Creo que el Parlamento venezolano debería abrir una averiguación e investigar la actuación de las ONG de maletín, las cuales nadie sabe cómo y quién las financia; verbigracia la de ese supuesto activista de los Derechos Humanos Javier Tarazona y su ONG Fundaredes, quien se ha convertido, extraña y curiosamente, en un actor de primera mano de los escenarios de guerra irregular y asimétrica que se vienen desarrollando desde territorio colombiano contra la seguridad de los pobladores venezolanos y de nuestras autoridades (sector La Victoria del estado Apure), donde han sido emboscados, asesinados y ahora secuestrados y en condiciones de rehenes ocho funcionarios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La peculiar actuación de Tarazona es absolutamente contraria a la de alguien que le preocupe la vida y la salud de los habitantes de esas poblaciones fronterizas, y mucho menos de la suerte que corren los soldados y oficiales en resguardo de nuestra soberanía.
Sus informaciones se han convertido en la fuente principal de los medios privados y de las redes opositoras dentro y fuera del país, y las opiniones vertidas sobre temas álgidos de seguridad y orden público, que se supone son material de seguridad confidencial, llaman poderosamente la atención, ya que ese sujeto pudiera ser un agente encubierto de factores hostiles y enemigos del Estado y el Gobierno venezolano.
Tarazona se da el tupé de afirmar hechos y supuestas actuaciones de «cooperación estrecha» entre factores de la guerrilla colombiana con las FANB, revelando con ello que por lo menos posee un manejo de fuentes privilegiadas, si partimos del supuesto negado de que sea información real.
Nos preguntamos, ¿cómo es que ese personaje se ha convertido en la voz autorizada de hechos y sucesos fronterizos y que a nadie pareciera preocupar sus dichos, que inmediatamente se convierten en matrices de información, sin determinarse su veracidad; y lo más grave, que sea rebotada como si fuese oficial hasta en el exterior? ¿Nuestros organismos de seguridad y el propio Ministerio Público le han hecho seguimiento a Fundaredes y a su representante, o habrá determinado a qué está jugando ese ciudadano en el tablero de las confrontaciones políticas que mantiene el Gobierno de Iván Duque contra el de Maduro?
¿Cuál es el rol de ese señor en cada una de esas jugadas estratégicas, que buscan a todo riesgo presentar bajo «falsos positivos» enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre las Fuerzas Armadas o de seguridad de ambos países para, bajo un casus belli, emprender una justificada agresión armada de Colombia, con el apoyo de fuerzas especiales del Ejército norteamericano contra nuestro país? Me temo que esa forma de proceder y las licencias para asegurar hechos que pueden ser fake news o mentiras construidas con fines inconfesables, deben motivar, por lo menos, una profunda investigación y una severa sanción de comprobarse que esa ONG y su voz autorizada conforman una plataforma de instigación bélica, inaceptable desde cualquier punto de vista; y siendo como se ven, con muchas probabilidades de certeza, constitutivas de un concurso real de varios delitos contra la propia seguridad e integridad de la República Bolivariana de Venezuela.
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Ignacio Ramírez Romero Master en Relaciones Internacionales
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