Por Ramiro Lizondo Díaz
El Alto, La Paz-Bolivia, 20 de agosto de 2020
Bernie Sanders
Alexandria Ocasio-Cortez
Washington D.C.
REF.: SOS BOLIVIA
Estimados Senador y Congresista:
Les escribo con el propósito de informarles sobre los últimos acontecimientos en Bolivia. También quiero contradecir y repudiar la vergonzosa carta que le envió el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Walter Oscar Serrate Cuellar.
Desde 2006, luego de 514 años de resistencia, los pueblos y naciones indígenas que habitan en Bolivia hicieron oír su voz y eligieron un presidente que surgió de nuestras luchas y aspiraciones como nación. La larga lucha anticolonial finalmente se convirtió en un proyecto político y social que buscaba desplazar del poder a las fuerzas conservadoras y racistas que dominaban nuestro territorio. El movimiento indígena-originario, campesino y popular se convirtió en el sujeto principal de un proceso de
transformación económica y social inclusiva. El gobierno indígena-originario, campesino y popular logró manejar la economía y permitió al país salir de su condición crónica de pobreza con una estrategia redistributiva que mejoró las condiciones de vida de millones de bolivianos. Los 14 años de gobierno popular fueron los más importantes de nuestra historia desde la fundación de la República en 1825 y sentaron las bases para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, Bolivia enfrenta la peor crisis política de su historia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la victoria de Evo Morales con el 47.08% de los votos. La diferencia con el segundo candidato, Carlos Mesa, fue superior al 10% (648.180 votos), que constitucionalmente es suficiente para ganar las elecciones en la primera vuelta. La acusación fabricada de fraude por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), desató la violencia de los grupos
paramilitares de derecha y ultraderecha contra el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). En el apogeo de la violencia, estos grupos incendiaron los juzgados electorales departamentales y las sedes del
MAS-IPSP en todo el país. Concomitantemente, la Policía Boliviana se amotinó contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Evo Morales, dirigiendo el operativo de los grupos paramilitares en una campaña de terror, persecución y represión contra organizaciones sociales vinculadas al MAS-IPSP y otras autoridades del gobierno que fueron secuestradas, torturadas y obligadas a renunciar a sus cargos.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las bandas paramilitares y que contaba con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, amenazó a las autoridades gubernamentales y empresarios del Departamento
de Santa Cruz y simpatizantes del Gobierno de Evo Morales. El brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), tuvo su primera actuación pública en 2003 atacando a una marcha indígena y campesina que se dirigía
a la plaza principal de Santa Cruz. La Federación Internacional de Derechos Humanos definió a la UJC como un “grupo paramilitar fascista”. Sin embargo, esto no fue un incidente aislado.
El 11 de enero de 2006 apareció en Cochabamba un grupo llamado “Jóvenes por la Democracia”, que golpeó a los campesinos en una manifestación política pacífica. Grupos similares actuaron en la ciudad de Sucre en 2007, cuando la Asamblea Constituyente estaba en sesión. En 2008, hubo una masacre de campesinos en el municipio de Porvenir llevada a cabo por estos grupos de ultraderecha. En 2019, el grupo “Resistencia Juvenil Cochala” (RJC), de Cochabamba, y el grupo “Resistencia km 0”, de La Paz, participaron activamente en la represión y asesinatos en las localidades de Senkata, Sacaba, Ovejuyo y Rosales con apoyo logístico de miembros de la Policía Boliviana. Estos grupos fueron decisivos en el golpe y la represión de octubre y noviembre de 2019.
La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC) de la Facultad de Derecho de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) verificaron de forma independiente los graves abusos contra los derechos humanos cometidos bajo el gobierno de facto de la señora Jeanine Áñez. Como certifica el informe de la IHRC, el 15 de noviembre de 2019 las fuerzas militares atacaron una marcha de campesinos en la localidad de Sacaba con decenas de muertos y centenares de heridos. El informe documenta las violaciones a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas y los críticos del gobierno de facto, afirmando que Bolivia vive uno de los períodos más letales y represivos de su historia en las últimas cuatro décadas. Las violaciones de Derechos Humanos tienen connotaciones racistas dirigidas a la población predominantemente indígena de Bolivia.
Una de las primeras acciones de la presidenta de facto fue la firma del Decreto Supremo N° 4078, que otorgó inmunidad a las fuerzas militares por muertes y lesiones resultantes del uso de armas de guerra. Además, en respuesta al aumento de las muertes, el gobierno de facto afirmó que civiles, y no las fuerzas de seguridad estatales, habían sido responsables de la violencia en Senkata. La comunidad internacional debe condenar las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata, y las violaciones de Derechos Humanos por parte del gobierno de facto, y debe apoyar la observación y celebración de elecciones libres y justas dentro de los plazos acordados.
Luego de las masacres, las fuerzas de seguridad, junto con los grupos paramilitares, aparecieron en barrios, hospitales y escuelas cercanas al lugar de la masacre para hostigar, torturar y detener a los habitantes de la zona, acusándolos de terrorismo y sedición. Todas las víctimas eran civiles indígenas y ningún policía o soldado sufrió heridas de bala.
Para encubrir las acciones y reorientar la opinión pública, el gobierno de facto estableció un cerco mediático. Los canales de televisión, periódicos, estaciones de radio y redes sociales funcionales al gobierno de facto están activos en deslegitimar y demonizar a los líderes sociales mediante la fabricación de matrices de opiniones falsas y acusando a los líderes de sedición, terrorismo, narcotráfico y violencia. Si bien los medios de comunicación se representan a sí mismos como independientes y neutrales, sus vínculos con grupos de derecha son de larga data y funcionan como operadores políticos del gobierno de facto.
Con el golpe de Estado de 2019, se atacaron y destruyeron instalaciones y radios comunitarias (RPO) de organizaciones campesinas e indígenas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), así como las instalaciones de organizaciones sociales de base. El gobierno de facto acusó a los periodistas de sediciosos y amenazó con tomar medidas contra ellos cerrando los medios que criticaran al gobierno de facto. Actualmente, hay muchos periodistas detenidos y acusados de sedición. Otros abandonaron el país por temor a la persecución.
Desde el 10 de noviembre de 2019, el gobierno de facto provocó una crisis política, económica y social. Fanáticos religiosos, que son un peligro tanto en Estados Unidos como en Bolivia, ingresaron al palacio presidencial en el momento álgido del golpe con
la Biblia en la mano para «restablecer la democracia y la presencia de Dios» y sacar a los «salvajes» del gobierno. En un acto de intolerancia racista, quemaron el principal símbolo de la lucha de los pueblos indígenas-originarios y campesinos de Bolivia: la
Whipala. Estas son solo algunas pruebas de la violación sistemática de los Derechos Humanos, libertades cívicas, derechos individuales y garantías en Bolivia. Además, existe una creciente evidencia del apoyo del actual gobierno de los Estados Unidos –con la participación activa de la CIA y el secretario de la Embajada de Estados Unidos en
Bolivia, Sr. Bruce Willamson– en la planificación y ejecución del golpe.
La Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Bolivia “no hay garantía de independencia del poder judicial”. La CIDH expresó su preocupación y los abusos que se están cometiendo y recuerda el comportamiento autoritario de las dictaduras de los años setenta en América Latina. Persecución, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte contra ex autoridades del gobierno de Evo Morales, así como líderes de organizaciones sociales y del MAS-IPSP. Se criminaliza la protesta social y la libertad de expresión. La CIDH manifestó su preocupación por la violación de los Derechos Humanos en Bolivia y de tratados internacionales como el Tratado de Roma, que prevé el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes de lesa humanidad. En esta línea, la Defensoría del Pueblo de Bolivia también ha sufrido hostigamiento por parte del gobierno de facto, así como embajadas que intentaron apoyar a personas que sufrían persecución política. Por ejemplo, en la Embajada de México seis exautoridades del gobierno de Evo Morales no pueden salir porque continúan sufriendo el acoso de grupos irregulares y la policía. El gobierno de facto les negó salvoconducto violando los Derechos Humanos y políticos de estos seis individuos. Además de este caso en particular, miles de personas se encuentran en el exilio y en las cárceles.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que iría a «cazar» a los miembros del gobierno derrocado, utilizando calificativos degradantes, humillantes y discriminatorios como «salvajes», «narcoterroristas», «vándalos», «criminales», «perros», » hordas
indígenas y masistas», etc., contra los miembros del gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales. Hace aproximadamente una semana, estuvo en CNN en español y respondiendo a la incitación del periodista Fernando del Rincón, dicho ministro expresó su intención de matar a los manifestantes, asegurando que «lo políticamente correcto es meter bala” a la población movilizada que demanda democracia y la renuncia del gobierno de facto.
El gobierno de facto ha criminalizado la protesta social y ha reprimido al pueblo con masacres masivas y ejecuciones extrajudiciales, como han demostrado diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Para cubrir sus actividades ha establecido un bloqueo informativo que esconde los alcances de la corrupción masiva y la enajenación del patrimonio nacional, favoreciendo a las empresas transnacionales que vuelven a saquear las empresas públicas y los recursos
naturales del país. A esto se suma la lamentable gestión de la pandemia de Covid-19 (no tan diferente a la de su país, pero con un acceso considerablemente menor a los recursos).
En Bolivia, hace 68 años obtuvimos el voto universal después de la Revolución de 1952. Sin embargo, persisten las masacres, el racismo y la discriminación contra la mayoría de los indígenas. Nos matan solo por nuestra condición de indígenas que protestan
contra las injusticias, el racismo, la discriminación, la desigualdad, el patriarcado y por una sociedad más justa e inclusiva. Somos conscientes de que no estamos solos en este tipo de luchas. Mientras que Estados Unidos hace 155 años fue testigo de la
proclamación de la abolición de la esclavitud, continúa la segregación, explotación y humillación de la comunidad afroamericanas. El asesinato de George Floyd en Minneapolis es solo una muestra de la estructura social racista promovida por las élites que gobiernan Estados Unidos. El sistema racial-colonial de Bolivia se constituyó como una formación social exclusiva y racista que se mostró en su máxima dimensión en el golpe de Estado de noviembre de 2019. La misma lógica racista y las tensiones de la época colonial reaparecieron con masacres de trabajadores, campesinos e indígenas.
¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos reconozca y apoye a un gobierno de facto? Necesitamos que gente como usted haga declaraciones públicas repudiando al gobierno de facto y apoyando al pueblo. Este es el momento en que necesitamos redes regionales de solidaridad y usted está en condiciones de apoyar y visibilizar tales redes.
Le escribo esta carta para su conocimiento y para que usted y la gente honesta del Congreso de los Estados Unidos puedan verificar información sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Necesitamos que se solidarice con nosotros. Les aseguro que
en Bolivia se están llevando a cabo las mayores violaciones a los Derechos Humanos que se recuerdan y esperamos que nos acompañen solidariamente. Necesitamos que haga una declaración pública exponiendo las atrocidades que estamos viviendo
actualmente en Bolivia.
Sinceramente,
Ramiro Lizondo Diaz
C.I. 2709211 LP
Whatsapp: +591 72502133
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Ramiro Lizondo Díaz Economista
