Por Ana Cristina Bracho
La pandemia del Covid-19 llegó a un mundo plagado de problemas. Uno de ellos, es la violencia de género. Según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo la sufre. Esta situación atroz se ha señalado que se agrava en el marco del Estado de alarma que ordena estar confinados, alejados de los tejidos sociales y cuyas restricciones de actividades genera una prestación mínima de servicios públicos. Por eso, hemos visto todos durante todos estos meses a las organizaciones de mujeres advertir que el Covid-19 encubre o al menos transita en paralelo con otra pandemia, la de la violencia.
En octubre 2020, Aimé Zambrano Ortiz publicó una actualización de su observatorio de violencia de género, en el que se semana que en septiembre ocurrieron 20 femicidios, con los que suman 195 casos contados desde el primero de enero. Un número superior al registrado en 2019.
Esto genera mucha alarma, la que crece cuando consideramos que la nueva normalidad lleva consigo el incremento de algunos riesgos: las mujeres están más expuestas a delitos que inician desde la virtualidad como el acoso, la violencia psicológica y la amenaza; también a los delitos que se desarrollan dentro del hogar.
La pandemia impacta duro el tema económico familiar y con ello puede darse un aumento de la dependencia de las mujeres para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos/as, lo que es un factor que puede generar que las mujeres víctimas de violencia no salgan del ciclo por miedo a perder los recursos que requieren para vivir.
Esto se ve empeorado porque las ayudas son escasas cuando los ingresos públicos han disminuido por la crisis y los recursos existentes se destinan primordialmente a la atención del Covid-19.
Ahora, el tema de los derechos de las mujeres no se agota a la prevención de la violencia. La garantía plena de sus derechos exige que se haga un análisis de las condiciones concretas de vida, procurando garantizar la igualdad material entre hombres y mujeres así como el bienestar integral de cada quien, para garantizar así el derecho a la vida digna de todos y de todas.
Por ello, en la medida que nuestras sociedades avanzan a una reactivación de las actividades queremos urgir a hacerlo con una perspectiva de género que considere la sobrecarga de trabajo que implica para las mujeres.
Tomemos en cuenta estos aspectos:
1) Durante el tiempo de la cuarentena, el cierre de las guarderías y escuelas, trasladaron a las madres la carga del cuidado a tiempo completo de sus familias y las tareas requeridas por la educación en casa.
2) La pandemia no significa per se que las mujeres tengan más tiempo libre –lo que requiere atender las nuevas cargas–, sino que deben asumirla mientras tratan de mantener su trabajo a tiempo completo, virtual o presencialmente.
3) Las mujeres que vuelven a trabajar o que no se detuvieron, al no tener activos los servicios de guardería y escuela se encuentran sometidas a grandes presiones, pudiendo resultar en contradicciones que limiten sus derechos.
4) En el país existe un número importante de hogares monoparentales, asumidos por madres que son trabajadoras. Según el censo poblacional de 2011, de las seis millones 998 mil 706 mujeres que declararon tener hijos, dos millones 762 mil 792 de madres dijeron ser reconocidas como jefas de hogar. Este número, algunos señalan que se ha incrementado en los últimos años de crisis económica en el país.
Estos aspectos deben ser medidos en la toma de cada una de las políticas que se implementen en esta nueva fase del combate al Covid-19 para evitar los desequilibrios entre las cargas que se asumen en el hogar y en la sociedad. Su persistencia puede terminar por incidir en la exclusión o el atraso de niños y niñas de la educación o en la limitación del derecho al trabajo de las mujeres, lo que incide en algunas ocasiones generando más vulnerabilidad a la violencia.
Recordemos, finalmente, que las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19 se traducen en un aumento de la carga doméstica, donde el aseo del hogar y el deber de desinfectar la ropa y los espacios terminan también generando nuevas cargas invisibles que suelen ser asumidas por mujeres. De modo que debemos recordar que todas las decisiones deben tomarse con perspectiva de género para garantizar el bienestar de todos y todas.
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Ana Cristina Bracho Abogada y docente
