Por Nahir González
En un acto unilateral de provocación, el Departamento de Justicia de los EE.UU., el día de hoy, ha puesto precio, por un valor de 15 millones de dólares, a la vida del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros y parte del equipo de trabajo que lo acompaña, acusándoles de ser parte de un cartel de drogas y supuesta corrupción, incitando al magnicidio, en lo que es quizás la mayor agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.
La medida convierte definitivamente al país de norte en un Estado sicario al promover prácticas de este tipo, además de una injerencia que recuerda a la invasión a Libia y el robo descarado de las arcas de ese país, junto al asesinato de líderes, cuyo corolario fue el asesinato de Muammar Gaddaffi y el ultraje público de su cadáver, como un símbolo de que nadie puede ir contra sus mandatos.
Entre los líderes perseguidos por la administración Trump y por los que se ofrece la jugosa suma de 15 millones de dólares, figuran: Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y General retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar; Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular para Industrias y Producción; Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Asimismo, el anuncio acusa al General de las FANB y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el permitir el tráfico masivo de estupefacientes. Es válido recordar aquí que, en palabras del propio Donald Trump, en abril de 2019, en Colombia –durante el mandato Duque– se ha incrementado en un 50% el tráfico de drogas, y que los Estados Unidos es el país con mayor consumo de drogas en el mundo, por lo que de nada han servido el emplazamiento de sus siete bases militares en Colombia, cuya justificación inicial era controlar la elaboración y tráfico de drogas.
La nueva conspiración se desarrolla luego de que la Unión Europea (UE), el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, realizaran un fuerte llamando al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Casa Blanca para que cesen sus medidas coercitivas unilaterales, pongan fin a los conflictos armados y presten apoyo en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Con todo, la respuesta de la Casa Blanca ha sido recrudecer las sanciones, al punto de ordenar el asesinato de autoridades nacionales electas democráticamente, por lo que otra vez en la historia se demuestra la desesperación y la injerencia de la que es capaz de impulsar un Imperio por controlar los espacios de poder en el mundo.
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Nahir González Analista política
