La costumbre del pueblo chileno a vivir en estado sísmico se ha trasladado también al campo político. Así, desde octubre del año 2019, el país viene dando muestras de una sistemática crisis institucional que amenaza seriamente la integridad de los pilares del experimento neoliberal chileno. Lo anterior ofrece un panorama donde el llamado “estallido social” de octubre denunció un abanico de deficiencias con que el sistema político y económico chileno arrincona a la ciudadanía a la necesidad y la carencia. Como confirmación de esta narración, la pandemia dejó en evidencia y al desnudo los pilares de vulnerabilidades que el modelo económico chileno produce.
Sin duda, la ausencia de un pilar de seguridad social en el modelo de pensiones chileno, ha sido causa sintomática para que la ciudadanía, en un 91%, considere a las pensiones y jubilación como la demanda más urgente del movimiento social de octubre, según reflejan los resultados de la Encuesta Termómetro Social 2019.
El debate sobre el sistema que administra las pensiones, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), salió -una vez más- a colación. Esto a propósito de la restringida oferta de beneficios y auxilios que el gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto para enfrentar la crisis económica resultante de la pandemia COVID-19.
En respuesta a lo anterior, un grupo de diputados liderados por Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) propuso un polémico proyecto: otorgar a los afiliados de las AFP la potestad de retirar, por una única vez, el 10% de sus fondos previsionales. Sin duda, esta discusión ha concentrado el protagonismo en la agenda pública durante las últimas semanas.
La gran polémica ha girado en torno a la cuestión de la propiedad de los fondos de pensiones. El sistema AFP estipula mecanismos de ahorro individual, donde cada cotizante es propietario de sus fondos individuales de ahorro. Luego, en vista de la condición de propietario, cada cotizante debería estar en la potestad de retirar dicho porcentaje de los fondos, a propósito de inyectar recursos para enfrentar el desempleo y el hambre. Esta medida no es original si se piensa en un contexto internacional donde países como España y Portugal han permitido el retiro de fondos a propósito de la crisis. Del mismo modo, pueden contarse otros casos, como Australia y Perú, donde los elementos estructurales del sistema de ahorro previsional obligatorio son similares al caso chileno.
Pero entonces, ¿qué pasó en Chile que hizo de esta una discusión tan polémica y a la vez un triunfo histórico para las y los trabajadores chilenos?.
Años antes del movimiento social levantado desde el 18 de octubre del 2019, la Coordinadora Nacional No+AFP convocó a algunas de las manifestaciones de mayor convocatoria de la década -junto a las manifestaciones por los derechos de la mujer. La exigencia principal de los millones de personas en las calles no solamente acusaba a los pobres resultados del sistema previsional para la población jubilada, sino que reclamaba por un nuevo sistema, que tuviera participación del Estado y del empleador.
Este hecho marcó un precedente en de la creciente participación ciudadana, a la cual se le había negado su espacio en la discusión sobre el sistema de pensiones. El ideólogo de este sistema, José Piñera (hermano del actual presidente de la República), economista de la Universidad de Chicago y portavoz del dogma neoliberal, declaró, durante 2011 en Perú: “No dejen que los políticos decidan sobre sus pensiones” (Ricardo Hormazabal, El Gran Engaño, 2011). Así, la discusión previsional se disfrazó de un debate técnico, mientras su naturaleza responde a una concepción profundamente ideológica. Efectivamente, el traspaso del antiguo sistema solidario de reparto al modelo AFP tuvo lugar en el contexto de la dictadura cívico-militar, sin discusión ni contrapeso democrático.
En su lanzamiento, la gran promesa de las AFP era llegar a financiar hasta un 80% de las pensiones de las masas jubiladas. Sin embargo, la dureza de los datos reales no hace sino darle la razón a la ciudadanía agitada por el retiro del 10% y la demanda de una gran reforma previsional: en 2019, el 50% de las 985.000 personas jubiladas recibieron una pensión inferior a los $202.000 (262 USD aproximadamente) según muetrasn los datos entregados por la Fundación SOL. Lo anterior es todavía más alarmante si se tiene en cuenta que la mitad de las personas que entraron en edad de jubilación en el año 2019 lograron financiar una pensión menor a $49.000 (63 USD aproximadamente) y, del mismo modo, pensando en la tasa de reemplazo, es decir, el qué porcentaje del sueldo activo alcanza la pensión: si mi sueldo fueron 100 dólares y mi pensión es de 50 dólares, entonces la tasa de reemplazo es de un 50%.
Variedad de análisis han dado con diferentes causas para explicar los bajos resultados en las pensiones resultantes. Lo cierto es que uno de los principales factores es que la ausencia del Estado en el sistema de pensiones supuso un aumento de la eficiencia del sistema. Sin embargo, la realidad arroja que los costos de administración del sistema son sumamente altos y estos costos son comisionados y cobrados al aporte de los trabajadores a las AFP, es decir, aparte del 10% de cotización mensual de cada trabajador, el costo por administración del sistema en Julio de este año promedió en 1,16% (según datos de la Superintendencia de Pensiones, 2020). Así, cada trabajador, en promedio, estaría aportando un 11,16% de su sueldo imponible a la AFP: un 10% para ahorro previsional, y un 1,16% para la administración de la empresa administradora, que incluye gastos en personal, compra de bienes, gastos de promoción para la seguridad y confianza entre afiliados.
Así y todo, el argumento de los defensores de este modelo de administración previsional es que si cada afiliado es consultado, nadie estaría dispuesto a volver a un modelo con fuertes incentivos colectivos, como es el modelo de reparto. No obstante, la ventana de oportunidades abierta obliga a pensar en las nuevas demandas de la ciudadanía chilena. El 18 de octubre no solo nos ha hecho advertir que, afortunadamente, la idea de una ciudadanía hipnotizada por el individualismo neoliberal se ha desplomado de manera irreparable. Hoy el pueblo chileno no discute en los simplistas términos de “reparto o ahorro individual”, la gente entiende que las pensiones son un asunto delicado que requieren estudio, pero a la vez debate y decisión democrática por parte de sus afectados.
Las voces más serias del pensamiento progresista, como la Fundación SOL, están siendo claras en que Chile debe fijar los puntos iniciales de discusión en torno a las propuestas de la Organización Internacional del Trabajo.
En este sentido, el modelo chileno tiene una deuda para pensar en un pilar de seguridad social que se adecúe al panorama laboral chileno. Un sistema que no contemple una perspectiva de género, con el trabajo doméstico y de cuidados (tradicionalmente vinculado en las mujeres), a las trabajadoras y trabajadores informales, y aquellas rentas que tienen modalidades variables (gente que recibe propinas, vendedores y comisionistas) estará desactualizado a los desafíos que el país ya presenta hace décadas. Un modelo que plantee la integración entre el empleador, el trabajador y con un fuerte impulso Estatal configura el desafío a desarrollar por una masa trabajadora que ya ha comprobado el fracaso de las AFP.
Sharun Uttamchandani Mujica
Analista político
