En 2020, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, se tomaron diferentes decisiones justificadas en el supuesto déficit de efectivo que según diversas carteras de esa gestión tenía el país, producto de la supuesta “mala administración” realizada por el depuesto Evo Morales y que la razón primordial para solicitar a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito millonario era la declaratoria del Covid-19 como pandemia mundial y el pago de bonos de ayuda familiar.
La reacción del Fondo fue casi inmediata, las ansias por entrar al país luego de 14 años de larga ausencia, en los que Morales posicionó a Bolivia como una de las economías más estables de la Región. Aprobaron un crédito de 327 millones de dólares bajo el “instrumento de Financiamiento Rápido para combatir la Pandemia de Covid-19”, esto incluía en la letra pequeña una serie de condiciones e imposiciones que se debían cumplir a rajatabla para poder seguir con el visto bueno de acceso a créditos de este tipo.
Este préstamo fue solicitado directamente por el Ejecutivo, no llegó a ser aprobado por el Parlamento, debido a la oposición que la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, contrafigura que pulseó para evitar el mal manejo que se visibilizaba de la gestión Áñez, que contravenía a la Constitución Política del Estado y también por las inconsistencias de los expedientes presentados.
Los recursos llegados no fueron invertidos en la recuperación del sistema de salud, compra de insumos médicos para tratar la crisis por Covid-19, al contrario, una de las falencias por las cual es acusada es por el fraude en la compra de equipos médicos defectuosos gestionado por un familiar cercano Áñez y el poco apoyo recibido por el pueblo que permanecía cumpliendo una cuarentena estricta sin poder producir medios como sustentarse. En esa época se incrementaron los casos y Bolivia estuvo en los primeros lugares de contagio y muerte por millón de habitante en América Latina, debido al descontrol y mal manejo de políticas de salubridad, amén de la escasez de medicinas y la habilitación de espacios para tratar la enfermedad, la dotación de material médico a sector salud.
A unos meses de haber asumido la presidencia Luis Arce, anunció la devolución del préstamo de Áñez al FMI, con un aumento considerable de 24.3 millones de dólares quedando como monto total para finiquitar el endeudamiento el pago de 351.5 millones.
El 14 de mayo el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un comunicado público que expresa:
“(…) una vez realizadas las gestiones correspondientes, el Departamento de Finanzas del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer a este Ente Emisor mediante mensaje SWIFT N° 4971 y comunicación oficial del 12 de mayo de 2021 que, no existen obligaciones y deudas pendientes por parte del Estado Plurinacional de Bolivia relacionados al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), crédito gestionado en abril de 2020 por el Gobierno de Facto. En este sentido, en el marco de sus funciones de Agente Financiero del Gobierno, descritas en el artículo 29 de la Ley N° 1670 y las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público, el BCB da por terminado el Convenio Interinstitucional SANO-DLBCI N° 7/2020 y Memorándum de Entendimiento de 20 de abril de 2020, suscritas con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por ex autoridades del Gobierno de Facto para la ejecución de dicho instrumento financiero. El BCB, comprometido con el desarrollo económico y social del país”.
