está formalmente comprometida como Estado Coadyuvante de los Acuerdos de Paz de Colombia por lo que cualquier iniciativa militar tendría inevitables implicaciones respecto a actores del conflictos interno en el vecino país, que pudieran afectar el valioso y determinante papel en los contactos entre la insurgencia armada colombiana y el gobierno oligárquico de Iván Duque con vista al cumplimiento total, integral y permanente de la letra y el espíritu del Acuerdo de Paz del año 2016, el cual tiene carácter de Instrumento Internacional al ser suscrito por el Reino de Noruega y las repúblicas de Cuba, Colombia, Chile y bolivariana de Venezuela, además de tener a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la condición de depositaria del mismo y Veedora de Buena Fe de su cumplimiento, lo que aconsejaría una iniciativa de consulta con todas Las Partes involucradas en lo que pueda afectar ese proceso; motivo por el cual sería prudente y conveniente propiciar reuniones exploratorias con Las Partes y otros sujetos no estatales involucrados para favorecer acuerdos que permitan la comprensión de la legítima decisión venezolana.
Finalmente, es importante insistir que la caracterización de sectores de la insurgencia revolucionaria colombiana como Tancol, por parte del gobierno del camarada Presidente, pudiera ubicar injustamente a Venezuela, que es un país de paz, con la misma visión velocista de los gobiernos de los Estados Unidos y de la República de Colombia, lo cual resulta inconveniente políticamente a los intereses de nuestro Gobierno y de la Revolución bolivariana, frente a los cambios políticos que se vienen operando en nuestra América, en donde cada vez mayor conciencia acerca de que el negocio de la droga y el problema del narcotráfico es de la responsabilidad y el beneficio de la burguesía colombiana y sus gobiernos y el sistema financiero internacional y que Estados Unidos apoya militarmente a esos gobiernos oligárquicos no para erradicar la producción de cocaína y otras drogas (allí se ha legalizado la producciones y el consumo), sino para derrotar militarmente a la insurgencia colombiana que constituye aún una formidable fuerza política y militar no desestimable en la Colombia actual.
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Yoel Pérez Marcano Exembajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas y Belice
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