Durante los últimos años en Venezuela hemos visto aparecer con mucha frecuencia, algunas terminologías de la guerra. Así, dicha como si fuese cualquier cosa se planteó que lo que ocurría en Venezuela era una crisis humanitaria, lo que, se llegó a afirmar, ameritaba que aquí entrasen fuerzas extrajeras, del modo que pudiesen, trayendo lo que quisiesen, sin ninguna norma porque la presunta crisis lo legitimaba.
Ciertamente, ese escenario fijado en la frontera no ocupa hoy nuestra atención y luego del fracaso de la acción del 23 de febrero de 2019 fue girando hacia la ubicación en el discurso de la supuesta necesidad de aplicar en Venezuela la responsabilidad para proteger, un concepto que ya hemos explicado antes.
Ahora, cuando estamos en agosto de 2021, ocurren dos cosas importantes para analizar esto. La primera, es el desarrollo de los primeros actos reservados, pero de conocimiento público, de la mesa de negociación en México. La segunda, la retirada estadounidense de Afganistán.
En principio, cuando miramos la mesa de negociación tenemos que tomar en cuenta que esta es una etapa de un proceso más largo, que fue antecedido por una fase pendular, de conversaciones protegidas, en las que se fue construyendo el consenso que sostiene el memorándum leído en Ciudad de México y publicado el 17 de agosto de 2021 en la Gaceta Oficial de la República.
Entre estos siete puntos, algunos aspectos son transversales: Venezuela tiene un solo gobierno y éste es presidido por Nicolás Maduro, cuya legitimidad no se debate. El segundo, es el reconocimiento de la Constitución como norma suprema y única, lo que elimina cualquier posibilidad de declarar la vigencia del denominado “Estatuto de la Transición” y cualquier otro texto emanado de éste. El tercero, es el acuerdo de desistir de la violencia y, por ende, mantenerse dentro de la esfera de la política que también se entiende como un espacio donde todos los venezolanos pueden intervenir al mismo tiempo que son sólo los venezolanos los que podemos hacerlo.
Así, lo ocurrido en México, donde se reunieron representantes del gobierno y de las oposiciones, constituye la mayor perforación retórica a la idea de la necesidad de una intervención humanitaria imperiosa, urgente e inevitable, que manejó el sector antigobierno. En tanto, en vez de un territorio bajo enfrentamientos, el país se muestra como una entidad soberana, madura y capaz de resolver los asuntos que le urgen, que, según lo planteado en ese mismo documento se circunscriben fundamentalmente a la situación de los derechos políticos y sociales.
La importancia de esta fotografía no es posible entenderla si no tomamos en cuenta varios elementos, entre ellos, las mismas imágenes que se viralizan sobre Afganistán, un conflicto sobre el cual ahora la Casa Blanca señala que nunca se trató de defender a la población, ni de construir una nación.
Una declaración que tiene tanto de temible como de sorprendente porque lo que tuvo lugar en el Derecho Internacional, tras los hechos de septiembre de 2001, fueron precisamente debates con relación a la legitimidad de las intervenciones militares humanitarias, entre las cuales estaba el caso de Afganistán, que se justificó de este modo dejando de lado las afirmaciones de “Guerra Preventiva” objeto de importantes cuestionamientos sobre su legitimidad, en un derecho que también estudiaba el concepto del crimen de agresión internacional.
Así, en la literatura especializada, podemos rememorar que “…cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, la movida estadounidense para deponer al gobierno del Talibán tuvo relativamente poca oposición en el Norte. Washington aprovechó la simpatía generada hacia Estados Unidos por los acontecimientos del 11 de septiembre y la imagen del gobierno del Talibán dando refugio a Al Qaeda, (…) para reforzar su posición, la administración Bush no sólo utilizó como justificación llevar ante la justicia a los culpables del 11 de septiembre. También presentó sus acciones en Afganistán como un acto necesario de intervención humanitaria para deponer un gobierno del Talibán represor –un argumento justificado por los precedentes de Haití y Kosovo. Invocando esta fundamentación humanitaria, algunos Estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como Canadá, Alemania y Holanda también enviaron posteriormente contingentes armados. Y en este sentido, cabe señalar que también muchas organizaciones no gubernamentales ONGs -incluyendo muchas organizaciones liberales- apoyaron la intervención de Estados Unidos por esta misma razón.”
Ahora bien, este es un tema interesante porque por terribles que sean las imágenes más recientes y se debata lo que significa para los Derechos Humanos en Afganistán un nuevo gobierno talibán, la intervención no significó un avance universal, consolidado y suficiente. Por el contrario, a cinco años de producida la invasión se observaba cómo las condiciones de seguridad no permitían el trabajo humanitario, la debilidad del gobierno instaurado no aseguraba la gobernanza y se evidenciaba un crecimiento sostenido de la producción de drogas.
Es precisamente en ese año, el 2006, que la situación se complejizó. De hecho, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la situación humanitaria en Afganistán había empeorado bastante porque el conflicto había recrudecido en el sur y el este del país y se había extendido hacia el norte y el oeste. Para la misma fecha, Amnistía Internacional, declaraba que tanto las fuerzas internacionales como los grupos insurgentes afganos, cometen violaciones de los Derechos Humanos con impunidad. Un asunto que está siendo objeto de revisión por la Corte Penal Internacional.
Por lo tanto, lo ocurrido en Afganistán, en el pasado y en el presente, no hace más que demostrar que el discurso de la invasión humanitaria y su versión más actual, la de la responsabilidad para proteger continúan siendo discursos falaces y peligrosos para los principios fundamentales de las relaciones internacionales.
En Venezuela, donde hemos visto repetir, por una parte extremista de la oposición y sus aliados, la pretendida necesidad de una acción militar extranjera para supuestamente impedir o eliminar violaciones de los derechos humanos y que esta debía ser dirigida y realizada en contra de la voluntad del gobierno soberano, es importante tomar en cuenta el caso afgano para ver todo lo que ganamos cuando finalmente ha sido posible que las oposiciones se sienten a dialogar con el gobierno nacional en razón de conseguir una solución nacional y pacífica a los conflictos actuales.
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Ana Cristina Bracho Abogada venezolana
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