Por Mariela Montiel
El observatorio de diversidad y género dependiente de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó un artículo el día 23 de julio, en el que se analizan las políticas con perspectiva de género implementadas durante la pandemia. Se trata del documento “Covid-19 Global Gender Response Tracker” (Rastreador de Respuesta de Género Global Covid-19), que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Naciones Unidas Mujeres, donde evaluó más de dos mil 500 medidas implementadas en 206 países y territorios de todo el mundo.
Allí se rubricaron las políticas adoptadas por los Estados en tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y niñas; las que fortalecen la seguridad económica de la población femenina; y aquellas referidas a las tareas de cuidados. En el caso de Argentina, el informe destacó las 44 medidas adoptadas en respuestas a la situación ante la pandemia, de las cuales 26 (el 49%) son sensibles al género. Le sigue Colombia, con la misma cantidad de medidas para enfrentar la pandemia, pero solo con 20 con perspectiva de género.
Por otro lado, Florence Raes, representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay se pronunció así: “Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y lo femicidios no cesan. Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar. Es fundamental tener datos disponibles, más refugios y protocolos específicos, apoyar a las organizaciones y redes de mujeres, y capacitar a la policía”.
Iniciaremos la interpretación a partir de un contexto histórico y político. La realidad es que en los últimos años se ha avanzado en el debate sobre la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual, incluso se ha tenido en cuenta en los presupuestos anuales de la mayor parte de los países de la Región, destinando porcentajes considerables en esta materia. Como también en la capacitación de los funcionarios públicos en cuestión de género y diversidad[i]. Pero, a pesar que estas políticas llevan años movilizando mujeres y que tiene cada vez mayor presencia en las agendas políticas del continente, no están arrojando resultados positivos. Intentaremos encontrar algunos puntos claves que nos permitan desenmascarar esta nueva estrategia del poder norteamericano para América latina y el Caribe.
A partir de la década del 70, en que las Naciones Unidas toman injerencia en la agenda política regional, los Estados latinoamericanos verán disminuir gradualmente sus soberanías y perderán capacidad estratégica en las áreas vinculadas con la Defensa Nacional. Es el caso particular del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1981, absorbido por la ONU a partir de la resolución 50/134, el 17 de diciembre de 1999. Desde que el movimiento pierde independencia, los debates carecen de contundencia política[ii].
Según el politólogo y asesor geopolítico ruso Alexander Dugin, la caída de la URSS y consecuentemente el fin del poder de la teoría comunista[iii], deja espacio para que el liberalismo asuma un rol totalizador y global. En el mismo lineamiento se encuentra la tesis de Francis Fukuyama, politólogo norteamericano que en 1992 planteó el fin de la historia, haciendo referencia al fin de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental. Desde aquel momento, el mercado y el capitalismo ultrafinanciero, se sostienen intraEstado a partir de la férrea defensa de las libertades civiles, las individualidades y la meritocracia. Entonces, las democracias liberales representarán el poder de las minorías contra las mayorías vulneradas, reivindicarán las libertades individuales provocando un choque entre moral y pensamientos doctrinarios emanados de las religiones frente a los derechos colectivos y el valor comunitario tradicional[iv]. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito y convocatorias como la de “ni una menos”, que encontraron anclaje en la mayoría de los países latinoamericanos, son ejemplo de cómo las oligarquías financieras, por medio de los organismos internacionales enmarcados en la ONU y las organizaciones no gubernamentales dirigidas por los mismos empresarios, instalan en la agenda nacional problemáticas reales, pero que son abordadas erróneamente, con políticas paliativas. Es decir, se presenta la reivindicación del derecho individual a abortar como una política nacional y se instala en los medios de comunicación que la causa de las muertes por abortos clandestinos se debe al carácter ilegal del mismo. Cuando, en realidad el problema es la desigualdad económica y cultural que sufren nuestros pueblos desde que el liberalismo político y el neoliberalismo económico se apoderaron de la soberanía política y la independencia económica que garantizaron por décadas la justicia social en nuestro continente.
En el caso de la diversidad y el grupo LGTB+, que diferencia y segmenta a una parte minoritaria de la población según su elección sexual o percepción de género, la estrategia consiste en exaltar las libertades individuales y exponer la vida privada de cada persona. Paradójicamente, a pesar de imponer agenda, ningún tratado de la ONU incluye los derechos LGBT+ o protege la conducta homosexual explícita o implícitamente. En este marco, la pandemia y la primarización de las economías provocan una doble vulneración de derechos. El filósofo coreano Byung Chul Han, en el libro Psicopolítica, estructura todo su argumento alrededor de una paradoja: la libertad se convirtió en una herramienta de dominación.
Por otra parte, la violencia de género y los femicidios en pandemia, como se expuso en líneas precedentes, se agravó. A pesar de la cantidad de políticas con perspectiva de género y el presupuesto destinado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades[v], en el caso argentino, no han logrado bajar las estadísticas.
Lo implícito de estas agendas de tinte liberal impuesta por los intereses imperialistas de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), consiste en la necesidad de fragmentar los lazos sociales, interrumpir las políticas regionales de integración y cooperación económica y militar, como el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), alejando cada vez más el debate por la soberanía nacional y la redistribución de riquezas. Entonces imponen una agenda liberal, dividiendo a la población civil en bandos difícilmente conciliables (moral/religión/ decisiones individuales); marcan los lineamientos por medio de la ONU y la División de Asuntos de Género de la Cepal; obligan a los Estados a desviar presupuesto para atenuar la violencia y la desigualdad; sostienen económicamente a los grupos antiaborto, homofóbicos y hasta sectores feministas radicalizados; y finalmente dividen a los pueblos, destruyen su capacidad de fuerza colectiva y continúan acrecentando la violencia y el odio. Es la continuación de la política antiterrorista[vi]: seleccionan un enemigo, lo demonizan y hacen guerras en nombre de la paz mundial.
Se ha podido observar que, a pesar de la importancia que asume este tema en los medios de comunicación, en debates parlamentarios y en los presupuestos nacionales, no ha mejorado la calidad de vida de los destinatarios, incluso durante la pandemia se ha agravado significativamente. Las millones de vidas que se cobró la falta de vivienda; de agua potable; las falencias de los sistemas de salud estatal y las políticas liberales de concentración de riqueza y especulación financiera en nombre del Covid-19 nos dejan en claro que el problema es estructural y poco tiene que ver con las cuestiones de género y diversidad.
Todos los derechos serán violentados mientras no exista una teoría política que ponga énfasis en lo humanitario, comunitario y en la salud emocional. Palabras que también han sido erradicadas por el liberalismo dominante por ser la base filosófica de civilizaciones americanas milenarias que jamás han predicado la propiedad privada y las libertades individuales. Los cambios de postpandemia deberán ser simultáneos (nivel continental), integrales (económicos, políticos, jurídicos, militares y espirituales) y adecuados a las problemáticas de nuestros pueblos (poner fin al eurocentrismo y tratados supranacionales), nos queda la esperanza de volver a construir estos valores desde la Patria Grande. Nuestros pueblos resisten y mantienen la síntesis de lo ancestral y moderno, derribando incluso las teorías más radicales. Mientras las injusticias estén a la orden del día, habrá luchas populares y la historia nos llevará por el camino de la victoria.
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Mariela Montiel Socióloga
[i] En el caso argentino, Ley Micaela.
[ii] Véase “Feminismos en América Latina y el Abya Yala. Trayectorias de acción y reflexión política”, Alejandra Morales García, González y Maya Llano.
[iii] Este autor es fundador del libro Cuarta teoría política. Entendiendo que la primera es el liberalismo, la segunda el comunismo y la tercera el fascismo, el pensador propone una cuarta para superar al liberalismo totalizador.
[iv] Pensamos lo tradicional no como lo opuesto al progreso moderno, sino relacionado a los valores comunitarios, solidarios e integracionistas anteriores al saqueo español en América.
[v] En el caso de la República Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, siendo la autoridad de aplicación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009, y que implicó un avance fundamental en materia de reconocimiento de derechos. El proyecto de Presupuesto 2021 contempla gastos por un monto estimado en $8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15.2% del total, por un monto equivalente al 3.4% del Producto Bruto Interno (PBI).
[vi] Véase Ley Antiterrorista de 1996 y Ley Patriótica de 2001.
