Recientemente se ha revelado la participación del Estado colombiano en operaciones secretas para derrocar y asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; operaciones criminales que han mostrado el verdadero espíritu de la oligarquía colombiana que gobierna en ese país.
¿Por qué no se respeta la democracia venezolana?
La “Operación Gedeón” se desarrolló en mayo de 2020, fue frustrada por las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB), junto al pueblo organizado en las Milicias; consistía en incursiones militares por las costas venezolanas por parte de grupos mercenarios altamente preparados, que buscaban tomar el palacio presidencial y asesinar al primer mandatario junto a otros dirigentes claves del alto gobierno.
En ese momento Maduro denunció que esta operación fue organizada en Colombia, desde ahí se entrenó y financió a los grupos de terroristas estadounidenses y colombianos (en complicidad con algunos venezolanos). Parte de las pruebas recogidas fueron documentos y material fotográfico, que responsabilizaban directamente Juan Guaidó y al general retirado Clíver Alcalá Cordones. Los elementos que fueron saliendo a la luz pública implicaban a los organismos del Gobierno colombiano, señalando que tenían pleno conocimiento de esta actividad en su territorio. Obviamente las esferas políticas de Colombia negaron las acusaciones y las desestimaron por completo, en un intento de no quedar mal ante la comunidad internacional y sus propios ciudadanos.
Casi un año después, Yacsy Alejandra Álvarez Mirabal, implicada en la fracasada operación, declaró que la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, tenía conocimiento de la incursión armada contra Venezuela; señaló además con nombres y apellidos a los funcionarios que le brindaban protección en suelo colombiano; también ha revelado información clave de cómo y en qué medida participó la institucionalidad de ese país en el plan que buscaba generar violencia en las calles caraqueñas.
Estas interesantes declaraciones reafirman los señalamientos que Venezuela y Rusia hicieron por esas fecha sobre este caso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que Colombia rechazó categóricamente; lo que comprueba que el Gobierno de Iván Duque le mintió descaradamente a la comunidad internacional, una práctica típica de su mentor, Álvaro Uribe Vélez, el padre de los “falsos positivos”, cuando por ejemplo se le acusó de tener conocimiento de las operaciones del campamento paramilitar desmantelado en mayo de 2004 en Venezuela y que buscaban asesinar al presidente Hugo Chávez o el operativo para bombardear a Ecuador con la Operación Fénix en 2008.
Recordemos que también el presidente Chávez manifestó haberle dicho personalmente a Uribe que el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, estuvo involucrado en el golpe de Estado en Venezuela de 2002 y Uribe rechazó esta acusación.
Por otra parte, recientemente el medio colombiano W RADIO señaló que el mercenario Jordan Goudreau estuvo en Colombia previo a la ejecución de la Operación Gedeón, se reunió en Bogotá con Eliécer Camacho Jiménez, general de la Policía colombiana y comandante de la Región Cinco en el Valle de Aburrá, en el que se habló de la posibilidad de estructurar un grupo para combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN). También estaba en esa reunión Lester Toledo, activista político venezolano. El medio de comunicación, haciendo referencia a los documentos del mercenario estadounidense, aseguró que Toledo dijo que: “con sus propios contactos, obtendría permiso en Colombia para acceso a una pista de aterrizaje para la entrega de personal y equipo, acceso a instalaciones para entrenar y libre paso a través de las fronteras”. En otras palabras, el “hermano país” no solo se junta con mercenarios para supuestamente combatir la guerrilla, sino que dispone de su territorio para causar daño y sufrimiento a otros pueblos.
Sería interesante preguntarle a la sociedad colombiana si tienen conocimiento del uso de los recursos de la población para estas acciones. Un país con tanta miseria y desigualdad social podría muy bien hacer uso eficiente del dinero que se destina para la guerra e invertirlo en mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Venezuela está obligada a reforzar sus esquemas de seguridad para prevenir futuras operaciones de bandera falsa, que tal vez hoy (no lo sabemos) se están planificando en los departamentos de operaciones especiales de algún cuerpo militar o policial, junto al narcotráfico y paramilitares.
Venezuela seguirá extendiendo la misma mano desde hace 200 años al pueblo colombiano, esa mano de solidaridad, igualdad y justicia. Esperemos que en algún momento desde las élites de poder cambien sus posturas guerreristas para poder avanzar hacia un futuro próspero donde el respeto sea la garantía de la paz duradera.
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Anderson Ibarra Analista internacional
