Por Carlos Ramos Salazar
El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en una táctica inscrita en la lucha política que se libra en el país desde que el comandante Chávez asumió las riendas del país en el año 1999, promulgó un Decreto Presidencial de manera osada, mediante el cual se les otorgó un indulto o perdón a 110 ciudadanos que, en mayor o menor grado, estaban comprometidos en actos conspirativos contra la estabilidad del país y habían violentado las leyes de la República.
Las reacciones de ambos lados, chavista y opositores, afloraron de manera inmediata, con la similitud de que en uno y otro sector aparecieron opiniones en contra y a favor de la medida.
El mencionado Decreto apunta a la necesidad de fortalecer y ampliar el diálogo iniciado con la oposición que se dice moderada e intenta crear las condiciones para darle mayor confiabilidad a las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional el venidero 6 de diciembre, e inaugurar un clima de reconciliación y entendimiento en el país, desarmar a los violentos y a quienes siguen soñando con una intervención militar para hacerse del poder político.
Obviamente que también en el chavismo, en cierto factor, la medida cayó como un trago amargo. Considero que esa es una posición comprensible, después de todo el daño, muertes y destrucción que los indultados han ocasionados a personas, bienes, a la institución y a la economía con sus gestiones de bloqueos, sanciones y robo de los recursos del país.
Pero también es comprensible que en política uno no se puede anclar en el terreno del odio y de la venganza; y siempre que existan oportunidades para avanzar hacia la recuperación del país y del reencuentro de los venezolanos hay que tomar decisiones por más difíciles y aparentemente injustas que parezcan. Hay bastantes experiencias parecidas en el mundo.
El Decreto y acción de indultos es, para este momento histórico y la coyuntura de la celebración de las elecciones parlamentarias, una medida audaz y necesaria, con cálculos innegables, que abre tanto el camino a la mayor participación de todos los actores políticos y sociales del país, como también pone a prueba y al descubierto a quienes desean continuar con los atajos de la violencia y la salida militar extranjera a los problemas del país; o por el contrario, incorpora al marco legal a los que han entendido que es con votos y entre los venezolanos como vamos a resolver nuestros problemas. Al pasar de los días se ha venido demostrando la justeza y oportuna de la medida a pesar de los argumentos, igual válidos, de quienes piensan en otras acciones. Hay que tomar en cuenta y no bajar la guardia en relación a que podamos sacar la ilusa conclusión de que los conspiradores abandonarán el campo de la desestabilización para incorporase a la lucha política democrática. Sería una conclusión romántica. Ellos esperarán nuevas oportunidades y apostarán por la agudización de la crisis.
Ahora bien, este decreto de indultos no de be ser un fin en sí mismo, sino que debe ser un medio, una oportunidad para inaugurar una nueva etapa de diálogos y compromisos e ir más allá del aspecto político electoral y que ese entendimiento incorpore de manera inmediata temas de la vida nacional y de mayor urgencia, como el área económica y las relaciones internacionales.
El verdadero nuevo comienzo se debe emprender con un programa común, con puntos coincidentes que, sin claudicar en los objetivos nobles y estratégicos de la construcción del socialismo, nos conduzcan a generar condiciones progresivas para recomponer la economía nacional y atender el bienestar de la población, especialmente en lo que respecta al ingreso mínimo vital del pueblo, que es ya una tragedia nacional. Más claramente expreso que en ese gran diálogo deben estar presente los y las trabajadoras, los campesinos, el pequeño productor, los estudiantes, las y los comuneros, a través de las vocerías de sus organizaciones de base. En ese diálogo debe estar plasmado un acuerdo programático que debe ser asumido por la nueva Asamblea Nacional, que va a recuperar su institucionalidad el 5 de enero próximo, en concordancia con los planes y proyectos del gobierno revolucionario. Sin embargo, esa mesa de diálogo incluyente no puede esperar hasta el año que viene. Existen los escenarios pertinentes para empezar desde ya a concretar medidas que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo que, de manera adversa, con valor y resistencia padece día a día, como los salarios, los servicios públicos, el bloqueo internacional. Esos aspectos deben ser incluidos en los temas de los acuerdos y negociaciones. Es urgente y necesario completar el cuadro; hay receptividad y circunstancias que no pueden ser desaprovechadas. Tiempo no hay para perder. El mañana es hoy.
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Carlos Ramos Salazar Comunicador
