Era lunes 27 de febrero de 1989. Uno de esos lunes que coloquialmente se colocan en la mirada de cada hombre o mujer que madruga, para cumplir con sus tareas de sobrevivencia en una sociedad condenada a pagar al más alto precio las responsabilidades de un neoliberalismo aberrante, producto de las políticas de un Gobierno que se cosió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para saciar los tentáculos de la corrupción.
Era lunes, pero no un lunes cualquiera. Era el amanecer del 27 de febrero de 1989. Y yo, allí en la parada del puente Monagas de Barcelona, para conseguir transporte y llevar a mi hija a Puerto La Cruz, donde estudiaba en el Liceo Pedro María Freites. Ni autobuses, ni buseta, ni carritos por puesto, daban esperanzas para cumplir con el compromiso de ir a Chuparín, mi barrio de los tiempos infantiles.
Todos se preguntaban que estaba ocurriendo. Algunos comentaban que “Notirumbos” anunciaba aparatosas movilizaciones en el centro de la República. Alguien dijo que en Guarenas la situación era grave. Que había quema de vehículos, saqueos en los comercios. Pero que en Caracas era peor. Eso me lo comentó Orlando González, trabajador de Puropan, conductor de una cava que distribuía el producto en grandes comercios, incluyendo Cada. Orlando amigo de infancia, cuando vivíamos en Chuparín, me dio la cola hasta la casa de mi mamá, para allí dejar a mi hija.
“Hermano no hay transporte. El vagabundo de Lorenzo Rodríguez. Ese Corocoro encendió la llama y ordenó a los choferes del transporte público a sumarse a la huelga ordenada desde Caracas, para presionar el aumento del pasaje”, me comentó Orlando. Y ciertamente Puerto La Cruz, a esa hora, siete de la mañana, era un hervidero. Después de estar en Chuparín, el mismo Orlando me dejó en la avenida Municipal, frente a la Alcaldía de Sotillo. Dios mío la situación era incontenible, la gente en la calle quemando cauchos. Y lo más curioso, a las 12 del mediodía del 27 de febrero, ví, por primera vez, cómo un pueblo enardecido hacía correr a Genaro Yaselli, secretario general de Acción Democrática (Adeco), quien salía de Radio Bahía luego de una entrevista, donde justificaba las medidas de Carlos Andrés Pérez.
Como pude regresé a Barcelona, a barrio Sucre. Allí la situación era incontenible, se convirtieron en un polvorín las calles y avenidas de la capital del estado. A Santamaría, graduado después de abogado, quien estaba en las adyacencias del supermercado Tiuna de la avenida Intercomunal, la Guardia Nacional lo hizo saltar con severo peinillazo. “Pero yo no he hecho nada”, dijo, y los guardias nacionales, igual como lo hacen ahora los Carabineros de Sebastián Piñera, le soltaron otro planazo que le permitió salir en la primera plana del diario El Tiempo.
Mientras tanto, en la UDO-Anzoátegui, la Federación de Centros Universitarios se mantenía en asamblea permanente, por lo cual se decide una movilización hacia Puerto La Cruz, la que fue reprimida a la altura de los bomberos por las tanquetas de la Guardia Nacional.
A la altura de Molorca se concentraron los autobuses y las comunidades cercanas a la Universidad de Oriente, se unieron al movimiento y comenzó la lucha donde fueron heridos dos estudiantes, uno de ellos, Luis Gómez. El liderazgo de Bandera Roja y Liga Socialista, representado por Jorge Rondón, Jorge Noriega, Alvin Torres, Alcides Rondón, Esteban Díaz, Carlos Ramos, Elio Silva, Telémaco Figueroa, William Rodríguez, Nelson Moreno, Luis Figuera, Alirio Rojas y Nígel Barrolleta, dieron solidez al 27 de febrero en Anzoátegui.
En barrio Sucre, un piquete de la Guardia Nacional, a la altura de la calle Urica, vno efectuando disparos al aire. Tuve que salir y confrontar al comandante de ese grupo de guardias. Le hice un llamado para evitar una tragedia en el sector, y con el fin de salvaguardar la vida de los niños y niñas residentes del barrio. Así lo hicieron.
El Caracazo, a 32 años de esa tragedia, fue producto de las medidas económicas implementadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Conocido como el «paquete económico». El producto de esta situación conllevó a muerte y desolación. Se calcula entre dos mil y tres mil personas masacradas, muchas de ellas sepultadas en una fosa común en el cementerio general del Sur, llamado la peste. Hoy, precisamente, uno de los que habla de dictadura, al referirse al gobierno revolucionario y bolivariano, presidido por Nicolás Maduro Moros, es Henry Ramos Allup, quien fue uno de los autores intelectuales de esa masacre, cuando en nombre de la fracción de Adeco, en el extinto Congreso Nacional, suspendió las garantías constitucionales, para que se procediera al más grande genocidio que ha ocurrido en Venezuela, y que mantendrá por la eternidad una gigantesca sombra de oscuridad sobre el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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William Gómez García Periodista del estado Anzoátegui
