Las elecciones de este domingo 7 de noviembre, en la República de Nicaragua ha desatado nuevamente la ofensiva política de los centros imperialistas y colonialistas dirigidos a imponerle a la Patria de Sandino, un tutelaje político de Observación Electoral, que al final se convierte en una operación política dirigida a cuestionar la validez de las elecciones generales, en la que están en juego la Presidente de la República, la Asamblea Nacional y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.
A pesar de todas las presiones diplomáticas, las medidas coercitivas ilegales (mal llamadas «sanciones) contra sus altas autoridades y la economía nicaragüense, la República de Nicaragua, defendió dignamente los principios universalmente aceptados en la Organización de Naciones Unidas de reciprocidad, no Injerencia en los asuntos internos e igualdad jurídica de los Estados, invitando a su proceso electoral a aquellos países hermanos de Nuestra América, entre ellos a la República Bolivariana de Venezuela para acompañarlos en este importante proceso con el cual se cierra el ciclo de desestabilización subversiva que la derecha neocolonial al servicio de los Estados Unidos, desató en abril de 2019, provocando muertes y heridos entre las fuerzas del orden y la población, daños cuantiosas a la propiedad pública y privada, afectaciones a la economía con el crecimiento porcentual del PIB más elevada de América Latina y el Caribe y uno de los gobierno con mayor estabilidad política de Centroamérica, con el mismo formato de los años 2014 y 2017 en Venezuela y con el mismo resultado: la derrota política y la aplicación inexorable de la ley a los principales actores terroristas, financistas y agentes mediáticos y políticos de la subversión.
En esta operación subversiva global, financiada por el gobierno de los EEUU, destacó el uso del foro regional de la Organización de Estados Americanos, OEA, que bajo la dirección del su Secretario General, el uruguayo Luis Almagro, pretendió el envío de una Comisión de Observación Electoral y el Consejo de la Unión Europea, cuyo vocero es el español Jhosep Borrell, con la misma pretensión, a quienes, de manera soberana el Estado nicaragüense con base a la Ley de Defensa de la Soberanía nacional, les negó tal pretensión y con ello evitó que, al igual que con el Estado Plurinacional de Bolivia, tales organismos pudieran crear condiciones para cuestionar los resultados electorales.
Esta postura de la República es Constitucional, legal y legítima conforme al orden jurídico interno, también a los principios de la Carta de la ONU y de la OEA y la Convención Internacional de Relaciones Diplomática, igualmente conocida como Convención de Viena, de 1961 y a la luz de la experiencia recientes de Bolivia y Honduras, es una medida políticamente correcta para blindar los procesos electorales de los países de Nuestra de América del pretendido tutelaje de los Estados Unidos y la Unidad y la Europea que, contrario a su pretensión de observar y calificar todos los procesos electorales que se producen en la región, no aceptan, en modo y forma alguna, operaciones de observaciones electorales en sus propios países, negándose con ello a admitir la vigencia del Principio de Reciprocidad que Norman las relaciones pacíficas, de cooperación y colaboración entre los Estados.
En este contexto, sería interesante observar Comisiones de Observación o Veeduría Electoral de América Latina y el Caribe en Estados Unidos, los 28 Estados miembros de la Unión Europea, Canadá, Israel, Australia, Japón y Corea del Sur, recogiendo las quejas e inconformidades de su poblaciones en materia de Derecho al Sufragio, a la libre organización y financiamiento de los partidos, a la representación proporcional de las minorías, la integración imparcial de los organismos electorales y la distribución equitativa del pueblo en los organismos de representación popular, especialmente de los negros, latinos y asiáticos, los irlandeses del norte, los escocés y galeses, los catalanes, vascos, canarios y gallegos, los bretones, mauritanos, guadalupenses, martinicos, vicentinos, granadinos, arubeños, curazaleños, bonaerenses e indígenas canadienses y australianos.
En cualquier caso, estás operaciones de acompañamiento, observación o veeduría electorales, no solo se han convertido en una situación colonizante de las relaciones entre los Estados, sino que a la luz de la existencia de Misiones Diplomática y Servicios Consulares y medios electrónicos de amplio espectro y efectos, resultan técnicamente innecesarias para que los Estados, con interés en tales procesos y las organizaciones internacionales relacionadas con el tema electoral, dispongan de suficientes y efectivas fuentes humanas y tecnológicas para colectar información relevante que suministrar a sus gobiernos y altos directivos, informaciones fidedignas del desarrollo y resultados de tales procesos, con el fin de realizar estudios y análisis situacionales en su legítimo beneficio, sin necesidad de enviar sus agentes de chalecos azules o grises que resultan tan chocantes a la dignidad de nuestros pueblos.
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Yoel Pérez Marcano Exembajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas y Belice
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