El pasado 19 de octubre de 2021, se cumplieron dos años del estallido social que conmocionó a Chile y sorprendió al mundo entero que, por aquel entonces, tenía a la nación transandina como “el modelo”, pues este era en palabras del presidente Sebastián Piñera: “un oasis” en el desierto caótico nuestroamericano. En este artículo vamos a repasar las causas de la mayor revuelta popular del país transandino en el siglo XXI desde la dictadura de Augusto Pinochet, proceso militar que se cobró la vida de más de 40 mil personas, entre ellos la del presidente mártir Salvador Allende, y que, desde 1973, oficializó la implementación de las políticas neoliberales por primera vez en un país de América Latina.
Valga señalar que, en la actualidad, Chile se encuentra atravesando dos procesos políticos de extrema importancia para el futuro del gobierno y de la sociedad chilena: 1) el proceso constituyente, del cual emergerá una nueva Constitución Política, y 2) la campaña electoral presidencial que definirá quién será el nuevo jefe de Estado y de Gobierno chileno para el período 2022-2026. Ambos procesos han sido signados por el estallido social del 19 de octubre de 2019. Analizaremos la campaña presidencial en un próximo artículo.
La revuelta popular de 2019: El estallido
Las protestas sociales de 2019 en Chile develaron una cara, para muchos, desconocida del “país modelo”. Los supuestos neoliberales defendidos por las derechas nacionales e internacionales acerca de la elevada calidad de vida de toda la población chilena, equiparada a los estándares de desarrollo occidental (es decir, norteamericano y europeo), la inexistencia de clases sociales o la presencia de una única clase media, un sistema previsional envidiado, una democracia vigorosa, la alianza estratégica con Estados Unidos y hasta el liderazgo regional de Sebastián Piñera, reafirmado con la creación de la Prosur. Todo esto, después del 19 de octubre de 2019, se esfumó y se encuentra bajo profundos cuestionamientos.
¿Cómo comenzó todo?
El estallido en el Metro, como se conoce al epicentro de las protestas, comenzó el 6 de octubre de 2019, cuando el Panel de Expertos del Transporte Público de Chile, aprobó un incremento de las tarifas para la capitalina Red de Movilidad, que afectó a más del 90% del Área Metropolitana de Santiago, la capital del país. Vamos a recordar que el aumento en concreto fue de 30 pesos chilenos (0,040 dólares estadounidenses; 0,034 euros), así el pasaje que costaba 800 pesos pasó a valer 830, en horas pico, y 640 pesos, en horas de baja concurrencia. Parecería un incremento moderado, a algunos incluso le podrá parecer exagerado, lo que sucede es que el transporte no es la única carga que deben soportar las familias chilenas, incluidas aquí las de clase media.
Los primeros en rechazar la medida fueron los estudiantes, quienes comenzaron a evadir los controles en el Metro. Esto ocurría frente a la escasa sensibilidad de varias altas autoridades del gobierno: el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, declaró “quien madrugue puede ser ayudado,” parafraseando la conocida oda al trabajo “Al que madruga, Dios lo ayuda”. Por su parte, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, mientras anunciaba el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), aconsejó “a los románticos, comprar flores” pues el precio de las flores había sido uno de los pocos rubros que habían bajado, de acuerdo con el IPC. El propio presidente del Panel de Expertos, Juan Coeymans, comentó: “cuando sube el pan no hacen ninguna protesta […] es muy curioso: yo creo que en todo esto hay un manejo político.”
Recién el 17 de octubre inician los eventos de evasión masiva que llevarían a una implosión social hasta el momento sin precedentes en el país. Esta vez las protestas aumentaron en fuerza e incluyeron la destrucción de torniquetes e infraestructura del sistema del metro. Ante estos hechos, el gobierno chileno respondió con otra demostración de fuerza: autorizar la intervención de Carabineros de Chile, cuerpo policial dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. En consecuencia, se producen los primeros enfrentamientos, represiones y detenciones. Se podría afirmar que es en este momento cuando la bola de nieve empieza a rodar y en cuestión de horas provocaría la gran avalancha social.
En efecto, si bien los estudiantes fueron los primeros en manifestarse, esa demostración de malestar social bien focalizada ha permitido destapar toda una caja de pandora de áreas y temas sociales que, aunque son diferentes, tienen una raíz común: el modelo neoliberal de un Estado empresarial, subsidiario, burgués, capitalista, racista, patriarcal y ecocida como lo es el actual Estado chileno. Por consiguiente, al aumento del pasaje del transporte público, se sumaron las movilizaciones para visibilizar otras problemáticas: del sistema laboral y de pensiones, en la salud, la educación, así como también emergieron reclamos del históricamente excluido Pueblo Mapuche y de los movimientos feministas, entre muchos otros.
Así las cosas, el ahora histórico 19 de octubre de 2019, al intensificarse el conflicto social, el presidente Piñera decretó el “Estado de Excepción”, aprobó el “toque de queda” (que no se aplicaba en el país desde 1987) y a autorizó al Ejército chileno a patrullar las calles de Santiago. Al día siguiente, se informaron los primeros muertos y el jefe de Estado pronunció la desafortunada pero muy probablemente sincera frase: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso.” Cabe subraya que, pese a que el mandatario chileno decidió suspender el alza de las tarifas e intentó tomar otras medidas para calmar los ánimos de un pueblo indignado, ya no habría marcha atrás para el estallido social que, para entonces, ya había cobrado dimensiones nacionales e internacionales inimaginables.
La lucha por una Nueva Constitución
Desde que se aprobó, en 1980, la actual Constitución Política chilena ha conocido 35 reformas, y a medida que iba aumentando la cantidad de adaptaciones, en paralelo, iba creciendo la presión de la sociedad, en particular desde los sectores más marginados, a favor de un reseteo de los principios y valores de la república transandina. Notables filósofos, clásicos y modernos, nos han hecho ver que este “borrar y empezar de nuevo” nunca ha significado “volver a cero”, de tal caso, que ni siquiera se ha podido llegar a un consenso sobre cuál ha sido el Big Bang de nuestra comunidad política. No obstante, en el Chile post dictadura, el intento más serio de barajar de nuevo las cartas, llegó recién en el año 2015, cuando, la entonces presidenta Michelle Bachelet anunció: un “Proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos.”
Nada de esto ocurrió y, solo a consecuencia del estallido social de octubre 2019, la élite política del país transandino se vio forzada a ceder poder frente al problema de representatividad que atraviesa Chile y, que puede resumirse en la crisis total por un cambio de modelo. En efecto, dicha crisis total incluye, entre muchas otras demandas históricas, sociales, económicas, políticas, culturales, ecológicas, el proceso constituyente para refundar el Estado chileno. Sin embargo, hay que decirlo desde ahora, este paso si bien es necesario, no es suficiente para un cambio radical del modelo de Estado neoliberal. El historiador chileno Gabriel Salazar Vergara (2019), quien ha catalogado a la implosión social chilena de “revolución ciudadana”, planteó que la clase política dirigente rige su visión histórica por el tiempo constitucional, de defensa de la Ley, que es un tiempo de permanencia largo; por el contrario, la consciencia histórica de los grupos sociales se rige por el tiempo de los problemas que los marginan u oprimen: un tiempo corto, de inmediatez. Esto ha permitido que emerja un nuevo sujeto social histórico.
Así las cosas, un mes después del estallido social en Chile, partidos del oficialismo y de algunos de la oposición, i.e. la parte de la élite política que integraba el Congreso chileno acordó y aprobó realizar durante el mes de abril de 2020 un Plebiscito, como parte del Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución. Esta consulta popular fue finalmente aprobada en octubre de 2020, con más del 78% de los votos a favor, y actualmente la Asamblea Constituyente se encuentra redacta la nueva carta política.
¿Qué pasa hoy en Chile?
A dos años del estallido, los reclamos que llevaron al proceso constituyente siguen sin ser atendidos: la movilización popular no ha podido materializarse en un proyecto político de izquierda o progresista. El rechazo a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del Pueblo (Nación) Mapuche, a la violación de los Derechos Humanos por parte de Carabineros, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la salud, las enormes desigualdades sociales no ha sido suficiente para construir una alternativa fuerte que pueda enfrentarse con el Estado neoliberal y autoritario chileno. En ese sentido, el sociólogo chileno Roitman Rosenmann sostiene que la esperanza en el proceso constituyente “se disolvió víctima de los males que combatía: El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas”.
Por nuestra parte, nos encontramos con el hecho de que tanto el proceso constituyente como la Carta Fundamental en sí misma, que es producto de dicho proceso, tienen limitaciones importantes; i.e. una Nueva Constitución no es, per se, sinónimo de paz social. Entre las primeras razones para ello, tal vez la más evidente, sea que el tipo de políticas públicas inclusivas, que dan respuesta a las demandas sociales, no se diseñan ni se implementan en la Constitución; sino que ella enmarca los principios y valores rectores, que sirven sí de referencia para que luego, la sociedad civil y la sociedad política puedan establecer las formas de materialización concreta de acciones, de relaciones sociales, que podrán ir cambiando o transformando el Estado, el gobierno y la propia sociedad. Por tanto, la Nueva Constitución debía centrarse, para la consolidación en el futuro de un sistema democrático, en una nueva forma de gobierno y en un nuevo tipo de Estado, pero lamentablemente esto no fue lo que sucedió.
Por el contrario, los debates y la propia redacción de la nueva carta magna chilena marcha a paso firme a erigir las bases de un Estado nuevamente neoliberal.
En ese orden de ideas, la Convención Constitucional (CC), el órgano constituyente encargado de redactar una nueva constitución política para el pueblo de Chile debió recoger las demandas de asambleas locales, barriales, municipales, es decir, de la expresión genuina y popular, para reflejarla en la carta magna. Pero a la fecha, los poderes facticos han comenzado a controlar la Convención, con lo cual la élite chilena seguirá delineando la dirección de la nueva constitución. Sin embargo, no todo es negatividad en este proceso: tenemos por ejemplo pequeños pero simbólicos avances: la CC es presidida por Elisa Loncón, una mujer mapuche, activista por los derechos de los pueblos indígenas, esto es inédito e histórico en un país como Chile, marcado por un alto racismo, machismo y rechazo hacia los mapuches, entre otros pueblos originarios. La Convención Constitucional sigue su marcha, las esperanzas de un cambio real parecen ir perdiendo fuerza, sin embargo, el pueblo chileno mantiene firme sus convicciones, aunque la élite no quiera escucharlas. Prueba de esto fueron las manifestaciones del pasado 18 de octubre de 2021, miles de hombres y mujeres chilenos marcharon por todo el país para conmemorar los dos años del histórico estallido social, y nuevamente fueron reprimidos por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Finalmente, lo que demuestra que la CC fue cooptada por la élite chilena, es que la mayoría de los líderes políticos justificó la represión y no se puso del lado del pueblo. Como dijimos al comienzo de este artículo, el proceso constitución se encuentra atravesado por la campaña presidencial 2022, con lo cual habrá que esperar al año que viene, para que tengamos el texto definitivo de la nueva Carta Magna, para saber a ciencia cierta si el pueblo chileno ha sido una vez más traicionado, o que pocas victorias pueda obtener de la revolución ciudadana de octubre de 2019.
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Micaela Ovelar Analista política internacional y activista social feminista agertina-venezolana
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