El 5 de enero del presente año se instaló la nueva Asamblea Nacional (AN) por mandato del pueblo de Venezuela mediante el voto universal, libre, directo y secreto con fiel apego de lo contemplado en la Constitución nacional. Ya con más de un mes de instalado el nuevo poder legislativo muestra acciones claras en la intención de parlamentar con todos los sectores, de todo lo temas y con especial atención en la búsqueda de la Justicia, el diálogo y la reconciliación nacional.
Este nuevo Parlamento inicia su andar con retos, labores pendientes y grandes expectativas para el país y fuera de las fronteras, sobre todo en lo referente a mantener la paz obtenida gracias a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el área económica. Si se quiere la paz se debe trabajar por la justicia, y si se quiere mejorar la economía se debe trabajar por la equidad de forma colectiva.
Si bien es cierto que el parlamento nacional es el foro de debate político por excelencia, también es por mandato del Artículo 187 constitucional la instancia de la elaboración y aprobación de las leyes en la búsqueda de soluciones a problemas, dentro de la democracia participa y protagónica que debe ser transversal en todo su actuar. Asumiendo además que estas dos características de nuestra democracia (participativa y protagónica) no son sinónimos, como, en términos beisbolístico, no es lo mismo estar anotado en la nómina de suplente o en la banca a diferencia de ser protagonista activo de la construcción del resultado en el encuentro deportivo.
En el trabajo de la Justicia para la construcción diaria de la paz quedan muchas labores pendientes. Ejemplo de esto es la Justicia de Paz Comunal prevista en la norma, pero no concretada en la realidad, por lo que es de especial relevancia que los diputados de la AN con la ciudadanía y las instituciones que participan en las Casas de Paz trabajen en un mecanismo idóneo, que pudiera ser reforma normativa u otro para superar los nudos críticos y hacer realidad la Justicia de Paz que debe ser más cercana a la gente para prevenir, evitar y resolver entre familias y vecinos muchos hechos, para consolidar la tranquilidad y la seguridad en las comunidades.
Igualmente, en este ámbito de la búsqueda de la Justicia quedan pendiente la revisión de las leyes penales, de las instituciones del Sistema de Justicia y la lucha contra la impunidad de quienes generan y generaron sufrimiento al país. Tal como lo indicó el libertador Simón Bolívar: «La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad» .
En la labor de mejorar la economía se hace imprescindible y prioritaria que el Parlamento trabaje conjuntamente con el Ejecutivo en la recuperación salarial y la mejora de los beneficios laborales de los trabajadores para la consecución de la equidad de la sociedad. Otra labor que no es exclusiva de la nueva Asamblea y es más una corresponsabilidad es la reinstitucionalización del país en la búsqueda de la reconcilia y el diálogo nacional, entendiendo que el Estado es una situación permanente que debe brindar la estabilidad suficiente a los ciudadano para su desarrollo integral.
Entre las muchas labores incumplidas y tareas pendientes que dejó el poder legislativo anterior también está el legislar en las nuevas realidades y conquista en materia de Derechos Humanos, ello a pesar que este tema se utiliza en el ámbito nacional e internacional como eslogan de propaganda para justificar muchas acciones. Las nuevas realidades nos indicas que los Derechos Humanos son más que lo que marca las entidades de poderes globalistas o las reivindicación asumidas por los afrodescendientes, las mujeres, o un segmento determinado de la población, y entendiendo que por más voluntad que se imprima desde la estructura burocrática del Estado no es suficiente.
Por lo que se hace necesario, en materia de Derechos Humanos, legislar en la creación de una instancia permanente, soberana y autónoma donde los movimientos sociales que desarrollan esta materia puedan generar propuesta, críticas y reconocer avances, sobre todo en los llamados Derechos Humanos de tercera y cuarta generación, y ser una instancia como la existente para los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación y soberanía donde puedan ser consultados para la planificación y asesorar al poder público en los asuntos relacionados a esta materia tan sensible.
Tal como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 62, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas, por lo que esto debe ser la línea maestra en el actuar de la nueva AN pero también de todos los ente del Estado para realizar la ruptura irreverente y legal de la vieja estructura burocrática y que se haga realidad el nacimiento de lo nuevo para la obtención de la mayor suma de felicidad posible de todos y todas.
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Yonder Canchica Abogado
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