Los mapas intelectuales de las élites políticas, económicas y académicas parecen no dar cuenta del comportamiento de la sociedad civil chilena y cómo ha impactado a nivel estatal durante las últimas dos décadas, en un contexto donde los nuevos paradigmas de las ciencias sociales nacionales abandonaron una importante tradición de reflexión sobre el Estado, característica de la década del 60 y 70, para reducirla actualmente a su institucionalidad burocrática y política formal (poder ejecutivo, legislativo, judicial, fuerzas armadas y de orden, partidos políticos, entre otros), o, en el mejor de los casos, a un tratamiento sistémico (sistema político y partidos, comportamiento electoral, entre otros), mientras la sociedad civil ha sido considerada como un sistema, mayoritariamente progresista y altruista a partir del protagonismo de los nuevos y viejos movimientos sociales, fundaciones y ONGs de carácter urbanos, pero relativamente separada de la sociedad política, limitándose a presionar al Estado por la satisfacción de sus demandas.
Antonio Gramsci, uno de los tantos fantasmas que recorren nuevamente el mundo, constató una ampliación orgánica y dialéctica del Estado en Occidente a partir del siglo XIX, donde las sociedades civiles comenzaban a robustecerse al alero del desarrollo del capitalismo y su instituciones privadas, y que junto a otras instituciones precedentes como las iglesias, la prensa, la educación, participaban también de forma conservadora o progresista en la disputa por la conducción política, moral e intelectual de las sociedades, generando y transmitiendo sentidos y significados colectivos a importante sectores de la sociedad, llegando a la conclusión de que el Estado era la sumatoria de sociedad política + sociedad civil, con el objeto de entender los momentos de dirección Estatal sobre la sociedad (hegemonía), pero asimismo de significativas crisis orgánicas cuando los sectores dominantes ya no logran reproducir sus concepciones a nivel de la sociedad política y civil frente a proyectos y liderazgos autónomos (hegemonía alternativa).
Ciertamente, lo que estamos viviendo en Chile desde la década del 2000 es un proceso de maduración de esta crisis orgánica del Estado ampliado y su proyecto neoliberal / neoconservador heredado de la dictadura, es decir, liberal en lo económico, pero conservador y autoritario en lo cultural, moral, político, además de estamental en las relaciones de clases, raciales y de género, y centralista en su administración política, cuyas raíces se encuentran en su momento constitutivo colonial y su conformación como Estado-nación durante el siglo XIX, como señaló el intelectual boliviano René Zavaleta, y que recientemente lograra importantes momentos de estabilidad hegemónica, fundamentalmente en la década del 90.
Mientras de forma subalterna se iba produciendo una lenta pero profunda transformación de la sociedad civil neoliberal y su lógica de competencia privada por los recurso del Estado y del mercado, a partir de la emergencia de nuevas subjetividades políticas con intelectualidad propia, como el caso de viejos y nuevos movimientos sociales estudiantiles, ambientales, feministas, liberación sexual, previsionales, de pueblos originarios, entre otros, con un fuerte anclaje territorial (comunas, comunidades, regiones, entre otras) y sectorial (universidades, liceos, gremios, sindicatos, entre otros), hasta lograr conformarse en importantes liderazgos colectivos que fueron desbordando los moldes pactados de la transición, incluso por sobre las mediaciones partidarias y gremiales tradicionales, como se expresara en la serie de crisis coyunturales de la década del 2011-2020.
Con el resultado del plebiscito de noviembre de 2020 y de las elecciones de mayo de 2021, se confirma una nueva hegemonía progresista antineoliberal en la sociedad, donde los partidos de izquierda serían los grandes ganadores al conquistar municipios emblemáticos en la zona central, costa y sur, además de varios escaños en la Convención Constituyente y gobernadores regionales a lo largo del país, pero la emergencia de iniciativas como la “lista de pueblo”, que agrupa a esa “otredad” de sujetos no contabilizados en los análisis electorales, como lo señalara el sociólogo Canales, demuestra que el desborde igual es un llamado de atención para la izquierda del siglo XX y el progresismo del siglo XXI, en términos de la necesidad de superar sus sentidos comunes partido céntricos, para en cambio proponer una “otra política” que se relacione de forma horizontal con la sociedad civil y comunitaria.
Cualquier nuevo proyecto nacional requiere dar cuenta de esa importante y mayoritaria franja social, si consideramos además el 57% de abstención en la última elección, respecto a cuáles son sus concepciones de mundo, científicas, filosóficas y religiosas, de derecho y de territorio, de la política y de la democracia como procedimiento, específicamente, si se encuentran disponibles para un proyecto postneoliberal, o bien, se mueven todavía dentro de una profunda concepción centrista, mercantilista o estamental de las relaciones sociales a la espera de un proyecto de orden, como sucedería con el Brasil de Bolsonaro.
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2021 y del plebiscito de salida del nuevo proyecto constitucional en 2022, nos dará mayor claridad sobre la existencia o no de un proyecto nacional constitucional con el suficiente apoyo de la heterogénea sociedad civil y comunitaria, o bien, la crisis orgánica del Estado seguirá siendo la constante en esta nueva década que recién comienza, hasta que logre abrirse camino mediante un proyecto histórico amplio y representativo.
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Cristian Jamett Pizarro Docente y coordinador del Grupo de Estudio e Investigación Sociedad, Estado y Región + Territorio (SER + T) de la Universidad Arturo Prat de Chile
